La exjueza Julieta Makintach, quien recientemente presentó su renuncia al cargo, enfrenta una solicitud de detención inmediata por parte del abogado Gastón Marano, en representación de Julio César Coria, excustodio de Diego Maradona. La medida se pide en el marco de la causa penal que investiga los vínculos de Makintach con el documental “Justicia Divina” y las sospechas de su accionar irregular durante el juicio nulo por la muerte del exfutbolista.
El pedido de detención se fundamenta en la presunta intimidación a una testigo que declaró en la causa penal. Según la denuncia del letrado, el pasado 17 de junio, tras testificar ante los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, la testigo habría recibido un contacto de Makintach. La exmagistrada habría intentado una videollamada y, ante la negativa, le envió un mensaje de texto con una copia de su declaración judicial, un signo de interrogación y frases “de corte preocupante”.
Entre los mensajes citados por el abogado, se destaca la expresión: “No busques nunca justicia en la justicia (…) todos en quienes confías te traicionan”. Marano interpreta estas palabras como una clara maniobra para incidir en el ánimo de la testigo, sugiriéndole que no acuda nuevamente a la Justicia y que, al declarar, habría “traicionado la confianza previa”.
El abogado de Coria, quien es querellante en este expediente, manifestó su “honda preocupación” por este episodio, advirtiendo que no se puede descartar que “hechos similares se reproduzcan con otros testigos o coimputados”. Marano enfatizó que este tipo de comportamientos podrían causar un “daño irreversible” al proceso, llevando a personas clave a no declarar o a alterar sus testimonios, lo que “obturaría seriamente” la posibilidad de acceder a la verdad material.
Para prevenir este riesgo, se solicitó al juez de Garantías la aplicación del artículo 146 del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita medidas de coerción personal cuando existe un “peligro cierto de frustración de los fines del proceso”. El documento también refiere a la posibilidad de aplicar restricciones cuando hay sospechas fundadas de que el imputado podría influir en otros participantes para que informen falsamente o sean reticentes. Marano sostuvo que, en este caso, no se advierte una medida menos gravosa que la detención para evitar que se afecte el normal desarrollo de la investigación.
Un punto clave del argumento es que Julieta Makintach ya no goza de inmunidades funcionales, dado que presentó su renuncia al cargo de jueza del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Isidro. Aunque la aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof aún esté pendiente, el letrado afirmó que Makintach “no ejerce más la magistratura”, por lo que “ningún fuero personal la protege” y puede procederse a su detención “sin más trámite”.
Además, se destacó que tanto Makintach como su padre ocuparon cargos de poder en la jurisdicción, un factor adicional que, según la querella, refuerza la necesidad de una medida restrictiva para impedir cualquier posible interferencia en el proceso.
El escrito culmina con el pedido formal de que el juez dicte la detención de Makintach, “en resguardo de los intereses de la causa”, y que sea tratada “como a cualquier otro ciudadano en su situación”, en conformidad con los principios del proceso penal.
