El pasado jueves, un proyectil de mortero de 81 milímetros fue hallado en un campo cercano al Cerro Colorado. Tenía la carga intacta. Debió ser detonado posteriormente.
El 10 de octubre, un hombre que iba en un viejo auto escapó de la Policía. En su huida, arrojó una bazuca en Camino a Chacras de la Merced, periferia este de la ciudad de Córdoba. Tras el susto inicial, y en el marco de un amplio operativo, expertos revisaron el lanzador de cohetes y corroboraron que, por fortuna, no contenía un proyectil dentro y no representaba un peligro.
Hace pocas semanas, un vecino encontró un proyectil de mortero en un contenedor de basura en un centro de tratamiento de residuos en Rancagua y Circunvalación, en la zona nordeste de la Capital.
Episodios de este tipo no son aislados, sino que son más usuales de lo que cualquiera podría suponer en la provincia de Córdoba.
¿Es común encontrar material explosivo y armas de guerra en poder de la ciudadanía? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Explotan o son piezas de colección descartadas por algunas personas que no tienen cuidado?
“En la provincia, durante 2023, ya se encontraron ocho artefactos de material explosivo en la vía pública y siete objetos sospechosos”, explicó el jefe del Departamento Armas y Explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Exequiel Bornancini.
En paralelo al secuestro de artefactos en operativos, desde la Policía provincial precisaron que una veintena de artefactos explosivos fue entregada de manera voluntaria.
“Cuando se encuentra material de este tipo en la vía pública, la primera recomendación es tomar distancia y buscar cobertura. No hay que tocar el material. Luego, hay que llamar de inmediato al 911 y describir el objeto sin acercarse ni exponerse”, añadió el comisario inspector.
El jefe policial indicó que, tras el alerta temprana, una patrulla de la Policía llegará hasta el lugar y, luego de identificar el objeto sospechoso como bélico, dará aviso a los expertos del Departamento de Explosivos.
Los especialistas de esa brigada acudirán al lugar, acordonarán la zona y analizarán el posible riesgo y decidirán si trasladarlo a un depósito o destruirlo en condiciones adecuadas. En la mayoría de los casos, los artefactos son destruidos.
Desde Jefatura de Policía se señala que, en la gran mayoría de los casos, el material explosivo de escala era propiedad de coleccionistas o bien de personal militar que se lo llevó de recuerdo. No son pocos los casos de material que fue sustraído por delincuentes en el marco de robos domiciliarios y luego los arrojan o desechan en la calle o en descampados.
En otras oportunidades, se han registrado casos de amenazas o bromas con esa clase de artefactos frente a domicilios. Afortunadamente, no explotaron.
Consultado por la posibilidad de que el material encontrado explote, Bornancini sostuvo: “No podemos saber si tienen carga o no hasta que son destruidos. Como es algo riesgoso tratamos a todo lo encontrado como si tuviera carga y capacidad de detonación”, resaltó.
Los operativos son controlados para no causar daños. Todos los procedimientos son judicializados.
Respecto a amenazas con explosivos, en la Policía nadie olvida un grave episodio registrado en octubre de 2021 en la ciudad de Río Cuarto cuando manos anónimas dejaron una granada FMK2 apoyada en la ventana de la casa de un comisario. Además, había una carta.
El artefacto fue finalmente secuestrado y detonado por técnicos especializados. La pesquisa dio con la persona que estuvo detrás de todo.
Desarme voluntario
Según la ley 26.216, la entrega de armas de fuego y de municiones no tiene consecuencias legales, porque justamente desde el Estado se busca desalentar su tenencia y posible uso.
En 2007 se creó el Registro Nacional de armas de fuego, municiones y explosivos y en enero de este año se llevó a cabo una campaña de desarme voluntario a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
También se puede denunciar y entregar este tipo de artefactos tras llamar al 911 de la Policía.
En ese sentido, fuentes de la Jefatura de Policía resaltaron la necesidad de que la población no guarde estos artefactos y los entregue de inmediato a las autoridades, dado que constituye un serio riesgo el guardarlo en una casa o dejaron tirado en cualquier lugar.
Según la ley nacional de armas y explosivos (20.429) la tenencia y uso de armas de guerra sin autorización se encuentra prohibido por nuestro sistema jurídico, por lo que, además de multas, el Código Penal castiga este delito con prisión de dos a seis años en su modalidad básica.
Consultado por amenazas de bombas, Bornancini explicó que la Policía acudió este año a ocho amenazas de bomba en Córdoba. Afortunadamente, eran falsas alarmas.
