En la etapa final del juicio por la trágica muerte del adolescente Luciano Valentín Aranda (14), quien recibió una descarga fatal mientras jugaba al fútbol con amigos en una plaza de la ciudad de Córdoba en 2022, la Fiscalía de Cámara pidió una condena de ejecución condicional para los cuatro municipales acusados.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Berger, solicitó 3 años de ejecución condicional para los acusados Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli, quienes se desempeñan en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba.
El fiscal los encontró responsables del delito de homicidio culposo.
Además, el fiscal Berger solicitó una condena de inhabilitación por cinco años.
A su turno, el abogado querellante Carlos Nayi, quien representa a la familia de la víctima, coincidió con la fiscalía y reclamó una condena de 3 años de ejecución condicional por el mismo delito: el homicidio culposo.
En paralelo, el letrado solicitó que se giren antecedentes a la fiscalía de turno que corresponda para que se investigue qué sucedió con “la falta de cuidados y mantenimiento en 1.265 plazas que había al momento de los hechos”.
En la tarde del jueves, se realizaron los alegatos de las defensas en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba.
Todos pidieron las absoluciones de los acusados, quienes se encuentran en libertad. Los defensores, con Pedro Despouy a la cabeza, lamentaron la tragedia y señalaron que fue responsabilidad del vandalismo. Además, se dejó en evidencia la falta de personal municipal y de recursos para cuidar las plazas al momento de los hechos.
En los próximos días se conocerá cuándo será la última palabra de los acusados y el fallo del tribunal.
Tragedia en la plaza
Todo sucedió el 25 de enero de 2022, cuando Luciano Aranda fue a jugar a la pelota con amigos a una plaza pública de Achával Rodríguez 1953, en barrio Alto Alberdi de Córdoba.
De pronto, Luciano fue a buscar el balón y apoyó su mano en una columna de alumbrado.
Fue entonces que recibió una descarga eléctrica que resultó mortal. Los demás chicos presenciaron todo.
La tragedia expuso la precariedad del sistema de mantenimiento eléctrico en los espacios verdes y públicos.
A raíz de aquel drama, el por entonces intendente de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso el cierre de numerosas plazas para que se mejorara las condiciones eléctricas.
Hubo incluso otros incidentes eléctricos en espacios públicos con víctimas que sobrevivieron.
Reclamo de la familia
El abogado Nayi reclamó que se trató de una muerte anunciada.
“Estamos frente a la crónica de una muerte anunciada, con un Estado ausente y una conducta arbitraria de parte de los funcionarios. Desde 2017, esa plaza pública donde iban a jugar cientos de niños era objeto de reiteradas quejas y reclamos por cables sueltos, luminarias que no encendían, malezas altas y ausencia de mantenimiento”, sostuvo.
Además –dijo Nayi– había una caja eléctrica en una de las luminarias que exhibía toda su estructura en mal estado. Fue justamente en ese poste en el que Luciano se apoyó y recibió la descarga.
La investigación judicial determinó que existieron graves omisiones funcionales en el control del alumbrado público. Los informes internos del área municipal, según los expedientes, advertían sobre desperfectos eléctricos sin que se adoptaran medidas preventivas.
Llegaron a juicio los empleados de la Municipalidad de Córdoba Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli.
Falta de cuidados en la plaza
Durante la investigación, realizada oportunamente por el fiscal de instrucción Guillermo González, se comprobó que el sistema eléctrico de la plaza habría estado totalmente fuera de norma.
Ya en la sala de audiencias, el fiscal Berger sostuvo la acusación y la mantuvo en todos sus términos.
El acusador señaló en su alegato que el informe presentado por los municipales “no se condijo con la realidad”.
Añadió que, independientemente de la “vandalización que pudo haber existido en esa plaza”, la caja de energía “no estaba en condiciones” adecuadas de mantenimiento, remarcó Berger, quien reclamó que haya condenas por homicidio culposo.
El homicidio culposo gira en torno a la negligencia, la imprudencia, la impericia.
El abogado Nayi sostuvo: “Todo era irregular, absolutamente todo. Después de este evento se apagaron las luces de más de 600 plazas de la ciudad de Córdoba, porque todas estaban en infracción”.
“Cada uno de los operarios tenía la función –y no el derecho, sino el deber– de prever, controlar, disponer de las medidas de resguardo”, sostuvo el letrado.
El trágico fallecimiento de Luciano se transformó también en un pedido social por un mayor control y mantenimiento del alumbrado público en Córdoba.
Según el expediente, la persona que revisó la luminaria que provocó la descarga fatal sólo había aprobado un curso básico de electricidad, dictado por el “Instituto de Capacitación de la Municipalidad”.
Esa formación, limitada a tareas de riesgo, fue uno de los elementos señalados por la fiscalía durante la instrucción como parte de una cadena de negligencias.
La defensa acusó al vandalismo
Los defensores, en tanto, pidieron las absoluciones en los alegatos.
“Quedó absolutamente acreditado en el juicio que la causa eficiente de la muerte fue un hecho de vandalismo que produjo la electrificación de un poste de luz en esa plaza”, sostuvo el defensor Pedro Despouy, en diálogo con La Voz.
“También quedó probado que desde la última revisión de la luminaria de aquella plaza (10/12/2021) y hasta el día del hecho (25/1/2022) no hubo ningún aviso, denuncia ni reporte de riesgo eléctrico sobre las columnas de luz de esa plaza por parte de los vecinos del lugar”, expresó y añadió: “Era imprevisible pensar que, por ese hecho vandálico, pudiera ocurrir algún accidente que obligara a los empleados a actuar de inmediato”.
El abogado resaltó que “quedó por demás probado el estado de insolvencia estructural del sistema de alumbrado público al tiempo del hecho”.
Remarcó “la absoluta imposibilidad fáctica para poder realizar mantenimiento preventivo de las 160 mil luminarias de la ciudad de Córdoba”.
Despouy sostuvo que los acusados dejaron en claro “las graves deficiencias del área (falta de personal, recursos, insumos, etcétera) para poder realizar, a duras penas, el mantenimiento correctivo del alumbrado público con 10 personas para toda la ciudad de 576 kilómetros cuadrados con así nulos recursos humanos y materiales”.
Finalmente, el letrado acompañó en el sentimiento a la familia de Luciano. “Todos compartimos durante el juicio el profundo dolor del padre de Luciano frente a quien nos pusimos a disposición para colaborar en lo que esté a nuestro alcance”, dijo.
