Sismo tras sismo tras sismo. La secuencia parece no tener fin en la Policía de la Provincia de Córdoba.
La muerte de Jonatan Romo el pasado 10 de julio en La Falda en el marco de una brutal e injustificada detención callejera fue el detonante de un nuevo terremoto allí mismo: en el corazón de la Policía de Córdoba.
Un terremoto de consecuencias, por ahora, impredecibles.
A la par de la causa judicial que ya tiene a seis policías presos (cuatro por homicidio calificado y otros dos por encubrimiento agravado), hubo otro sismo: la “purga” dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que alcanzó a tres altos jefes policiales.
El más jerárquico de los desplazados fue Julio César Faría, hasta hace días el máximo responsable de Recursos Humanos de la institución.
La explicación oficial para su despido fue: “Fallaron los protocolos”.
En rigor de verdad, ya había roces entre Faría y Jefatura.
Tras su desplazamiento, el comisario contraatacó con una serie de críticas y denuncias sobre la formación y capacitación en la fuerza.
Es la primera vez, en mucho tiempo, que un comisario desplazado critica a la institución dando la cara y sin titubeo alguno.
El Gobierno y la propia Jefatura salieron a desmentirlo.
De todos modos, el “terremoto Faría” – como ya lo bautizaron algunos– es por ahora el último capítulo de un complejo 2022 para la Policía.
Cinco claves
1. Mal formados. Sin freno, y en durísimos términos, Faría viene refiriéndose sobre la formación policial y la capacitación del personal.
Entre otras cosas, dijo que no hay prácticas de tiro suficientes, que no hay entrenamiento físico adecuado, que hay uniformados que no saben realizar operativos, que no se brindan balas para prácticas y hasta criticó la falta de polígonos.
De pasado en el grupo de elite Eter (al igual que el propio subjefe, Ariel Leclerc, y como tantos otros que pasaron por la fuerza), Faría sonaba para ser jefe de Policía en el futuro, junto con otros.
En 2020 había llegado a titular de Recursos Humanos cuando la comisaria Liliana Zárate se convirtió en jefa de la fuerza, tras los casos de “gatillo fácil” que dejaron en evidencia, precisamente: la violencia institucional y la falta de formación.
A todo esto, la mala capacitación viene siendo crítica reiterada de varios tribunales en juicios en los últimos tiempos contra la Policía.
“¿Justo ahora habla, Faría? ¿Y por qué no habló antes cuando estuvo en actividad?”, dijo un funcionario.
Faría ya respondió: “Venía trabajando mucho y duro para corregir lo malo, y me sacaron”.
2. Centenares en pasiva. Otro serio problema que no deja de impactar de lleno en la Policía cordobesa es la altísima cantidad de personal sancionado o desplazado por investigaciones en su contra.
Este 2022 no es excepción.
El Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad (que reemplazó al cuestionado Tribunal de Conducta) dejó en pasiva a 111 efectivos en el primer trimestre.
Otro centenar aproximadamente ya habría sido desafectado en el período abril-junio. Este informe será dado a conocer en pocos días.
Si bien algunos volvieron a trabajar, la gran mayoría sigue desafectada.
Estas sanciones y su evolución generalmente van “atadas” a lo que dispone la Justicia penal. Dicho de otro modo: no se exonera antes de que un tribunal condene.
3. Oleada de condenados. En lo que va de 2022, al menos 17 policías ya han sido condenados en distintos juicios realizados tanto en la Capital como en el interior.
Dicho de otro modo: hubo más de dos condenados por mes.
Las sentencias fueron por matar, robar, golpear, excederse y encubrir, entre un abanico de delitos.
Hay que aclarar que, en su enorme mayoría, se trató de delitos cometidos años atrás.
De todos modos, un punto no menor es que varios uniformados, pese a tener causas, siguieron trabajando y hasta ascendieron.
Hay varios juicios en marcha contra policías y otros en carpeta, como el caso por el crimen de Blas Correas, que será en setiembre y que tiene a 13 uniformados en el banquillo.
4. Escándalos en el interior. En 2022 ya se registraron cuatro purgas en Unidades Departamentales del interior de la provincia.
El caso más serio es el bochornoso robo de millones de pesos y pruebas en la Departamental Punilla Sur, de Villa Carlos Paz.
No menor, la investigación por la supuesta comercialización de armas en la comisaría de Morteros.
5. Robos en aumento. El gran problema policial y que impacta en la población es el aumento del delito.
Las últimas estadísticas son claras: los delitos contra la propiedad (robos) crecieron en 2021 respecto del año anterior, el primer año de la pandemia en territorio cordobés.
En promedio, en 2021, se denunciaron nueve delitos por día.
El Gobierno aún no difunde cifras de 2022, pero ya se sabe que no son buenas.
