Actuando como cámara de acusación, la Cámara del Crimen de Villa Dolores morigeró la calificación legal a los tres policías acusados por la muerte del joven Jonathan Romo (31), quien falleció mientras era detenido y sufría un brote psicótico en la comisaría de La Falda, en julio de 2022.
De estar acusados por un homicidio calificado (doloso), los uniformados ahora quedaron imputados por un homicidio cometido por imprudencia (culposo).
El tribunal dolorense, integrado por los vocales Santiago Camogli Roque, Raúl Alejandro Castro y Carlos Rolando Escudero, analizó la apelación presentada por las defensas de los tres policías acusados –Miguel Ángel Aguilera, Hernán Ezequiel Suárez Guevara y Walter Darío Geri–, desechó la calificación legal de “homicidio calificado por el ejercicio funcional” y la cambió a “homicidio cometido con exceso de los límites impuestos por la ley y la necesidad en el ejercicio de un cargo”.
De acuerdo a esto, los tres policías ahora afrontarán el juicio con una muerte culposa y con una pena de prisión reducida (de hasta cinco años de prisión), muy inferior a la posibilidad de una perpetua, como se planteaba hasta ahora.
Hay que aclarar que de la acusación de este homicidio ya había sido excluido por falta mérito un cuarto policía, Juan Pablo Zunino.
La apelación fue presentada por los abogados Pedro Despouy Santoro y Eduardo Rodríguez Aramburu (por Aguilera, Guevara y Zunino) y Emilio Aphalo (por Geri).
Por otra parte, como consecuencia de este cambio, hubo otra modificación en el expediente que va a juicio: otros dos uniformados que supuestamente habrían alterado las actas de la comisaría, Pablo Antonio Zárate y Lucas Emanuel Giménez, también fueron beneficiados por una figura más benigna: de “encubrimiento agravado” pasaron a “encubrimiento calificado por la calidad de funcionario público”.
En este caso, la escala penal es de entre seis meses a tres años de prisión, en lugar de seis meses a seis años.
Alivianar la acusación de homicidio
El tribunal de alzada resuelve que debe alivianarse la figura de la acusación del homicidio –y consecuentemente la del encubrimiento– porque los policías cometieron una negligencia, un descuido o una imprudencia.
Instruye para que los uniformados reciban capacitación para abordar estas situaciones de manera más adecuada, sabiendo adónde llevar a una persona en crisis: a un centro de salud y no a una comisaría.
En todo caso, concluyen los vocales dolorenses que los acusados incurrieron en una conducta negligente o culposa, no dolosa.
Al respecto, el defensor Despouy Santoro señaló que “la carencia de capacitación del personal policial para actuar frente a este tipo de casos no es una omisión personal, sino una deficiencia estructural atribuible al Estado”.
Luego, el penalista completó: “Hablamos de coculpabilidad institucional que limita el reproche penal cuando el propio Estado ha coadyuvado al resultado por omisión formativa, enviando a la calle agentes que no conocen los protocolos de intervención policial”.
La acusación original había sido formulada, en torno a un homicidio calificado, por el fiscal Raúl Ramírez.
Ahora, la decisión de la Cámara de Villa Dolores dispone la realización del juicio con estas figuras penales definitivas.
Hay que aclarar que esta decisión no se puede casar porque es irrecurrible. Por esto, está dispuesto que el juicio se hará en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje.
El hecho
Todo sucedió el domingo 10 de julio de 2022 en La Falda.
Eran las 16, cuando una comerciante llamó a la comisaría para alertar que Jonathan Oscar Romo, un conocido vecino con problemas de adicción, había entrado a su despensa en estado de exaltación, según dijo.
Adujo que el muchacho balbuceaba incoherencias y que había comenzado a provocar daños. El joven fue echado del local y, ya en la calle, su estado se agravó.
Fue en ese momento cuando arribaron policías en patrulleros.
Según el fiscal instructor Ramírez, haciendo “un uso arbitrario” de las funciones, comenzaron a forcejear con Romo hasta aprisionarlo boca abajo, en el suelo, mientras le ponían las rodillas encima. En ese momento, le pusieron los brazos hacia atrás y lo esposaron.
Otros policías, en tanto, se sumaron a la detención. Hubo golpes en zonas que afectaban la respiración.
Para el funcionario, fueron maniobras “inadecuadas, exageradas y violatorias” a los derechos humanos.
Ya reducido, el muchacho fue trasladado en un patrullero a la comisaría local y no a un centro de salud.
En la parte trasera de la dependencia (lejos de las miradas de eventuales testigos), los policías comenzaron a gritarle “tranquilizate, quedate quieto, cortala, quedate quieto”.
De acuerdo a la fiscalía, mientras el detenido estaba en absoluto estado de “indefensión” –reducido con sus brazos hacia atrás, con las esposas puestas y en estado de crisis y exaltación–, hubo más golpes.
Para el fiscal, los uniformados tuvieron la “intención de quitarle la vida y le asestaron golpes al aprehendido en zonas que afectaban su capacidad respiratoria”. Acto seguido, lo llevaron a la sala de requisa, donde lo pusieron boca abajo en el suelo.
Sin sacarle las esposas, continuaron dándole cachetazos y golpes. El muchacho gritaba: “¡Basta, no me peguen más! Déjenme c…”.
En ese momento, Romo comenzó a respirar con más dificultad y murió.
Cuando se llamó a la ambulancia, ya era demasiado tarde.
