La “validación” por teléfono de sus datos bancarios terminó en odisea y demanda. Una mujer de Río Cuarto solicitó a un importante banco la anulación de un préstamo por 490 mil pesos que adujo haber sido solicitado por un ciberdelincuente con sus datos y demandó a la entidad por casi un millón de pesos, por presuntos daños y perjuicios.
Las distintas modalidades de estafas a través de cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos se acentuaron durante el encierro pandémico, cuando las operaciones y las transacciones físicas se vieron afectadas por las restricciones oficiales/presenciales y, por contraste, aumentaron las digitales.
Términos como phishing (suplantación de identidad), vishing (combinación de una llamada telefónica con información previamente obtenida a través del pishing), smishing (engaño a través de mensajes de texto o de WhatsApp), skimming (se adulteran los cajeros automáticos y se roba la información de las tarjetas), ransomware (secuestro de información de una web) y sextorsión fueron ganando terreno entre damnificados y decenas de expedientes judiciales abiertos.
En este contexto, las estafas son cada vez más sofisticadas por el nivel de speech de quienes operan tras un monitor o desde una cárcel en algún punto de Córdoba o, incluso, en otras provincias.
Río Cuarto: “Validación”
En Río Cuarto, la mujer denunció que el 25 de enero último fue víctima de phishing cuando, en horas de la tarde, recibió el llamado de un “empleado” de su banco (ante el que había efectuado un reclamo por internet).
Tras identificarse, el “empleado” le brindó detalladamente todos los datos de la cuenta y le solicitó que ingresara a la app para realizar una “validación”. De esa manera, denunció que el ciberdelincuente le sustrajo los datos bancarios e ingresó a su home banking para solicitar un préstamo personal, realizar transferencias y demás operaciones sin su consentimiento.
La cuenta fue bloqueada, por lo que –según adujo en la demanda presentada por su representante legal, la abogada Delfina Sucorra– impidió ver los movimientos realizados ese día. Luego de múltiples reclamos ante el banco, presentó la denuncia penal al día siguiente.
Sostuvo que el ciberdelincuente se apoderó de 183 mil pesos y solicitó un crédito en su nombre de 490 mil pesos. El monto fue transferido en pocos minutos a otra cuenta del mismo banco en dos tramos: el primero, de 200 mil pesos, y el restante, por 290 mil.
“En la llamada recibida no brindé ningún tipo de datos referidos a mi cuenta, ni claves, ni extravié la tarjeta. Sólo afirmé los que tenía la persona que se identificó como del banco demandado, y que eran todos los referidos a mi cuenta”, manifestó.
Desde el banco le respondieron que tras analizar el reclamo, el caso cumplía “con patrones de estafa financiera”, por lo que estaba bajo tratamiento del área de prevención de ilícitos y con gestiones para intentar recuperar los fondos.
“Por otra parte, atento a que usted como titular de la tarjeta (…) brindó voluntariamente sus credenciales, las cuales son de uso personal y confidencial (…) no se encuentra establecido que el banco deba hacerse responsable de la restitución de los fondos transferidos como consecuencia de la estafa”, se agregó.
La mujer achacó un incumplimiento del deber de información al no brindarle explicaciones sobre las razones del rechazo de su reclamo. Fracasó, asimismo, al intentar dejar sin efecto el préstamo para evitar los débitos mensuales superiores a 20 mil pesos (más los intereses).
En la presentación, radicada en el Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo de Carlos Ochoa, la denunciante demandó al banco por más de 980 mil pesos por supuestos daños y perjuicios (más intereses y costas).
“No sólo sufrí una estafa electrónica de la que resulte víctima debido exclusivamente a la vulnerabilidad del sistema informático de la entidad bancaria demandada, sino que también recibí un destrato por parte de la misma, al no darme ningún tipo de respuesta”, se quejó.
“La falta de respuesta a los pedidos desesperados constituyen una clara actitud desaprensiva y de trato indigno por parte del banco (…) hacia mis derechos más elementales como usuario de servicio financiero, que deberá ser sumamente considerada al momento de cuantificar el daño moral y punitivo reclamado”, sostuvo y pidió la anulación del crédito y de las tres transferencias.
Medida cautelar en Río Cuarto
En el escrito, solicitó al juez que dictara una medida cautelar para ordenarle al banco abstenerse de debitar sus fondos como pago por el préstamo, y le pidió que cancelara las cuotas ya debitadas (y se las restituyera) hasta que pronunciara sobre la cuestión de fondo.
“Soy empleada en relación de dependencia y me resulta imposible económicamente hacer frente a las cuotas del préstamo. Por lo que, de no prosperar esta medida cautelar, dicho antecedente me causaría un perjuicio inminente e irreparable en mi situación financiera, como la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, la baja de los límites de compra en las tarjetas, el rechazado de los pedidos de tarjetas de crédito, como así también daños a mi salud psicológica”, advirtió.
El juez ordenó al banco la prohibición de innovar absteniéndose de realizar cualquier débito o retención referido al préstamo, aunque evitó referirse al planteo de cancelación y de reintegro de las cuotas ya debitadas, ya que eso hace al fondo de la cuestión.
