El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió este miércoles que el 11 de noviembre continuarán los alegatos por el homicidio de Matías Chirino, subteniente cordobés fallecido tras un “ritual de iniciación” en el Grupo de Artillería de Monte 3, Paso de los Libres, el 19 de junio del 2022.
La familia Chirino, oriunda de Holmberg, una localidad vecina a Río Cuarto, hace ingentes esfuerzos para participar de las audiencias en Corrientes y espera Justicia. “Fue un homicidio disfrazado de bautismo”, denuncia el papá, Ezequiel Chirino. Según la acusación, Matías y sus dos compañeros, Jorge Chaile y Rufino Meza, recibieron “órdenes arbitrarias y maltratos, consistentes en obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes”.
Se argumenta que, como parte del “bautismo” de los subtenientes, los obligaron a comprar todo tipo bebidas y hacer un asado para los ahora imputados. En tanto, ellos habrían sido obligados a fideos con las manos, a meterse en una pileta de agua sucia pese a las bajas temperaturas, correr, hacer flexiones, e ingerir gran cantidad de alcohol (incluso vino con sal).
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Matias fue hallado muerto después de las 6 de la madrugada, tirado en un colchón en el suelo, boca arriba. La causa de su fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración.
Hay nueve militares imputados por homicidio simple (por dolo eventual). La querella sostiene que, tras someterlo a diferentes vejámenes y obligarlo a tomar alcohol en exceso, dejaron a Matías abandonado, “con una palangana al lado, lo que implica que pudieron representarse lo que iba a pasar”. Remarca que, pese al “evidente” grado de intoxicación de Matías, y a que “pudieron representarse la posibilidad concreta del vómito, lo dejaron tirado, despreciaron el resultado”.
Los acusados son los subtenientes Facundo Luis Acosta, Claudia Daniela Cayata y Gerardo Sebastián Bautista; los tenientes Franco Damián Grupico, Emmanuel Exequiel Aguilar; el teniente Primero Darío Emanuel Martínez, y los capitanes Claudio Andrés Luna, Hugo Reclus Martínez Tarraga y Rubén Darío Ruiz. Cayata y Grupico son considerados partícipes secundarios y el resto, autores mediatos del homicidio.
Los abogados de la querella, Claudio Orosz y Enrique Novo, solicitaron 21 años de prisión para los imputados como coautores y nueve años para los otros dos. En tanto, el ministerio público pidió 20 y 8 años, respectivamente.
Pulseada jurídica sobre el dolo eventual y la muerte de Chirino
Para los querellantes, en el juicio quedó probado cómo obligaron a los nuevos subtenientes a presentarse anticipadamente para el “bautismo” fatal, quienes les ordenaron tirarse a la pileta, y que “todos, absolutamente todos, les ordenaron tomar alcohol y hacer fondo blanco”.
Orosz argumentó que los acusados “actuaron concientemente, contrariando órdenes expresas y verbales del jefe de la unidad (que había prohibido los “bautismos”) por coacción y abusando de su autoridad, aprovechándose de la vulnerabilidad de Chirino”.
“El hecho está probado y la participación de todos está probada”, alegó Orosz y destacó los testimonios de los compañeros de Matías, Meza y Chaile, como prueba de los abusos. “Cuando se le ayudó a la memoria con lo declarado dos años atrás, Meza dijo que todos los oficiales presentes dieron las órdenes que debieron cumplir los tres subtenientes, incluso Cayata, cuando Chaile le ofrece una bebida y ella dice: Tome usted”, citó.
Como responsables del ministerio público en el juicio participan los fiscales Anibal Martínez (instructor en Paso de los Libres), Tamara Pourcel y Carlos Schaefer. Schaefer calificó de “inhumano, salvaje y con desprecio a la vida” el trato que recibieron los subtenientes Chirino, Chaile y Meza en el Grupo de Artillería de Monte 3.
El fiscal general consideró que los acusados “no sólo abusaron de su autoridad como funcionarios públicos sino que actuaron en bloque, en un predio del Estado Nacional”. Interpretó que todos pusieron “su granito de arena” para el resultado fatal. “Jugaron a la ruleta rusa con la vida de tres soldados”, expresó.
Los primeros defensores que hicieron su alegato este miércoles coincidieron en calificar a los hechos como “atípicos”. Argumentaron que no pueden encuadrarse en la figura de abuso de autoridad de un inferior, porque “los oficiales no estaban en funciones”. Señalaron que “la cena no era un acto de servicio” por lo tanto, los oficiales “no tenían el deber jurídico de cuidado o garantes”.
Para defender el beneficio de la duda, sostuvieron que “las órdenes no pudieron verificarse” y fundamentalmente cuestionaron que los nueve sean acusados “en bloque”.
Argumentaron que la acusación “No es precisa ni detallada tiene errores, incongruencias manifiestas”. “No hay una precisión de circunstancia, modo, tiempo, lugar y personas”, cuestionaron. También criticaron la concepción de la autoría mediata.
Algunos letrados admitieron existe un modelo cultural que debe desterrarse en el Ejército, que incluye los llamados bautismos y hasta los movimiento vivos como represalia. Pero enfatizaron que el hecho de que el ministerio de Defensa haya prohibido expresamente las ceremonias de iniciación en julio del 2022, implica que antes habrían estado permitidos. “La ley se acata pero no se aplica”, llegaron a afirmar.
“Lo que paso con Matías es un acto de la estupidez humana. Pero ser estúpido no es un delito, no es una expresión de dolo o culpa, es una acción que se sigue en función de un comportamiento propio de una institución”, argumentó el letrado Aquino Britos.
Todos los defensores pidieron la absolución y, algunos, subsidiariamente, que el hecho sea encuadrado cuna mera negligencia, es decir un homicidio culposo. El 11 de noviembre habrá tres alegatos más y probablemente se conozca el veredicto.
