“Era el que ejercía el rol de organizador de la banda”. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó así la condena a más de ocho años de prisión al narcotraficante Darío Ramón Cáceres, exjefe de la barra brava de Talleres, y a otros tres condenados por el cargamento de casi 1.300 kilos de marihuana descubierto en Córdoba.
El millonario secuestro fue el colofón de uno de los juicios por narcotráfico más relevantes de los últimos años en la provincia, por el cual el exmandamás de La Fiel fue condenado a ocho años y seis meses por organización para el comercio y el transporte de estupefacientes.
Es la segunda pena que afronta Cáceres como “narcobarra”, pero la primera de alto perfil para quien fue líder de la hinchada de un club de Córdoba que, en paralelo, dirigió una organización narco que movió inicialmente $ 45 millones persiguiendo una ganancia de 100 millones.
La del narcotraficante se sumó a otras penas para 13 cómplices, impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba capital, a Gustavo Daniel Medina Ramírez, Carlos Horacio “Gusy” Páez, Sergio Omar “Tomate” Busso, Mauro Alejandro “Tuerto” Peralta, Cristian Ramón Chávez Reyes, Maximiliano Romero, Ramón Horacio Núñez, Ángel López, Leandro Vallejos, Ángel Emmanuel Valdez, Claudio Ezequiel Gómez, Juan Ignacio “Rambo” La Costa, Rita Andrea “Pato” Cabral y Manuel Alejandro “Taito” Benítez.
La causa del “narcobarra”
La línea telefónica “caliente” de “Gusy” Páez fue el disparador. En las intervenciones telefónicas, surgieron comunicaciones con Busso en torno de posibles conexiones con el narcotráfico y el abastecimiento de drogas. Los presuntos contactos del entonces jefe de La Fiel con el mundo de las drogas generaron sospechas sobre posibles “negocios” relacionados con estupefacientes.
Los investigadores pudieron determinar un plan coordinado para la “bajada” de los estupefacientes desde el Litoral con distintos peldaños de responsabilidades y roles que tuvieron su corolario en la incautación en Córdoba en 2022.
En las escuchas a la línea de Páez surgieron comunicaciones con Busso en torno de posibles conexiones con el narcotráfico. Esto produjo el desglose de la causa original y la apertura de la investigación.
“Gusy” habría mantenido diálogos con un empleado de la Municipalidad de Córdoba y con otras personas en torno de negocios de drogas y su posible conexión con el rol de integrantes de La Fiel.
En otras de las conversaciones con Páez, Peralta habló de “negocios” y mencionó su vinculación con el propio Páez, Busso y Cáceres: “Yo, con vos, el Omar y el Darío; nadie más. Somos una banda”.
Los presuntos contactos del jefe de La Fiel en el momento de los hechos con el mundo de las drogas en el norte del país generaron sospechas sobre posibles “negocios” relacionados con sustancias ilícitas.
Para hacerse de la droga, “Pato” Cabral actuó como “puente” entre la banda de Cáceres y otra célula delictiva dedicada al narcotráfico, conformada por “Rambo” La Costa, Gómez y Benítez.
Benítez tuvo reuniones con Núñez, Medina Ramírez, Vallejos y Romero, todos presuntos proveedores de marihuana de Corrientes, para establecer el precio de la droga, la cantidad y la calidad, y la forma de transporte y posterior entrega.
Los integrantes de La Fiel habrían comprado droga a los correntinos por $ 45 millones a través de las gestiones de “Pato”, La Costa, Gómez y Benítez.
Los 1.288 kilos de marihuana partieron de Corrientes a Córdoba en un camión Iveco y camuflada entre 100 bolsas de aserrín. Finalmente, las maniobras fueron descubiertas y los implicados fueron detenidos (sólo uno escapó y no ha sido hallado).
Cáceres –trasladado en abril de Bouwer a la cárcel de Ezeiza por su peligrosidad– siempre negó cualquier vínculo con el narcotráfico y remarcó que el día del secuestro del cargamento él se encontraba en Brasil, aunque durante el juicio el tribunal comprobó su rol encumbrado en la banda narco.
Casación de Cáceres y los cómplices
Su defensor público apeló y la Sala II de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso, con lo cual quedó firme la condena.
Ledesma indicó que el cúmulo de pruebas en contra del exjefe de La Fiel (escuchas, documentos, vigilancias, seguimientos, testimonios y el secuestro de la droga) eran “contundentes” para establecer tanto los delitos como la responsabilidad de Cáceres. De este modo, “quedó comprobado que Cáceres ejercía un rol de organizador y coordinador” de la narcobanda.
“Las pruebas (…) acreditan que actuó dentro de un plan preconcebido, impartiendo directivas que los otros integrantes cumplían para alcanzar el objetivo común, por lo que se lo consideró responsable de organización para el comercio y transporte de estupefacientes”, afirmó.
Y enumeró conversaciones que reflejaron “el nivel de involucramiento y liderazgo” de Cáceres en la banda (entre ellas, su presencia en reuniones relacionadas con el sicariato), diálogos sobre drogas y tráfico de armas, presencias en reuniones de la banda para planificar delitos, cambio constante de líneas telefónicas para evitar ser intervenido y una motivación económica que lo unía a otros imputados.
En una escucha, “Gusy” Páez le preguntó a Peralta: “¿Vos te pensás que estamos por la cancha con el Darío (por Cáceres)? Nosotros estamos por ‘otra’ con el Darío”. Peralta, condenado a ocho años, pareció coincidir: “Yo ando con el Darío porque yo hago plata”.
El TOF2 cordobés resaltó que Peralta, “mano derecha” de Cáceres, no sólo no era hincha de Talleres, sino de Belgrano, lo que demostró que lo que los impulsaba no era su interés futbolístico en común, sino la planificación del transporte de drogas.
Al respecto, Casación sostuvo que Peralta tuvo un “rol relevante” en la organización, logística y el traslado de estupefacientes.
Los jueces del máximo tribunal penal del país también rechazaron los recursos de Gómez (condenado a seis años y medio) y el correntino Medina Ramírez contra las condenas.
Sobre este último, proveedor de la marihuana, los vocales rechazaron el pedido de absolución o reducción de la pena. En cambio, confirmaron que participó en tratativas para la adquisición de la droga, coordinó el tráfico, custodió la marihuana y se reunió con los otros integrantes de la banda. No fue menor, sostuvieron, que el aserrín usado para camuflar la droga fuera similar al de su stud en Corrientes, donde le descubrieron 17 caballos de carrera.
En el caso de “Gusy” Páez, la defensa pidió la nulidad de lo actuado en el juicio abreviado, por el que fue condenado a ocho años. Entre otros puntos, planteó que lo “obligaron a declarar” en contra de sí mismo y a declararse culpable de delitos que desconocía, en un estado de “indefensión” frente a una pena que superó el límite previsto (seis años).
En el voto minoritario, la vocal Ledesma rechazó los planteos defensivos, al sostener que luego de aceptar y ratificar el abreviado, solicitó su nulidad sin demostrar pruebas que justificaran su invalidez. Por ello, consideró que el TOF2 cordobés explicó correctamente las razones por las que llegó a aplicar la pena.
Sin embargo, por los votos mayoritarios de los vocales Slokar y Yacobucci, Casación hizo lugar a los planteos de Páez, anuló la sentencia y ordenó su remisión para que continúe la sustanciación del proceso.
Al analizar la cuantía de la pena, la fiscalía había señalado que el límite de seis años establecido en la normativa no era un impedimento para el abreviado, porque no había necesidad de la realización de un juicio ordinario, ya que había un acuerdo entre las partes. “Es decir, estaríamos frente a un caso de justicia consensuada”, indicó la fiscalía.
Pero Slokar sostuvo que el TOF2 de Córdoba, encargado de evaluar si el acuerdo abreviado cumple con los requisitos y es adecuado, “se apartó” de la normativa respecto del monto punitivo previsto, sin plantear una cuestión federal ni declarar la inconstitucionalidad de la ley.
El camarista también mencionó que, tras la renuncia de su abogado particular, Páez designó a uno oficial y buscó apelar. Sostuvo que se sintió presionado a firmar el abreviado ante la expectativa de una condena en un juicio ordinario y por temor a perjudicar a los demás imputados que acordaron el abreviado.
