Los hermanos y empresarios villamarienses Carlos Alberto Moro (65) y Eduardo Moro (68) murieron antes de que la Justicia los juzgara. Habían sido enviados a juicio en 2021 por presunta explotación laboral de 45 personas, entre extranjeros y menores de edad, en sus cortaderos de ladrillos.
En un fallo unipersonal de la jueza Carolina Prado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital declaró extinguida la acción penal de ambos (fallecieron por problemas de salud) y los sobreseyó por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
En la causa, sin embargo, hay otros dos imputados enviados a juicio: los bolivianos Raimundo Condori Gutiérrez (52) y Agustín Chipana Galarsa (57).
Explotación en cortaderos de ladrillos
La investigación comenzó de oficio cuando la fiscal federal de Villa María, María Schianni, tomó conocimiento de un artículo publicado por El Diario del Centro del País. En él, Juan Carlos Inglese, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), denunció malas condicionales laborales, trabajo infantil y esclavo en varios cortaderos de la zona.
El gremialista declaró en términos contundentes sobre el predio de los Moro. Los efectivos de la Policía Federal detectaron que en el campo de los hermanos funcionaban entre 10 a 15 cortaderos de ladrillos a razón de dos familias bolivianas por cada uno.
Los trabajadores, la mayoría bolivianos con residencia irregular en el país, manifestaron no solo que no contaban con documentos sino que las condiciones en las que trabajaban eran malas y con salarios muy bajos por agobiantes jornadas.
Incluso expusieron que su circunstancia en Córdoba era peor que en su país de origen.
Los efectivos constataron que en los cortaderos trabajaban también mujeres y hasta niños en pésimas condiciones de higiene y seguridad, sin agua potable y con instalaciones eléctricas precarias y peligrosas.
La Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de Córdoba entrevistó a 59 trabajadores que describieron las terribles condiciones.
La fiscal estableció que los Moro y Galarsa y Gutiérrez habrían explotado a las víctimas desde abril de 2015 en un campo de 1.000 metros sobre la ruta nacional 9, en el paraje Boliche El Palo.
Los hermanos los habrían acogido en los hornos y cortaderos abusando de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban por ser inmigrantes, su escasa o nula educación, su dificultad para encontrar trabajo y su extrema pobreza.
Les habrían prohibido toda comunicación con personas ajenas al lugar o no autorizadas por ellos.
Durante las largas jornadas, las víctimas realizaban la extracción de grandes cantidades de tierra y la posterior fabricación, cortado y horneado de ladrillos sin elementos de seguridad.
Los damnificados también contaban con la ayuda de sus hijos menores. “Es habitual en la cultura familiar boliviana, sin que ello implique criminalización alguna de sus padres por esta idiosincrasia, no así de los imputados”, diferenció la fiscal.
A las terribles condiciones laborales se sumaban las de residencia. Las habitaciones eran de barro, con techos de chapa sostenidos por neumáticos y troncos, sin aberturas, con piso de tierra y con conexiones de electricidad en condiciones sumamente peligrosas.
No contaban con agua potable, los baños estaban situados a varios metros de los ranchos (igualmente construidos con paredes de barro), sin techo ni canillas, y con un pozo en la tierra a modo de letrina.
Para la fiscal, los cuatro imputados se aprovecharon de la situación de las víctimas, ya que actuaban como “patrones” o “empleadores”.
Les habrían hecho firmar contratos de locación, en una disparidad de poder entre las partes, según los cuales podrían cobrarse con los mismos ladrillos producidos, de modo que, para poder continuar permaneciendo en ese lugar, los damnificados debían potenciar la cantidad de ladrillos fabricados para llegar al pago requerido.
La Policía secuestró los contratos incriminatorios, como así también anotadores, recibos de dinero por los porcentajes pagados por las ventas de ladrillos y el movimiento de los productos.
Qué versión dieron los hermanos empresarios
Los hermanos dieron su versión. Carlos Moro declaró que las víctimas trabajaban y vivían “libremente” en los cortaderos y que no tenía nada que ver con la venta de ladrillos. Sin embargo, luego señaló que él únicamente intervenía en retirar su porcentaje, y que la causa respondía en realidad a una “acusación política” del gremialista Inglese.
Su hermano, Eduardo, brindó una versión casi calcada: sostuvo que los damnificados tenían absoluta libertad ambulatoria y laboral y que no dependían de ellos sino que, simplemente, les alquilaban una parcela de tierra. En tanto, los otros dos acusados se abstuvieron de declarar.
No obstante, la fiscal aseguró que el amplio caudal probatorio le permitió enviarlos a juicio en 2021 por la responsabilidad de los acusados, “todo ello en desmedro de lo manifestado por los hermanos”.
El drama de los cortaderos
La vulnerabilidad, pobreza y explotación laboral extrema se repiten, año tras año, en las causas que son enviadas a juicio en Córdoba.
Por caso, en 2020, el mismo tribunal federal de Córdoba (aunque con otra conformación) condenó a Félix Laime Huallpa, un productor de ladrillos a cuatro años y ocho meses de prisión por trata laboral agravada.
Los jueces también lo obligaron a indemnizar a las víctimas del cortadero de ladrillos, situado en la localidad de San Marcos Sud, con el monto de cuatro salarios mínimo vital y móvil.
