Un giro inesperado se produjo este miércoles en la causa que investiga la muerte de Guillermo Bustamante (39), ocurrida el 24 de marzo durante un operativo policial en una estación de servicio de barrio Villa Páez, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
El fiscal Guillermo González, a cargo de la investigación, anunció que, tras analizar nuevas pruebas periciales aportadas por el Instituto de Medicina Forense, se modificó la calificación legal del hecho.
El caso pasó de ser investigado como “homicidio calificado” a un “homicidio preterintencional”, lo que implica que no hubo intención de matar por parte de los policías imputados.
Como consecuencia: el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín (estaban imputados por el delito de “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de coautores”) recuperaron la libertad.
También lo hicieron el oficial inspector Walter Perfumo (estaba imputado por “encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor”), y el sargento Mariano Córdoba (había sido acusado de “omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor”).
Vale remarcar que si bien todos recuperaron su libertad continúan sujetos al proceso judicial con medidas restrictivas, según la información aportada por la fiscalía.
Un cambio clave en la investigación
En un comunicado oficial, el fiscal señaló que, a la luz de las nuevas evidencias y en conjunto con el resto de la prueba incorporada, se pudo advertir “la ausencia de dolo directo o eventual” por parte de los uniformados de producir la muerte de la víctima.
Por lo tanto, el funcionario resolvió cambiar la calificación de los hechos a “homicidio preterintencional”.
Además, destacó que, al no existir riesgo de fuga y considerando que los agentes carecen de antecedentes penales, se decidió liberarlos bajo condiciones, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.
Este cambio legal reduce significativamente las posibles penas: mientras el homicidio calificado por abuso de función policial contempla prisión perpetua, el homicidio preterintencional (cuando la muerte se produce sin intención, pero como consecuencia de un accionar violento) tiene una escala de 3 a 6 años de prisión.
Reacciones encontradas
Agustina Escotorin, viuda de la víctima, había expresado su deseo de que “todos los responsables paguen por lo que hicieron”. Y había sostenido que su marido había muerto a raíz de la “brutalidad policial”. Ahora esos policías pasarán a estar en libertad, a pesar de que la investigación no concluyó del todo.
En contrapartida, desde el Ministerio de Seguridad hubo un mensaje de apoyo a la tropa policial desde el primer minuto.
El ministro Juan Pablo Quinteros se había dirigido a los policías y les había señalado que se “debe seguir cumpliendo con el deber”. Además, el funcionario sostuvo en aquel entonces que el fiscal contaba con todos los elementos para avanzar con la investigación.
En Seguridad esperaban que la etapa de la investigación avanzara con la seguridad de llegar a este resultado.
Se prevé que la defensa de la viuda de la víctima, encarnada por el abogado Carlos Nayi, se oponga a esta medida instruida por el fiscal González.
¿Qué pasó esa madrugada en la estación de servicio?
Según las pruebas recabadas, Bustamante llegó a la estación de avenida Octavio Pinto y Mariano Castex cerca de las 3 de la madrugada. Tras una discusión con un playero por la falta o la demora con el pago de combustible, el empleado llamó a un oficial policial allegado en lugar de contactar al 911.
Minutos después, 15 efectivos llegaron al lugar en móviles. Testigos y cámaras de seguridad muestran que Bustamante fue reducido con violencia y que, en ese forcejeo, perdió la vida.
El informe forense inicial había señalado traumatismos severos, pero la nueva pericia determinó que la muerte se produjo por “falla cardiorrespiratoria aguda” durante la reducción, sin que –en principio– mediara un ataque deliberado para matarlo.
En declaraciones a la prensa, el abogado Federico Pizzicari, quien representa a uno de los acusados, señaló que la muerte de Bustamante “no había sido producto del personal policial, ni de golpes, ni de nada referente al accionar de ellos”. Remarcó el letrado que el fallecimiento se debió a un infarto vinculado a problemas cardíacos preexistentes de Bustamante y que se le encontraron drogas y alcohol en sangre.
Aunque los policías ya no están detenidos, la investigación no está cerrada.
El fiscal González sigue analizando los registros de llamadas entre los efectivos para determinar si hubo encubrimiento. Además, los pesquisas cuentan con un gran número de testimonios que puedan aportar más detalles sobre el operativo.
