“Tienen que investigar por qué lo matan”, remarca Claudia, la hija de Claudio Torres (43), el presunto narcotraficante acribillado a balazos en la puerta de su domicilio, en barrio Fénix de Río Cuarto.
Aquel 16 de enero de 2019, Claudio Torres y Gabriel Bossi regresaban de Buenos Aires en un Audi TT. Bossi fue el primero en bajar del vehículo e ingresar a la vivienda de dos pisos de calle Laprida al 1200. Cuando descendió Torres, comenzaron los disparos. Las cámaras del lugar sólo muestran a lo lejos a una persona, que habría estado escondida tras un acoplado en la placita de enfrente. Se ve como dispara y se advierte que otros tiros que llegan desde un costado. Los asesinos, presuntos sicarios, huyen en un utilitario que apareció abandonado y semiquemado en las afueras de la ciudad.
Torres, quien desde 2014 era perseguido y vigilado por la Justicia Federal, al igual que todos los presuntos integrantes de una misma organización, murió a las pocas horas. Apenas días después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria produjo medio centenar de allanamientos en simultáneo, secuestró autos, joyas, armas, electrodomésticos y dinero. Primero se ordenó la detención del propio Bossi y los hermanos Rivarola. Luego fueron cayendo uno a uno los presuntos amigos del “zar”.
En febrero fue detenido quien estaba a cargo de la investigación del homicidio. El jefe de policía Gustavo Oyarzábal. Estalló el narcoescándalo.
Los principales integrantes de la banda estuvo a punto de ser juzgada en el Tribunal Oral Federal Número 2, la semana pasada. Pero llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Cambió la carátula. Antes estaban acusados de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, agravado, y lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad, en concurso real, lo que tendría un mínimo de pena de ocho años. Ahora fueron condenados por asociación ilícita. A algunos, incluso, se les quitó la calificante de habitualidad en el lavado de activos. Con todo, el que tuvo la condena más alta, Mariano Rivarola, fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión. Los condenados podrían haber sido multados a pagar entre el doble y 10 veces el equivalente al activo que lavaron. El que mayor monto debe afrontar es Andrés Rivarola, 27 millones, el doble de lo que admitió. Además, la Justicia decomisó dos departamentos, tres cocheras y algunas viviendas de los integrantes de la banda, así como 22 de los vehículos, siete relojes y dos anillos marca Bulgari.
Según la investigación del juez Carlos Ochoa, durante cinco años, los condenados traficaron droga proveniente de Paraguay, Bolivia, Buenos Aires y Santa Fe, tanto en Río Cuarto como en San Luis, el sur del país y hasta en Chile. En su oportunidad, se informó el secuestro de 60 autos y bienes por más de 19 millones de pesos, como presunto fruto del lavado de activos.
“Es una burla lo que hicieron en la Justicia. Sólo les interesa la plata, sacar los bienes. Les dieron muy poca pena y de la muerte de mi papá no se sabe nada. Todos los que están en la causa tienen que ver con la muerte de mi papá. La Justicia de acá no sirve, nosotros no conseguimos ni abogado. Yo espero la Justicia Divina, que sé que va a llegar”, expresó Claudia Torres, hija del hombre asesinado.
“Lo sacaron del medio”
Claudia cuenta que llevaba cuatro años sin hablarse con su padre cuando se enteró de que lo mataron. Ella estaba embarazada y tiene otra hija. Se fue a vivir con su pareja a la casa de calle Laprida, que en rigor era la casa de sus abuelos. Asegura que su pareja se dedica a la pintura de obras y, para vivir, vendió una moto que tenía para comprar heladeras y puso una despensa, hace dos semanas.
“La gente es mala, como puse una despensa ya dicen que vendo droga. Yo no tengo nada que ver con eso, si no, no estaría como estoy, los que tienen auto en mi familia, como mi mamá, lo tienen porque trabajan. Muchos hablan y no saben lo que pasamos, no nos apoyan para pedir justicia por mi papá. Nosotros no sabíamos qué hacía, nunca mostró nada. Pero si fue narco, tendría que haber pagado con cárcel y no asesinado”, reclama Claudia.
“Mi papá era un ser humano igual que todos. Nadie merece que le quiten la vida como a un perro, como se la quitaron a él. Si lo seguían hacía años, cómo no se dieron cuenta que lo iban a matar. Por qué vinieron los de la Justicia cuando ya estaba muerto. El era muy reservado, no nos contaba sus problemas, menos a mí”, expresó.
En la familia sospechan que a Torres “lo sacaron del medio”, porque “si caía preso podía caer un pez gordo” o que “alguna gente importante podía verse perjudicada”. Cabe recordar que el 5 de enero del 2019, en el teléfono personal del Jefe de unidad de PSA recibió un mensaje en el que le manifiestan que: “que conocen la existencia de la investigación que se pretende realizar procedimientos en el mes de febrero y si los mismos se llevan a cabo iban arremeter en contra de todos. 11 días después asesinaron a Torres.
La hija del hombre asesinado contó que luego de que su padre fuera llevado al hospital, donde murió, su casa sufrió una suerte de saqueo. Le llevaron hasta los perfumes. El primer jefe policial que llegó al lugar del hecho fue Oyarzábal. Es confuso cómo, junto con Bossi, retiró la grabación de las cámaras del lugar. Se le reprocha que no secuestró el Audi ni los teléfonos. Por esa y otras presuntas actitudes de complicidad resultó imputado en la causa. Ahora se reconoció partícipe para acceder al juicio abreviado.
“Yo no sé si lo mataron sicarios o policías, fue una traición. Me pone mal todo esto, en la Justicia nunca se preocuparon por quien lo mató, una vez vinieron por las cámaras y después nunca nadie se comunicó con nosotros. Yo vivo donde lo matan a él y tengo miedo hasta el día de hoy. Y voy a seguir teniendo miedo hasta que no sepa quién lo mató y por qué”, agrega la hija de Torres.
Más allá de la causa federal, que sigue su trámite en Río Cuarto para otro puñado de imputados, en la Justicia Provincial el fiscal Fernando Moine está a cargo de la investigación del homicidio de Torres.
“Hace dos años a esta fecha que hemos avanzado mucho con un arduo trabajo de la dirección de inteligencia operativa de Policía Judicial, con tareas de campo y secciones especializadas de dicha dirección”, aseguró Moine a La Voz.
El fiscal que investiga el homicidio dijo: “Estamos en una etapa de recepción de últimas probanzas y con base en ello vamos analizar detalladamente cada paso dado y a determinar si esa tarea conduce o no a alguna conclusión. Es todo lo que se puede informar, porque se debe preservar la prueba”, aseguró.
