El Gobierno provincial intimó a las agencias de seguridad privada con habilitaciones nuevas o renovaciones tramitadas en 2022 y 2023 a que en un plazo máximo de 90 días renueven sus permisos, lapso tras el cual sus licencias quedarán caducas. La renovación de las licencias es anual y, en este caso, se dispuso una extensión de tres meses para que se haga el trámite, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
La medida, dispuesta por el interventor de la Dirección de Control y Gestión Operativa en Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Leandro Santacroce, impactará sobre 153 empresas que aún no fueron revisadas en sus habilitaciones tras el escándalo por presuntas coimas a cambio de permisos que tiene imputados a dos empleados de la dirección en el Fuero Anticorrupción.
Dos empleados de la Dirección fueron imputados por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino el 29 de diciembre, supuestamente por pedir coimas para habilitar o para renovar habilitaciones de agencias de seguridad privada.
En ese momento eran siete los casos sospechosos. Hoy ya son 14. “Yo ya puse y no me dieron el papel”, planteó uno de los empresarios al exdirector Diego Pedrotti, de la gestión anterior de Julián López en Seguridad, quien fue el primero en iniciar una investigación interna.
De ese sumario surgió que varios referentes de agencias de seguridad se quejaron porque ya habían pagado, como todos los años, y no les ponían el sello en la habilitación. Lo del sello es literal: el trámite, completamente papelizado, se completaba con un legajo firmado y sellado por alguna de las dos personas que manejaban, al menos desde hace 10 años, todas las habilitaciones a la seguridad privada: Maximiliano Papera y Natalia Molina.
“Esto dio lugar a la denuncia de Pedrotti y al inicio, en paralelo, de una investigación administrativa.
El actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, intervino el área e instruyó que se revisen una por una todas las habilitaciones de agencias de seguridad privada. Hay 232 empresas habilitadas y hasta la semana pasada habían obtenido la renovación, con todo en regla, 79.
Los empleados imputados están separados de sus funciones desde fines del año pasado. En el área hay, además, otros seis empleados, que en principio no estarían vinculados a la investigación.
Balance de la intervención
A casi 90 días de la intervención, el principal avance es la aplicación de la digitalización completa de todos los procesos. Esto permitió avanzar en un acto de transparencia: la publicación del Registro de Empresas de Seguridad y Vigiladores Habilitados.
Por medio de este registro digital, se puede consultar si la empresa o el empleado privado de seguridad tiene un permiso vigente.
Se generó comunicación institucional (prensa y redes) destinada a toda la sociedad a los fines de poner en conocimiento de las herramientas informáticas a los fines de poder consultar el estado de Empresas de Seguridad y Vigiladores Habilitados. - Registro Público Digital.
La intimación a regularizar situaciones generó que se sumen ante la Fiscalía Penal Económico “otras 7 situaciones detectadas administrativamente que podrían configurar hechos delictivos para su investigación (14 en total); además de lo que pudiese emerger de las nueve cajas de documentación y los CPU entregados a la Fiscalía”, comunicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.
La intervención notificó a todas las empresas que no tenían resolución original en los expedientes madres y empresas que estaban habilitadas en el sistema sin expediente madre, a que adjuntasen su resolución habilitante, a los fines de depurar el registro público.
Y se ha notificado a las empresas a que den de alta, renueven permisos y capaciten al personal a su cargo bajo apercibimiento de suspensión de habilitación.
Más controles
Los seis empleados que tiene la dirección que tiene que controlar las agencias privadas es un número muy insuficiente. Más para contribuir al rol que quiere darles el ministro Quinteros en el esquema general de la seguridad, habilitando el uso de armas “no tan letales” y transfiriendo servicios de adicionales policiales de custodia de edificios públicos a empresas privadas.
Es por esto, que en aras de la eficacia, la intervención comenzó a avanzar en la “”articulación con organismos y socios estratégicos para el cobro de multas y sanciones”.
En concreto, en pocos días más comenzará a capacitarse al personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) para que colabore en el control de las agencias privadas, en los tiempos de “valle” de las emergencias.
La falta de controles por escasez de recursos –y, se presume, por corrupción– impide tener un número claro de la cantidad de vigiladores y otros trabajadores que están empleados en la seguridad privada. Una estimación que confiesa un alto margen de error calcula que son entre 8 mil y 9 mil los guardias privados, un buen número de ellos en condiciones de trabajo precarizadas.
La Policía provincial tiene en nómina unos 22.500 agentes, pero sólo están operativos poco más de 15 mil; el resto, está inactivo por licencias, enfermedades, pases en comisión y un variado etcétera.
Corrupción e informalidad
Las firmas y sellos “comprados” impiden saber si se cumplen los requisitos que les exige la ley a las agencias de seguridad privada. En particular, es preocupante que estas grietas en los controles permitan que puedan estar empleados como vigiladores policías exonerados, dados de baja por delitos o conductas violentas, la “mano de obra desocupada” de otras épocas. El “gris” habilitaba todo.
Para la habilitación de una agencia se deben consignar certificados en los que conste que no tienen antecedentes, que no figuran el registro de reincidentes, que no son deudores de cuota alimentaria ni están en el registro de personas con antecedentes de delitos contra la integridad sexual. Y en el caso de exempleados de fuerzas de seguridad, se debe acompañar el certificado del cese de actividad donde consten los motivos de la baja.
Los empresarios que se quejaron porque el pago de la supuesta coima no les alcanzó para tener la habilitación en regla se autoincriminaron. Y en las constancias que tiene la causa que tramita Mondino hay evidencias muy sólidas de los intercambios de dinero con los empleados. De hecho, hasta hay constancias de depósitos en sus cuentas bancarias de los dineros acordados por “el sello” y la firma.
La figura por las que se los está investigando es “cohecho” y resta saber si se trataba de un “kiosco”, a cargo de dos empleados de bajo rango, pero con un poder clave, o de la punta del iceberg de algo mayor.
