Mientras el tembladeral está muy lejos de aquietarse en la Jefatura de Policía y en el Gobierno de Córdoba tras las detenciones de cinco uniformados, entre los que sobresalen el exjefe de la Caminera y otros dos comisarios que mandaban en la Asesoría Letrada y en Protección de Testigos, en la fiscalía a cargo de Guillermo González, en la Capital, avanza la causa que terminó con esos efectivos presos y con graves cargos.
La acusación central es la de asociación ilícita. Además, a Maximiliano Ochoa Roldán, exjefe de la Caminera, se lo acusa por presunto enriquecimiento ilícito, extorsión y coacción, entre otros delitos.
Según la causa del fiscal González, los policías habían montado una suerte de “consultoría externa” que prestaba toda clase de servicios por fuera de la ley. De allí que, en Tribunales II, algunos hayan bautizado al grupo como “los simuladores de azul”.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios principalmente con usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos. Además, como había abogados en el grupo (dos de ellos son comisarios), la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la Justicia, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.
Si bien no se descartan más detenciones, el fiscal considera que los acusados centrales ya fueron atrapados y la información secuestrada.
Hay teléfonos bajo análisis.
Se trabaja para redondear la prueba, fijar los hechos y preparar las indagatorias a los imputados que ya están en la cárcel de Bouwer.
Hay un punto no menor: en la fiscalía se trabaja además para determinar cuántos hechos delictivos se cometieron y cuántos damnificados hay. En ese punto, también está puesto el foco de la pesquisa.
Los casos se cometieron, en principio, en Capital y en Punilla.
Hay otro punto no menor: si bien algunos pueden aducir haber sido engañados y considerarse damnificados, hay otras personas que sabían qué estaban contratando servicios por fuera de la ley para agilizar causas. ¿Son damnificados todos?
Una causa desde las Sierras
El expediente que hoy sacude a la Policía, donde el excomisario general Ochoa Roldán aparece como un presunto cabecilla, proviene en realidad desde el Valle de Punilla.
Sucede que la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien avanzaba en investigaciones contra dos bandas que presuntamente cometían estafas y otras maniobras vinculadas a usurpaciones, había hallado pistas sobre la supuesta connivencia de policías de la Capital detrás de varios casos.
La fiscal tiene imputadas a 15 personas. Una de ellas es Gabriel Elidio Burkhard, alias “el Panadero”, quien aparece vinculado a presuntas maniobras delictivas bajo pesquisa. “El Panadero” también fue acusado ahora por el fiscal González.
Volviendo a Kelm, al ahondar en los contactos y diálogos de este sospechoso, la fiscal halló que presuntamente tenía contactos con abogados policías. De allí que giró esa información a la Fiscalía General, desde donde se remitió esa “data” a la fiscalía de González, ya que la Jefatura está en su área de jurisdicción.
Pesquisas avanzadas en Punilla
A fines 2023, Kelm había iniciado una causa por una falsificación de firma en medio de una operación por una propiedad en Huerta Grande.
Al “tirar del hilo”, la fiscalía detectó la existencia de dos presuntas asociaciones ilícitas.
Así las cosas, por un lado, Kelm desarticuló una banda de Punilla que usurpaba casas en Huerta Grande, en La Falda y en Valle Hermoso y luego las revendía, previa falsificación de documentación.
En esa causa, se imputó a cinco personas, cuatro de las cuales fueron detenidas. Los cargos: asociación ilícita, estelionato, usurpación, estafa, estafa en grado de tentativa y encubrimiento agravado.
Todos fueron enviados a juicio en abril. La causa ya está en la cámara de Cruz del Eje.
De esa pesquisa, surgió el dato de otra banda: el grupo era más “sofisticado” y operaba en la misma región.
Estos individuos buscaban baldíos, corroboraban que no estuvieran ocupados y, para aparentar la posesión, falsificaban cesiones de derechos con prestanombres.
Luego, en algunas oportunidades, y previo paso por una escribanía, le daban apariencia de legalidad a toda la maniobra.
En otras oportunidades, según Kelm, el grupo ocupaba casas por la fuerza o de manera clandestina. En algunos episodios, las propiedades eran “revendidas” por una empresa de construcción en seco de la Capital. Esa firma también ofrecía casas prefabricadas, pero todo era una estafa, de acuerdo a la fiscalía.
En medio de todo, los sospechosos les cobraban a los damnificados impuestos y tasas y, con ese dinero, hacían toda clase de compras.
En ese expediente, hay 10 imputados y siete detenidos con prisión preventiva. Uno de ellos es Gabriel Elidio “el Panadero” Burkhard.
Al analizar sus contactos y movimientos, surgieron presuntos vínculos con abogados y con abogados policías de la Capital.
Uno de estos era nada más y nada menos que el hermano del ahora exjefe de la Caminera ya detenido.
Además, surgió en su investigación la información de que había “una banda de policías” que presuntamente se dedicaba a diversos “servicios especiales”, como recuperar casas usurpadas.
Con todo, Kelm giró esa información a la Fiscalía General, que, a su vez, derivó esa parte a González.
En la actualidad, y al filo de la feria judicial de julio, los fiscales Kelm y González continúan trabajando en sus respectivas causas en paralelo.
Saben dónde empezaron y cómo marcha todo. No saben hasta dónde pueden llegar.
