La fiscal de Delitos Complejos del Segundo Turno, Valeria Rissi, solicitó a la Cámara Criminal Correccional enviar a juicio al empresario Eduardo Daniel Bersano (54) y a Eliana Melina Juárez (40). Los acusa por presuntas estafas reiteradas por valores millonarios con departamentos “en pozo” que nunca fueron entregados en la ciudad de Córdoba.
La instructora atribuyó al desarrollista Bersano la supuesta autoría de defraudación fiduciaria y estafas reiteradas, mientras que a Juárez la acusó de partícipe necesaria en estafas reiteradas.
Ambos están en libertad y se opusieron a la resolución de la fiscal ante el Juzgado de Control, según confirmó a La Voz el abogado que representa a ambos, Alberto Misino.
¿Un raid estafador en Córdoba?
La investigación concluyó que Bersano y Noroeste Emprendimientos SA (representada por su presidente Sergio Villella) y Galeón Prop SA (representada por su presidenta, Juárez) suscribieron en 2013 el contrato de constitución del Fideicomiso Buenos Aires Privato. Noroeste y Galeón se obligaron a aportar al dominio fiduciario $ 800 mil cada uno. Bersano asumió como fiduciario, comprometiéndose a adquirir el inmueble para la construcción de un edificio en 36 meses desde la suscripción del contrato.
Luego, el empresario Roberto Urquía, titular de la aceitera AGD, se incorporó como fiduciante inmobiliario, beneficiario privilegiado y fiduciante inversor (sería uno de los perjudicados). Aportó $ 3,9 millones y tres lotes que se sumarían al mencionado. El edificio contaría con 13.654 metros cuadrados, locales comerciales, 100 departamentos y 180 cocheras.
En la primera de las adendas, se incorporaron al fideicomiso, como fiduciantes adherentes, Sergio Villella SA (representada por su presidente, Julio Rodríguez) y Viltecna SA (representada por su presidenta, Juárez).
En paralelo, y tras negociaciones anteriores, Bersano adquirió en 2013 el lote de Buenos Aires 835/837/841 por $ 5,5 millones. Otro empresario aportó el lote en Buenos Aires 853 a cambio de la entrega de un local comercial y cinco departamentos a construirse allí.
Las sospechas sobre Bersano recayeron cuando dos inversores se interesaron por dos departamentos “en pozo” de Buenos Aires Privato como “inversión segura” para sus hijos, seducidos por las publicidades del emprendimiento en medios periodísticos y sitios webs.
Las unidades eran comercializadas por Villella y Grupo Artemisa. Indicaron que Villella y su socio Rodríguez (fueron investigados, pero la fiscal descartó cualquier responsabilidad penal) les ofrecieron el emprendimiento, cuyo comienzo “sería inmediato y con pronta entrega”.
En 2015 decidieron adquirir dos departamentos (a través de la folletería exhibida), sumando en el proyecto a un tercer adquirente. Pagaron U$S 140 mil (U$S 70 mil en efectivo y U$S 70 mil con el resultante de la venta de otra propiedad comercializada por Villella).
Un año después de haberse sumado al fideicomiso, advirtieron que la construcción del emprendimiento no había comenzado. Bersano les dijo que había algunos problemas y que tendrían que hacer “algunos cambios”, ante lo cual los denunciantes pidieron la devolución de los fondos.
El empresario les pidió, en cambio, que firmaran nuevos contratos de adhesión, con la devolución de los contratos originales (para reajustar costos, buscar financiamiento y comenzar la construcción), a lo cual accedieron. Con la nueva adhesión, se les redujo a la mitad el precio pagado originariamente, pero la obra nunca comenzó. Lo intimaron, pero Bersano nunca fue notificado porque las direcciones del fideicomiso y del desarrollista eran inexistentes, según la investigación.
De acuerdo con los denunciantes, Rodríguez y Villella ofrecieron solucionar el pleito con el aporte de dos terrenos en el emprendimiento Acquavista y una participación en la liquidación extrajudicial. Se les ofreció U$S 63 mil en efectivo y U$S 70 mil luego. Aceptaron, pero tampoco se concretaron los pagos hasta que, finalmente, se cerró un acuerdo con ellos, pudo saber La Voz.
La fiscal sospecha que el empresario paralizó la construcción del edificio de forma deliberada, dilató las respuestas a los clientes y enajenó departamentos ocultando su real situación y la imposibilidad material de entregarlos.
El caso de una exjefa de Afip
En 2017, Bersano ofreció a una exjefa de Afip un departamento por $ 890 mil. Confiada por las operaciones comerciales anteriores que había cerrado con el desarrollista, por otros emprendimientos exitosos del empresario y la intervención de Villella en la comercialización, decidió abonar la suma.
La denunciante relató que Bersano nunca le advirtió sobre algún inconveniente en la obra, a pesar de que la construcción fue abandonada. “Sabía de antemano que no podría cumplir”, advirtió la fiscal sobre la maniobra que habría utilizado el empresario.
“No sólo brindaba falsas excusas para justificar que la obra no se estaba desarrollando del modo proyectado, sino que, además, desplegaba maniobras tendientes a mantener las expectativas” de la clienta “en el avance de la construcción”, dijo Rissi. Rechazó la versión de Bersano de que la damnificada sabía del “riesgo” que implica un fideicomiso.
La Justicia determinó que la insuficiencia patrimonial del fideicomiso se produjo en diciembre de 2016, es decir, antes del cierre del acuerdo de la denunciante con Bersano.
Al respecto, un albañil de varias obras del desarrollista declaró que una edificación de la envergadura de Buenos Aires Privato demandaba unos 50 obreros, más que los entre tres y cinco que trabajaban en el predio. “Eso era como una exhibición que hacía Bersano para obtener compradores, como para decir que se estaba trabajando”, dijo. El obrero lo acusó de haberlo despedido sin pagarle ocho meses de trabajo y la indemnización.
El fideicomiso Illia Privato
Por su parte, dos entonces socios de una reputada empresa cordobesa con presencia en el mercado internacional denunciaron a Bersano. Señalaron que en 2015 firmaron dos contratos de incorporación a Buenos Aires Privato por dos departamentos ($ 450 mil cada uno, equivalentes a U$S 47.368 cada unidad) por la confianza y seguridad que tenían en el empresario por operaciones comerciales anteriores y emprendimientos exitosos de Bersano.
Así, aceptaron realizar nuevos negocios con él a fines de 2016. Valiéndose del fideicomiso Boulevard Illia Privato y de su condición de fiduciario, el desarrollista los habría convencido de adquirir departamentos a sabiendas de que no los entregaría, de acuerdo con la hipótesis acusatoria.
Los denunciantes, en nombre de su empresa, suscribieron dos cesiones de derechos con Galeón (Juárez era la presidenta) y otras dos cesiones de derechos a título personal, por las que adquirirían cuatro departamentos a razón de U$S 50 mil cada uno en Illia 540 (se constató que el edificio de 12 pisos, sin permiso de edificación, había sido abandonado en 2017). Abonaron U$S 100 mil en la sede de Artemisa (de Bersano; con Juárez como gerenta general) y en cuotas el resto.
Poco después, el desarrollista les ofreció otros dos departamentos, pero en Buenos Aires Privato. Firmaron dos cesiones de derechos con Viltecna por $ 800 mil y $ 850 mil. Para la fiscal, Juárez, como presidenta de esa SA, realizó un “aporte” a la maniobra.
Si bien en Galeón y Viltecna, Juárez figuraba como su presidenta, la fiscal advirtió que, en la práctica era Bersano quien manejaba las sociedades como “socio silencioso”, ya que reconoció en su declaración que las “administraba”.
Los denunciantes iban a recibir los dos departamentos como contraprestación por la renuncia a la participación que los adquirentes tenían en Alimentos Mediterráneos SA. Para la instructora, Bersano y Juárez sabían que no les entregarían los departamentos, lo que les ocasionó un perjuicio.
Para 2017, ya habían sido vendidos 102 departamentos, 180 cocheras y tres locales comerciales, “percibiendo Bersano la totalidad de los precios, a pesar de lo cual las únicas tareas fueron la demolición y movimiento de suelo”. A pesar de la cantidad de perjudicados, según así lo declararon, la enorme mayoría no denunció los hechos, esgrimiendo diversas razones.
Los socios de la reputada empresa advirtieron luego que Buenos Aires Privato (Bersano renunció en 2018) arrastraba deudas impositivas millonarias, no estaba registrado ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba y el terreno era ya un baldío.
La Municipalidad corroboró que en 2019 la obra no contaba con permiso de edificación y no había arrancado. En la computadora de Bersano, encontraron un correo en el que, respecto a Buenos Aires Privato, se consignaba: “No tiene permiso de obra”.
Sobre el fideicomiso pesaban embargos por deudas generadas por el empresario en términos particulares (ajenas al emprendimiento) y una demanda ejecutiva. No se efectuaron rendiciones de balances, no se encontraron asientos contables y el destino de los fondos percibidos en cada contrato de adhesión, “solamente justificable con una intencionalidad de sustraer y apropiarse de los fondos que administraba”.
Pese a los reclamos, un abogado les expresó que Bersano era insolvente, que no construiría el edificio y que la única solución al pleito era aceptar una liquidación. Tras no encontrar una solución viable, lo denunciaron penalmente. Finalmente, en otro proceso, la Justicia ordenó la liquidación judicial de ese fideicomiso.
Escuchas, ¿y millones de dólares?
Las intervenciones telefónicas a Bersano y a Juárez revelaron, para Rissi, las “irregularidades” que habrían pergeñado con Buenos Aires Privato. En diversas comunicaciones, Juárez le expresó su máxima preocupación por todo lo que ella había firmado. “Muchas cosas hicimos mal”, le dijo, a lo que el empresario respondió: “Sí, Meli. Ya lo sé”. “No te voy a abandonar. Espero que vos tampoco”, indicó Bersano.
En otros diálogos, Juárez le expresó a una conocida que ella se escondía en la oficina cuando surgían problemas. “Van a decir: ‘Acá está la secuaz de Eduardo’”, vaticinó su conocida. “Sí, horrible, me siento delincuente”.
“Numerosos testimonios de la causa ubican a Juárez no sólo suscribiendo documentos, sino recibiendo los pagos correspondientes a distintos emprendimientos, haciendo mención a la vinculación que mantenía con Bersano”, resaltó Rissi. “Juárez prestó su colaboración para la maniobra de estafa de Bersano a sabiendas de que el desarrollo de Buenos Aires Privato se encontraba paralizado. A pesar de dicho contexto, suscribió la documentación tendiente a comercializar las unidades con los denunciantes”, agregó.
“Juárez estaba al tanto de la real situación de los emprendimientos de Bersano y las sociedades. Incluso es la misma imputada la que hizo referencia al manejo de las cajas de seguridad que hacía por indicaciones de Bersano y del amplio conocimiento que tenía tanto de Illia como de Buenos Aires Privato y permisos de obras, lo que termina de corroborar la participación activa que detentó; lo que derriba la posición exculpatoria”, resaltó.
Rissi también imputó a Bersano y a Juárez por presunta estafa a otra denunciante. El desarrollista había realizado operaciones exitosas con el esposo de la denunciante, lo que aumentó la confianza del matrimonio en el empresario.
La damnificada ingresó a Illia como fiduciante y fideicomisaria, mientras que Galeón (representada por Juárez) ingresó como fiduciante inversor. Bersano fue designado como fiduciario, por lo que se le transfirió el dominio sobre el inmueble, quedando a su cargo la administración de la obra.
Como contraprestación, al finalizar la obra, ese fideicomiso (Bersano renunció en 2020) le adjudicaría a la mujer 14 departamentos y un local comercial en 36 meses. “Bersano logró obtener la posesión del inmueble, lo que le permitió simular la construcción del edificio tendiente a demostrar una proyección para mantener su ardid con el fin de seguir engañando a los interesados y así apropiarse del dinero aportado por ellos, sabiendo desde el comienzo que este emprendimiento nunca se iba a construir puesto que no destinaría los fondos percibidos para ello, perjudicándolos patrimonialmente”, le achacó Rissi.
Se confirmó que Illia no contaba con registros sobre ingresos y egresos, y el destino de los fondos, sumado a falta de inscripción en IPJ, deudas, juicios y adjudicaciones de departamentos a terceros por compromisos de Bersano ajenos al emprendimiento. “Los escasos avances exteriorizados en la obra estuvieron encaminados más bien a dar apariencia de su regularidad, ya que, de lo contrario, no hubiese logrado concretar ventas de unidades”, indicó la fiscal.
En un chat filtrado por la Justicia, un contacto le preguntó a Bersano si había solucionado el asunto de “los lotes” y le dijo: “Entender que pagaste por algo y no lo van a hacer porque se desviaron la plata…”. A lo que, el empresario, ofuscado, le respondió: “Si empezás así, no escribo más”. “Me equivoqué en todo: socios, administré mal. Y cosas personales muy feas. Pero yo soy el responsable”, admitió.
La fiscal detectó que el desarrollista había realizado inversiones de Buenos Aires Privato en rubros distintos a la construcción, como el agrícola. Era presidente de Retico SA, con la misma dirección que Artemisa. “Se puede inferir la finalidad de lucro con la que actuó, en perjuicio del fideicomiso, abonando con cheques de este sus negocios agropecuarios”, indicó.
Adeudaba una suma millonaria por cheques sin fondos en nombre de empresas a su nombre como B&ES, Retico, Alimentos Mediterráneos y Buenos Aires Privato (respecto de este, en “situación 5, irrecuperable”, según el Banco Central). Para la fiscal, utilizaba “los acuerdos de incorporación a los fideicomisos como ‘chequera’”, al tiempo que recibía los pagos de clientes sin terminar los emprendimientos, y habría trasladado materiales a otro destino.
En un pendrive hallado en la casa de Juárez, se encontró sugestivamente un archivo titulado “Manifestación de bienes”, con un listado de complejos de cabañas a escriturar, campos, locales, cocheras, departamentos y casas, y participaciones en Galeón, B&ES, Alimentos Mediterráneos, Viltecna y Retico, por una valuación total de U$S 13,9 millones. “Serían de titularidad de Bersano”, advirtió la fiscal. No dejó de resultarle “llamativo” que esas propiedades no figuren en el informe patrimonial elaborado por el fisco.
Sin embargo, no hubo pista concreta que condujera a un posible lavado de dinero o más derivaciones.
Además, desde 2013 (cuando se constituyó el fideicomiso) y hasta 2018, el empresario realizó más de 20 viajes a países de Europa y Latinoamérica. Rissi rechazó las explicaciones de Bersano (relacionadas con dificultades personales, circunstanciales o económicas y supuestas gestiones de buena fe con los denunciantes) por considerarlos intentos de “justificarse”.
Sobre Juárez, objetó sus descargos al considerar su “aporte imprescindible” para las maniobras. El abogado defensor Misino presentó una serie de oposiciones al requerimiento.
