Un escándalo indigna a la localidad costera de Pinamar tras la difusión de unos videos en los que se ve a Norma Beatriz Watson (59), empleada con 30 años de antigüedad y jefa de Tesorería, guardándose fajos de billetes pertenecientes al municipio.
La mujer fue despedida y quedó imputada por defraudación al Estado, mientras avanza una causa penal para determinar el alcance del desfalco.
Las anomalías surgieron luego de que las cuentas y movimientos financieros del municipio, a cargo de la gestión de Juan Ibarguren, presentaran inconsistencias.
A partir del 24 de enero, el Ejecutivo inició un seguimiento interno sobre Watson, responsable directa de los registros contables.
La investigación interna y la denuncia judicial
“Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla. Está imputada por defraudación al Estado y toda la causa judicial está en marcha”, dijo el intendente Ibarguren a Clarín.
Según el jefe comunal, “apenas se verificaron los movimientos sospechosos”, el municipio dio aviso a la Justicia y abrió un sumario administrativo.
El monitoreo realizado entre el 24 de enero y el 4 de febrero detectó maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de una cuenta.
Las imágenes registradas muestran a Watson en su escritorio retirando fajos de dinero y guardándolos dentro de una cartera o neceser bordó.
El faltante estimado supera los $ 7 millones, informaron fuentes municipales.
“Ella evidentemente se abusó del poder que tenía... quedó imputada. La vía administrativa llevó varios meses y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía”, añadió Ibarguren.
El descargo de la empleada: dijo que el dinero era suyo
La defensa de Watson rechazó las acusaciones y cuestionó la validez de los videos.
La empleada afirmó que el dinero que se la ve guardando “era de su propiedad” y que lo llevaba consigo por motivos de seguridad ante la situación de inseguridad en la ciudad.
Planteó además objeciones técnicas sobre el procedimiento, pero la Junta de Disciplina municipal desestimó todos sus argumentos y avaló la actuación administrativa y judicial.
El caso ahora continúa en la Justicia, que determinará el alcance penal de las maniobras detectadas.
