“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Siempre es bueno repasar lo que dice la Constitución Nacional, que en su artículo 18 nos ilustra sobre cuál debería ser el espíritu de estos centros de encierro.
Por supuesto que lo que antecede desde hace mucho tiempo no se está cumpliendo en los penales argentinos, entre los cuales están los de la provincia de Córdoba. Los sucesos ocurridos la madrugada de este jueves pusieron en peligro la integridad de los internos del Establecimiento Penitenciario N° 9 (ex-UCA), de barrio Cáceres, en la ciudad capital. Un levantamiento por la elevada temperatura ambiente y un aparente corte de agua habrían sido los detonantes en un lugar excedido en sus capacidades, donde cualquier ingrediente puede convertir todo en un polvorín.
Las cárceles cordobesas, según diversas ponderaciones de autoridades penitenciarias y de fuentes judiciales, tienen una capacidad que a duras penas puede llegar a los ocho mil reclusos, entre condenados y procesados. Pero esa cifra estaría ampliamente excedida, con una superpoblación que llegaría a 12 mil personas encerradas en condiciones infrahumanas.
Las celdas donde antes había una cama, en algunos casos se han transformado en dos cuchetas, o tres reclusos en camas y uno en el piso. La comida del “rancho” es intragable, según quienes entran y salen, y lo que advierten los magistrados que inspeccionan y se dan cuenta de que ese día el menú es muy diferente.
Hay muchas cuestiones que pueden revisarse para adecuar la estancia de una persona que debe permanecer encerrada, sin necesidad de que eso se convierta en martirio. Salidas “a patio” para ver la luz del día, actividades laborales, capacitación y toda una gama de recursos que pueden servir para que ese encierro no convierta al reo en una peor persona que aquella que ingresó. Miopes de mente creen que eso no está mal, porque los “delincuentes” merecen castigo, pero ignoran que, cuando salen, en lugar de a un rehabilitado la sociedad recibe a un resentido, más peligroso que antes del “tratamiento” penitenciario.
Muchos, una gran porción de esos detenidos, están ahí porque cumplen prisión preventiva. A mediados de la década pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un fuerte tirón de orejas a la Justicia provincial cordobesa por el exceso de esta cautelar, con el conocido fallo “Loyo Fraire”, que limitó esa restricción a situaciones en las que se justificara debidamente la peligrosidad procesal del imputado.
Pero de a poco esa justificación de la prisión preventiva ha seguido siendo suficiente para que las cárceles cordobesas mantengan ese grueso caudal de presos que aguardan juicio encerrados. Nada que ver con lo que sucede en la Justicia federal, donde parece que los detenidos no son tan peligrosos para que sigan el proceso en libertad.
Este sábado saldrán de la cárcel de Bouwer siete detenidos de “la causa de los Bomberos”, aquella que tiene imputados a 10 miembros de una presunta “asociación ilícita” por pedido de coimas o extorsión a comerciantes o a industriales para la habilitación o la no clausura de sus locales. Estos siete primeros detenidos tuvieron una prisión preventiva “excepcional” de 60 días, que se cumplen el 10 de febrero. Por ahora, la figura penal que los involucra (la pertenencia a la organización delictiva) permite que, tras las primeras tramitaciones, continúen en libertad a la espera de un proceso que luego del juicio puede devolverlos a la cárcel (o no), con condena de un tribunal. Tienen una serie de prohibiciones y de requisitos por cumplir a rajatabla para mantener la libertad.
Este viernes se tomó la indagatoria de quien está considerado el gran organizador de la banda, el comisario Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos y exsubjefe de Policía. Difícilmente recupere la libertad, por el grado de compromiso que tiene y porque, además, acumula severas acusaciones por violencia de género en perjuicio de su expareja.
Los criterios de encierro preventivo para los detenidos en Córdoba pueden ser muy variados y flexibles. Los abogados defensores se quejan por el exceso de aplicación de esta cautelar en la provincia y piden que se contemple lo que sucede en otras jurisdicciones.
También podría escucharse la queja de los letrados, que indica que muchas veces se tiene encerradas días y semanas a personas por pequeños delitos –tener unos gramos de droga, robar un perfume en un supermercado– hasta que “llega” la planilla prontuarial y se define su situación. Peor fue lo ocurrido a aquellos que cayeron un 27 o un 28 de diciembre presos por un supuesto delito menor (del que pudo no haber sido parte) y se “comieron” todo el tórrido enero en Bouwer, hasta que los primeros días de febrero se decidieron a indagarlos. Las ferias judiciales siguen pareciendo instrumentos decimochescos.
De este modo, los penales cordobeses continúan superpoblados, sus internos conviven hacinados y los muros contienen un sinnúmero de situaciones explosivas.
Está claro que los fines de rehabilitación no se cumplen. Sí parece abonarse el deseo de muchos: los presos deben “pudrirse” dentro de las cárceles.
