Tres personas imputadas por haber explotado laboralmente a cuatro empleados de un campo de Córdoba, en condiciones infrahumanas y de indignidad absolutas con jornadas de hasta 16 horas, sin días de descanso ni suficiente comida, deberán resarcirlos con $ 15 millones en total, según un reciente fallo.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital, a cargo de Carolina Prado, hizo lugar a la reparación integral del perjuicio ofrecida por los imputados Néstor Manuel Zabala, Martina Rogelia Espinoza y Cristián Fabián Ávila, para compensar a las cuatro víctimas.
El ofrecimiento, realizado para evitar llegar a juicio bajo la figura de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la participación de más de tres personas y la consumación de la finalidad de explotación, contó con la aceptación de los damnificados (representados por la defensora pública oficial Mercedes Crespi) y de los fiscales Carlos Casas Nóblega y Augusto Richter.
Una puerta hacia el horror
Un relevamiento de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la por entonces Afip (hoy, Arca), efectuado en diciembre de 2022, descubrió el horror que debieron padecer los cuatro trabajadores, oriundos de Tucumán.
Los investigadores determinaron que, un mes antes, “la Negra” Espinoza había trasladado a los trabajadores desde un campo en San José, provincia de Córdoba, donde cosechaban papas, a la localidad de La Oscura (en el departamento de San Alberto), donde realizarían la misma labor.
Tanto Espinoza como Ávila y “Bocón” Zabala les ofrecieron de forma engañosa $ 8 mil diarios, cifra que resultaba significativamente superior y “tentadora” respecto de la que percibían en el otro campo. Además, les manifestaron que no deberían pagar alquiler.
Sin embargo, como suele ocurrir casi de forma calcada en todos los casos de trata laboral, las víctimas se encontraron con un panorama horroroso y desolador: fueron hacinados bajo un tinglado sin paredes, con piso de tierra. Incluso, había un acoplado de un camión que era utilizado por algunos trabajadores para dormir en colchones inmundos.
El descanso no era pleno, por la gran cantidad de insectos y alimañas, ya que estaban a la intemperie. Tampoco contaban con los servicios básicos: ni baños ni otros lugares de aseo, tampoco electricidad ni agua potable, lo cual no sólo incrementó la insalubridad, sino que, peor aún, los sumió en la más plena indignidad.
Únicamente tenían un freezer que no funcionaba, por lo que la comida se les pudría. Tampoco contaban con medidas de seguridad ni insumos médicos, y menos aun elementos de protección o vestimenta adecuada para el tipo de trabajo que realizaban.
Los imputados no cumplieron con todas las condiciones laborales prometidas. Fueron explotados durante 16 horas diarias, sin tiempo de descanso suficiente, porque no tenían francos: trabajaban los siete días de la semana sin siquiera conexión telefónica.
Si bien los imputados realizaban las compras de alimentos para las víctimas, luego se las descontaban de su salario. A veces pasaban tres días seguidos sin más comida que unas papas, porque la provisión de alimentos era discontinua.
Los investigadores confirmaron que aunque el predio estaba a nombre de la esposa de Zabala, las víctimas apuntaron al hombre como el “dueño”, ya que se lo veía allí regularmente. “Él era el que contrataba gente para ir a trabajar. Era de mucho dinero”, declararon.
Tras lo acordado por las partes y el dictamen favorable de los fiscales, la jueza Prado hizo lugar a la propuesta de reparación a las víctimas. Los tres imputados deberán abonarles $ 15.020.834 en total y a repartir. De esa cifra, Zabala abonará $ 13.020.834, y Espinoza y Ávila, los restantes $ 2 millones.
Una vez que cumplan con las condiciones, la magistrada los sobreseerá.
