El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, rechazó el pedido de apartamiento del fiscal Enrique Senestrari solicitado por el abogado defensor del jefe de la barrabrava albiazul La Fiel, Darío Ramón Cáceres, detenido e imputado por presuntamente haber orquestado la venta y el transporte de drogas, en una causa en la que se secuestraron 1.400 kilos de marihuana.
La investigación comenzó hace varios meses y de acuerdo con la acusación, al menos desde octubre de 2021, el líder de La Fiel, Darío Ramón Cáceres, Sergio “Tomatón” Busso (integrantes de la barra), Carlos “Gusy” Páez y Mauro “Tuerto” Peralta habrían coordinado el traslado, la venta y la distribución de cocaína y de marihuana.
Cáceres fue condenado por postear en Facebook expresiones públicas de “amenazas” y de “incitación a cometer delitos” en perjuicio del presidente de la “T”, Andrés Fassi, y de otros miembros de la Comisión Directiva.
Por su parte, Busso (deportado en 2016 del Mundial de Sudáfrica) acumula un pesado pasado delincuencial: condenado en 2016 a 10 años de prisión por el asesinato de Juan Roberto Pinto (en represalia a otro crimen).
Pedido de recusación contra Senestrari
El abogado de Cáceres, el concejal peronista Diego Casado, recusó a Senestrari ante el juez Sánchez Freytes, al acusar al instructor o a su Fiscalía a cargo, la N° 1, de presuntamente “filtrar información a los medios periodísticos”, con “falta de objetividad”, “demonizando la imagen de un imputado que goza de un principio de inocencia”.
Por su parte, mencionó que Senestrari tiene vinculación política con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, mientras que Cáceres “ha servido de apoyo” a las internas partidarias del radicalismo como parte integrante del PRO y de Juntos por el Cambio.
“Existe por parte del fiscal un odio visceral hacia el PRO, Juntos por el Cambio”, dijo y recordó que en 2017 el juez con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, había resuelto que el fiscal se abstuviera de actuar en las causas en las que interviniera el PRO por sus expresiones sobre el gobierno de Mauricio Macri.
“Senestrari encubre detrás de una supuesta objetividad e imparcialidad una aversión en contra de Cáceres a través de una requisitoria de acusación sin sustento probatorio alguno por cuestiones subjetivadas de moralina y estigmatización por ser ‘jefe’ de una hinchada, acudiendo posiblemente a la filtración de datos a los medios periodísticos que sirven de apoyo como una arma social a través de la formación de opinión, demonizando a un ciudadano”, planteó.
Rechazo del juez
El fiscal rechazó el planteo al señalar que no había ningún supuesto legal que dispusiera su apartamiento, y que los argumentos de la defensa eran inverosímiles, con la única finalidad de dilatar la investigación.
Afirmó que actuó con objetividad, ajustándose a las pruebas y a los hechos, con apego a las normas procesales y a los derechos de los acusados, por lo que consideró que el juez debía rechazar el planteo in limine.
Al analizar ambas posturas, el juez Sánchez Freytes rechazó la recusación al sostener que Casado “no tiene fundamentos en motivos que puedan constituir una causal de recusación”.
“No se advierte que concurra ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del C.P.P.N. (...) y en particular la esgrimida por la defensa, esto es, la enemistad manifiesta con el imputado Cáceres”, indicó.
El fiscal, sostuvo, “ha cumplido acabadamente con su función de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad (…), promoviendo la acción penal (…) y velando por los principios de legalidad, objetividad y la recta administración de justicia (…)”.
“Los argumentos de la defensa se presentan como inconducentes para evidenciar la falta de objetividad o de ecuanimidad que demandaría la recusación que se solicita (…). Las consideraciones respecto de una presunta afinidad del doctor Senestrari con un partido político –que no coincide con la afinidad política del acusado– o la difusión en medios periodísticos de los hechos objeto de investigación no resultan procedentes para evidenciar la existencia de algún motivo que justifique el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal”, señaló y rechazó el planteo in limine.
No obstante, Casado apeló y ahora será la Cámara de Apelaciones la que dirima el pleito.
La causa
En la causa narco, y como parte de la logística, el fiscal sostuvo que Cáceres, Busso, Páez y Peralta habrían coordinado el traslado, la venta y la distribución de las drogas. Habrían tramado adquirir un gran volumen de droga a distintos proveedores y su posterior distribución mediante revendedores.
Para hacerse de la droga, otra de las imputadas, Rita Andrea “Pato” Cabral, habría actuado como “puente” entre la banda presuntamente liderada por Cáceres y otra célula delictiva dedicada al narcotráfico: la de Juan Ignacio “Rengo” o “Rambo” La Costa, Claudio Ezequiel Gómez, Alfredo Renzo Ruíz y Claribel Georgina Alexandra Espíndola.
Estos últimos habrían mantenido reuniones con Ramón Horacio Núñez, Gustavo Daniel Medina Ramírez, Leandro Vallejos y Maximiliano Romero, todos presuntos proveedores de marihuana de Corrientes, para establecer el precio de la droga, la cantidad y la calidad, y la forma de transporte y posterior entrega.
La “bajada” de la marihuana a Córdoba
Los imputados integrantes de La Fiel habrían comprado droga a los correntinos por 45 millones de pesos a través de las gestiones de “Pato”, “Rambo” (acusado en su momento de herir de un disparo en la cabeza a un niño en Córdoba), Gómez, Ruiz y Espíndola.
La “bajada” de la droga proveniente de Paraguay y de Corrientes, según fuentes judiciales, encontró en Córdoba su “epicentro”.
