Luego de que el presidente del Tribunal Oral Federal 2 rechazara la posibilidad de un juicio abreviado con penas atenuadas, la Justicia federal dispuso una nueva fecha de audiencia para la banda del denominado Narcoescándalo de Río Cuarto.
Se trata de la organización integrada por socios y amigos de Claudio Lorenzo Torres, el llamado “zar de la droga” que fue acribillado a balazos frente a su casa, el 16 de enero del 2019, cuando regresaba de Buenos Aires, en un Audi TT.
Los imputados que llegaron a juicio son: Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Gabriel Bossi y Cristian Ortiz, presuntos coautores del delito de organización y financiamiento de narcolavado, cometido con habitualidad entre 2014 y 2019.
Sus cómplices primarios serían: Cristian Berti, Franco Soffli, Jorge Etcharren, Mariano Peirano, Marcelino Mansilla, Luz Montoya, María López de Bravo, Rodrigo Marcial Villar Benítez y Gustavo Oyarzábal, ex jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba.
El inicio del juicio oral estaba previsto para octubre de 2021, pero 13 imputados reconocieron los hechos para tratar de acceder a un juicio abreviado y lograr penas inferiores a los cinco años y medio. Firmaron un acuerdo con el Fiscal General Carlos Gonella. Pero finalmente esa posibilidad fue rechazada por el presidente del Tribunal, Carlos Lascano.
El magistrado Lascano rechazó la calificación de asociación ilícita propuesta por Gonella y no homologó el convenio. Para el fiscal, en tanto, “no estuvo bien fundada” la resolución del juez y aún no se descarta definitivamente un abreviado.
El 3 de febrero, el Tribunal Oral Federal 2 estará integrado por los jueces María Noel Costa, Fabián Asís y un juez que debe designar la presidencia de Casación Penal (posiblemente sea un integrante del Tribunal Oral Federal Número 1). Ese cuerpo colegiado será el encargado de decidir si se homologa la propuesta del fiscal y la defensa de los 13 imputados, o si finalmente se desarrolla el juicio oral, con la calificación más grave.
La investigación del Narcoescándalo en el sur provincial y varias provincias fue iniciada en 2014 por gendarmes que terminaron presos. Tras una serie de avances fallidos, filtraciones de escuchas y causas conexas, recién se potenció en coincidencia con el asesinato de Torres, en 2019. Allí se produjeron las detenciones y un millonario secuestro de vehículos.
Millones y fiestas
La hipótesis del juez Carlos Ochoa, de Río Cuarto, es que durante cinco años, la organización habría financiado y operado circuitos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de toneladas de cocaína y marihuana en el país y en el exterior. La compra y venta de autos de alta gama habría servido a los cabecillas para trasladar drogas y lavar activos, según la acusación.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) estimó que, durante el período 2014-2019, Claudio Torres debió contar con fondos de origen desconocido por la suma total de al menos 4,8 millones de pesos para solventar las erogaciones que se le comprobaron.
Según Ochoa, la banda riocuartense compraba marihuana y cocaína en Nordelta, José C. Paz, Tortuguitas, Pilar, Avellaneda (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), San Vicente (Misiones), Clorinda (Formosa) y Jujuy, y en Bolivia y en Paraguay. La sustancia era almacenada en Río Cuarto (presuntamente con protección policial) y redistribuida tanto en la ciudad como en Puerto Madryn (Chubut), en San Luis, en Buenos Aires y en Chile.
La elevación a juicio del narcolavado revela el estilo de vida de los acusados. Cita escuchas a Torres cuando coordinaba acciones para la inminente boda con su novia, Yamila Ledesma. Detalles, como que la mujer tenía un anillo Bulgari valuado en 500 mil pesos. Y que Torres habría realizado contrataciones de dos conocidas bandas de música para la fiesta: Jean Carlos y La Barra (la primera, por 300 mil pesos), que pagaría en efectivo.
La pata policial
Entre los 13 imputados, en la primera parte de la causa elevada a juicio, figura Gustavo Oyarzábal el ex jefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de Policía. Se le atribuye haber brindado protección a la organización ilícita investigada, valiéndose de su calidad de funcionario policial y de su cargo.
Un investigador testimonió que un “amigo” del jefe policial, no identificado, habría manifestado que “Oyarzabal es oreja de Claudio Torres, le pasa toda la info, además el tipo dice que si se entera que alguna fuerza lo está investigando, no le cuesta nada ponerle un kilo de merca en el auto y hacerle un control en la esquina de su casa”.
Por su parte, la defensa de Oyarzábal siempre argumentó que el imputado no tenía injerencia en el tema drogas y que a varios supuestos miembros de la banda los detuvo años atrás por otros delitos (por ejemplo a Bossi, por robo de cajas fuertes). En una segunda parte de la causa, para la que aún no existe requisitoria, Ochoa tiene imputado como presunto encubridor de la banda de narcolavado a Sergio Almerich, ex jefe de la Policía Federal en Río Cuarto y suegro de uno de los imputados (Jonathan Monserrat).
Carátula y diferencias
La resolución del presidente del TOF 2, Carlos Lascano, dejó sentada “una discrepancia insalvable” con la carátula de “asociación ilícita” convenida por el fiscal y la partes para facilitar el acuerdo (al tener una pena menor a seis años permite el juicio abreviado).
Para Lascano es correcta la calificación del juez Ochoa que alude a una organización destinada a financiar actividades propias del narcotráfico y al lavado de activos.
Opinó, además, que debe declararse la reincidencia a los procesados Mariano Rivarola, Cristian Ortiz, Samuel Mansilla y Gabriel Bossi (por condenas anteriores de robo, como el famoso asalto a la mutual de Devoto y otros delitos).
Además, planteó que Mariano Rivarola y Cristian Ortiz, deberían responder por el delito de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, “en concurso real con el transporte de estupefacientes agravado”, porque habrían actuado como coordinadores del transporte de 3,5 toneladas de marihuana desde Misiones a Córdoba (en la causa denominada “Yerba Mala”).
Con todo, Lascano juzgó necesario “un mejor conocimiento de los hechos ilícitos que se le endilgan a los imputados, lo que implica consecuentemente la necesidad de la realización del juicio, donde el Tribunal recepte las pruebas y las partes puedan alegar”.
Para el fiscal Gonella, en cambio, “no está previsto en la ley rechazar un abreviado porque prospera la reincidencia, y las partes no lo pidieron”. “Según el artículo 431 bis, el Tribunal sólo puede rechazar el acuerdo porque se necesita profundizar el conocimiento de los hechos o porque no se está de acuerdo con la calificación legal”, expresó.
Gonella consideró “absolutamente improcedente” que un hecho de transporte de estupefacientes sea imputado como un hecho independiente (lo que agravaría la pena e impediría el abreviado). “El hecho de transporte no está atribuido así en el requerimiento, como hecho independiente, en la acusación. La única calificación legal que hay en el requerimiento es organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, más lavado de activos, en algunos casos, y nada más, no se puede rechazar un abreviado con ese argumento”, dijo Gonella.
Con todo, a tres años del crimen de Claudio Torres, en febrero se decidirá el destino de sus amigos, conocidos o socios. Para la hija del zar “el acuerdo es una burla” y debe hacerse un juicio oral “para que se esclarezca todo”.
“Yo hacía años que no me hablaba con él, pero mi papá era un narco que tendría que haber ido preso y no estar asesinado(…). Yo no sé si lo mataron sicarios o policías, para mí fue una traición”, dijo Claudia Torres a La Voz. En la familia creen que a Torres lo mataron porque “si iba preso podía caer un pez gordo”.
