Una gravísima sospecha se centró sobre una conocida organización no gubernamental (ONG) que, desde hace varios años, brega por recuperar a jóvenes y adultos que cayeron en el infierno de las drogas y las adicciones. Un juez sospecha que en distintas filiales de la ONG Remar se utilizaba presuntamente el dinero obtenido de la venta de productos y muebles que los adictos en recuperación producen y fabrican en talleres.
La sospecha es que se trataba presuntamente de una explotación laboral contra cientos de personas en distintos puntos del país.
De allí que hay una investigación en marcha por presunta trata laboral de personas, un delito de naturaleza federal y que es castigado por la ley.
Gendarmería informó que al menos 403 personas fueron “rescatadas” en el marco de unos 32 allanamientos realizados en las últimas horas en distintos puntos del país.
Los procedimientos fueron realizados en Córdoba y en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.
Por caso, en la provincia puntana se inició la causa central que lleva adelante el fiscal federal Cristian Rachid y que supervisa el juez Juan Esteban Maqueda.
Fuentes con acceso a la causa señalaron a La Voz que la pesquisa se inició por una denuncia de una presunta víctima que trabajaba o se desempeñaba en esa ONG.
Hay al menos siete personas bajo sospecha judicial.
Por ahora, no se conocen las imputaciones. Todo hace presumir que la acusación sería por trata de personas. De todos modos, no se descarta que puedan existir otros delitos.
La trata de personas simple tiene una pena de 4 a 8 años. Sin embargo, la trata de personas cuando se consumó es agravada. Allí, la pena tiene un mínimo de 8 años y trepa hasta los 12 años.
“Han quedado demoradas. De un momento a otro se conocerán las imputaciones. Sucede que se están receptando muchas entrevistas a las víctimas y se están realizando diversas diligencias”, dijo un informante. “Puede haber más involucrados”, añadió una fuente con conocimiento de la pesquisa.
Desde la ONG Remar hay silencio.
Las consultas efectuadas para conocer la versión de los responsables de ese centro no han dado resultado, por el momento.
La peor sospecha
Pese al secreto de sumario, trascendió que la hipótesis central es que varios responsables de la ONG bajo sospecha se habrían aprovechado, desde hace tiempo, del trabajo que realizan adictas y adictos en recuperación, como parte de su tratamiento terapéutico para alejarse de las drogas. En ese marco, siempre según la sospecha de la fiscalía y de sus investigadores, el dinero o el usufructo de lo obtenido por las ventas de los productos fabricados iba a parar a unas pocas manos.
Desde el pasado martes se vienen realizando distintos allanamientos en sedes de Remar y en domicilios particulares de varios de sus responsables, según trascendió. También hubo procedimientos en granjas.
En Córdoba hubo allanamientos en Guiñazú, Río Ceballos, Salsipuedes, Río Cuarto y Las Higueras, entre otros sitios.
Para no frustrar la pesquisa hubo varias decenas de allanamientos en otras provincias.
Desde Gendarmería se indicó que se procedió al “al rescate de 403 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, siendo hombres y mujeres adultos, como así también menores de edad”.
Dinero y celulares
En paralelo, se secuestraron notebooks, computadoras, celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.
El dinero incautado fue de al menos 1.919.520 pesos argentinos, 9.140 dólares estadounidenses. Se sospecha que, conforme se realicen más procedimientos, es probable que se incaute más efectivo.
El juez Maqueda dispuso la prohibición de salida del país para siete personas y que no se acerquen a los lugares allanados ni tengan contacto con allegados a las víctimas.
En paralelo, dispuso que las víctimas queden a cargo de un programa de rescate y acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación.
“Sin ánimo de lucro”
En su página web, Remar informa que se trata de una ONG “sin ánimo de lucro” y con personas dedicadas “íntegramente a la ayuda humanitaria” que, en su mayoría, “han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia”.
Se indicó que la red cuenta con centros comunitarios para hombres y mujeres que realizan trabajos de “desintoxicación”. “Remar ha creado mas de 1.200 empresas pequeñas y medianas”, se indicó y se señala que hay talleres donde se fabrican productos para la venta.
