El juez de Control Milton Peralta analiza un requerimiento de elevación a juicio que en mayo pasado presentó el fiscal de Delitos Complejos Nº 1 de Córdoba, Enrique Gavier, en una de las megacausas de delitos económicos más trascendentes de la historia reciente de la Capital.
Este expediente representa un nuevo tramo de la extensa investigación que llevó a condenas previas al titular de Zárate Construcciones, Francisco Scudieri, quien recuperó la libertad en 2024 tras dos juicios abreviados en los cuales admitió su responsabilidad.
La causa que ahora está en manos del juez Peralta busca llevar al banquillo de los acusados a 10 personas que serían “cómplices” de Scudieri, sin que este entre a este juicio.
Entre estos 10 acusados se encuentran profesionales de alto perfil y empresarios. Los imputados son el reconocido abogado concursal Fabián Gabriel Barberá (59) y sus colegas Matías Augusto Cavallo (35) y Leonardo Díaz O’Kelly (72); los contadores Marcelo Fabián Alessandrini (60) y Federico Schibli (40); el escribano Daniel Emilio Ahumada (69), y los empresarios Lucas Martín Russo (45), Juan Alexis Michan (50), Dante Vega (70) y Erika Romina Aguilera (39).
A varios de ellos se les imputa haber formado parte de la “asociación ilícita” liderada por Scudieri. A otros se les acusa de delitos como “estafa procesal” -en relación con el concurso preventivo y vaciamiento de la firma Rovi SA- y “falsedad ideológica”, por la adulteración de documentos de compraventa de inmuebles.
Este tramo de la investigación de Gavier, que espera definir el juicio, profundiza en las maniobras fraudulentas que Scudieri ya había confesado. Las estafas consistían en publicitar la venta de materiales de acopio a partir de 2010, para captar fondos de los clientes que luego eran desviados a otras sociedades. Esto descapitalizó primero a Zárate y luego a Rovi SA, lo que dejó a cientos de clientes sin la posibilidad de reclamar los materiales que habían pagado.
En este requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Gavier detalla cómo la asociación ilícita se fortaleció en 2018 con la incorporación del abogado Fabián Barberá y los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli. Según la acusación, estos profesionales se sumaron a la organización por pedido de Scudieri, con el objetivo de “sanear la situación apremiante por la que transitaba Rovi SA” debido a los constantes desvíos de activos.
Barberá y Alessandrini, por fraude del concurso
En mayo de 2018 –según la investigación del fiscal– se habría sumado a la asociación criminal, a título de jefe, el abogado Fabián Barberá y, asimismo, los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli, estos dos en carácter de miembros. Los tres habrían sido requeridos por Scudieri “con la finalidad de sanear la situación apremiante por la que transitaba Rovi SA, derivada de los problemas económicos y financieros en que los propios encartados la habían sumido con los constantes desvíos activos”.
Así, Fabián Barberá y los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli se habrían plegado a la banda y habrían asumido como parte del plan “la comisión de indeterminados delitos contra la fe pública, la administración de justicia y la propiedad”, dice Gavier.
De acuerdo con el requerimiento del fiscal Gavier, Alessandrini, Barberá y Schibli están imputados por “asociación ilícita” y “estafa procesal”. En el caso del abogado, se lo sindica como autor y jefe de la asociación; a Alessandrini y Schibli, se les adjudica ser miembros y partícipes necesarios.
Engaño al juez
La acusación de estafa procesal se basa en un plan fraudulento diseñado para engañar al juez en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación, Concursos y Sociedades de Córdoba.
El fiscal Gavier sostiene que el juez fue “inducido en error” por los documentos presentados, lo que lo llevó a declarar abierto el concurso preventivo de Rovi SA en marzo de 2019. Esta maniobra habría perjudicado a los acreedores de la firma, ya que el concurso no reflejaba la verdadera situación patrimonial de la compañía.
Cerca de 200 compradores “por acopio” de materiales de construcción, representados por Carlos Nayi, fueron los damnificados.
En noviembre de 2023, Gavier ya había intentado aplicar prisión preventiva a Alessandrini y Barberá, pero el juez de control Manuel Sebastián Ayán les había concedido la libertad bajo fianza.
Ahumada, Michan y Aguilera, por falsedad ideológica
En el tercer hecho descripto por Gavier, hay dos partícipes principales, según el instructor: el empresario Juan Alexis Michan y el escribano Daniel Ahumada (este con condena no firme en el caso “Torres del Río”) y una intermediaria, Erika Aguilera.
Gavier les reprocha ser coautores de “falsedad ideológica”, por la adulteración de documentos para la comercialización de inmuebles. Según la investigación, se consignaron datos presuntamente falsos en escrituras públicas para ocultar bienes de la firma Rovi SA al concurso preventivo y así perjudicar a los acreedores. En concreto, se trató del traspaso de una cochera adquirida finalmente por Michan.
Esto significa que habrían colaborado para crear documentos que, sin ser materialmente falsos, contienen información que no es verídica, con la intención de encubrir las maniobras fraudulentas. La rúbrica del notario Ahumada en estas escrituras es un elemento central en la acusación.
Oposición
Casualmente, el recurso de oposición a la elevación a juicio -que está analizando el juez Peralta- tiene que ver sólo con este tercer hecho. A su vez, los tres acusados formulan, cada uno, un planteo diferente.
El escribano Ahumada se opone a los hechos y discute la prueba, Aguilera pidió una suspensión del juicio a prueba (una probation), mientras que Michan reconoce los hechos de la acusación y pide un juicio abreviado.
Michan es un empresario del rubro desarrollista, apoderado de YMK SA, una empresa vinculada a la administración de centros comerciales y shoppings; entre ellos, Patio Olmos.
Los antecedentes de Scudieri
Francisco Scudieri estuvo involucrado en varias causas investigadas por el fiscal Gavier. Además de ser condenado a tres años de prisión por el intento de apropiación de un inmueble en Alvear 683 (colindante con la casa central de Zárate) por falsedad ideológica continuada y reiterada, también recibió dos condenas por evasión tributaria y quedó involucrado en las maniobras de vaciamiento de su empresa.
Finalmente, en 2023 fue condenado en dos juicios abreviados, en los que el empresario confesó las maniobras de retención de tributos y aceptó la pena. Los delitos por los que fue condenado incluyen estafas reiteradas y asociación ilícita.
En esos dos juicios de 2023, confesó las estafas y resarció a unos 200 damnificados, lo que le valió una condena unificada de seis años y ocho meses de prisión.
