En el marco de la investigación por la causa “Bomberos SA”, el fiscal Guillermo González pidió el juzgamiento del exsubjefe de Policía y exjefe de Bomberos Gustavo Folli Pedetta, además de otros 15 acusados. Entre los imputados hay bomberos (entre ellos dos exjefes de esa fuerza como Sergio Sosa y Julio Zárate), gestores, empresarios y un municipal.
Todos fueron enviados a juicio por asociación ilícita.
Pero no es la única causa de peso contra exjefes de fuerzas de seguridad que han caído detenidos en los últimos tiempos en Córdoba.
Bouvier y las mafias en las cárceles
El fiscal de Delitos Complejos 1 de Córdoba, Enrique Gavier, viene investigando desde 2003 presuntos hechos de corrupción detonados en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), la fuerza de seguridad que controla los presidios de la provincia. En ese marco, fueron detenidos numerosos ex altos jefes del SPC, quienes fueron acusados por el delito de asociación ilícita.
El principal acusado en esta red de presuntas maniobras es Juan María Bouvier, quien durante unos 15 años fue jefe máximo del SPC.
“Johny” fue primero desafectado del SPC por el Gobierno y luego cayó detenido por la Justicia.
Desde entonces, no salió más de la cárcel de Bouwer.
El fiscal Gavier acusa a todos los exjefes de haber montado presuntas mafias puertas adentro de las cárceles que permitieron, a su vez, la existencia de organizaciones criminales entre los presos.
El principal delito permitido fue el ingreso de celulares, según Fiscalía.
A su vez, las organizaciones penitenciarias habrían cobrado suculentas sumas de dinero, durante años, a presos y a visitas en las distintas cárceles para que pudieran acceder a celulares, a drogas, a visitas íntimas, a traslados a otros penales y a algo no menos serio: la mejora o modificación de informes psicotécnicos para que reos pudieran acceder, previa autorización judicial, a salidas transitorias de la cárcel o ya al régimen de prisión domiciliaria.
Recientemente, la Cámara de Acusación compartió los argumentos del juez de Control y del fiscal Gavier. Se sostiene que el exjefe de la fuerza de seguridad provincial era el organizador de una asociación ilícita enquistada en las cárceles cordobesas.
A juicio. A todo esto, recientemente, el fiscal Gavier mandó a juicio la primera causa contra exjefes del SPC. Es la que tiene como principal acusado a Sergio “el Chavo” Guzmán, un exjefe penitenciario de varias cárceles. Junto con abogados y otras personas, responde por presunta asociación ilícita y por otros delitos.
Mercadito, otro exsubjefe en problemas
El fiscal Enrique Gavier provocó un sismo en la Policía provincial cuando detuvo a uno de sus subjefes: Alejandro Eduardo Mercado (56).
Fue detenido en septiembre de 2024 y cuando se estaba yendo a trabajar hacia Jefatura.
El fiscal acusa a Mercado –quien ya fue echado de la Policía– por dos causas por presuntas asociaciones ilícitas en Córdoba.
Por un lado, señala a Mercado de haber sido el presunto jefe de una banda mixta de policías y de revendedores de celulares robados que operaban en galerías del Centro.
Este grupo, además de vender celulares, a su vez habría estado relacionado con la denuncia trucha de neumáticos robados.
Mercado está señalado de haber dado cobertura a ese grupo desde que era jefe de Investigaciones.
En paralelo, Gavier acusa al ahora excomisario general Mercado de haber liderado otra presunta asociación ilícita junto con ocho policías, entre ellos, dos comisarios que se desempeñaban en el departamento Delitos Económicos de la fuerza.
Se trata del área donde Mercado fue jefe durante años, lo que le permitió crecer en poder, tejer vínculos y llegar hasta casi lo más alto de la institución.
En esta causa también están presos y acusados por asociación ilícita los siguientes policías (en actividad y retirados): comisario inspector Diego Carlos Martinelli (50), exjefe de Delitos Económicos y señalado de ser el segundo jefe de la organización; comisario Christian Raúl Ríos; Gabriel Armando “el Pelado” Allende (55), ya jubilado; suboficial Miguel Arias Bazán (51); exsuboficial Eduardo César Gavilán (56); oficial retirado y abogado Raúl Ramón Guerrero (40); Cristian Rodrigo Rivero (55), ahora empleado municipal de Villa Giardino, y exoficial José Marcelo “el Turco” Saggio (61), quien se ganaba la vida como “custodio jefe” de la familia Jalil, del Banco Julio.
Ochoa Roldán y “los Simuladores de Azul”
Recientemente, el fiscal de instrucción Guillermo González dictó las prisiones preventivas de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, y de otros cinco acusados, entre policías y civiles, en el marco de la causa que investiga una presunta organización delictiva bautizada en Tribunales como “los Simuladores de Azul”.
Un séptimo acusado recuperó la libertad por pago de fianza de $ 20 millones, pero sigue imputado.
La principal acusación es por presunta asociación ilícita.
Según la causa del fiscal González, los policías habrían montado una suerte de “consultoría externa” que prestaba toda clase de servicios por fuera de la ley.
De allí que, en Tribunales II, algunos hayan bautizado el grupo como “los Simuladores de Azul”.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios principalmente con usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos. Además, como había abogados en el grupo (dos de ellos son comisarios), la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la Justicia, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.
Si bien no se descartan más detenciones, el fiscal considera que los acusados centrales ya fueron atrapados y la información, secuestrada.
El fiscal señala que los comisarios usaban información de la Jefatura para, sobre personas determinadas, poder reclamarles más dinero.
De acuerdo a la investigación, los policías eran contactados por problemas que tenían con privados, como desalojos.
En ese marco, presuntamente, montaban operativos falsos de desalojo y con móviles, por ejemplo.
Todo se hacía por fuera de la ley.
Los acusados permanecen con preventiva en la cárcel de Bouwer.
