Desde mediados de la década pasada, especialmente los fiscales del crimen del Distrito 1 de la ciudad de Córdoba vienen realizando reiterados procedimientos para erradicar bandas que estafan a las dos principales obras sociales públicas a partir del retiro indebido del medicamento para su comercialización en el circuito clandestino.
La semana que pasó, el fiscal del Turno 6 de este distrito, José Bringas, ordenó una serie de allanamientos que terminaron con el secuestro de medicamentos sustraídos al circuito legal del seguro de salud provincial –Apross– y también de la obra social de jubilados nacionales, Pami. Además de detenidos y de la incautación de material probatorio abundante para la consumación de las estafas, se volvió a detectar la existencia de mecanismos utilizados para extraer de modo fraudulento costosos medicamentos que deben ser entregados directamente a los beneficiarios que los necesitan.
Los insumos más “cotizados” por estas bandas son los medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes, la insulina; aquellos que se prescriben para la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas; las drogas oncológicas para el atender diversos tipos de cáncer; y algunos insumos utilizados en enfermedades “raras”.
Son los fármacos que en una dosis pueden alcanzar presupuestos muy elevados y, por eso, son los más buscados por los inescrupulosos. La tentación es vender por cientos de miles, lo que vale millones.
La semana que pasó volvieron estas maniobras que rápidamente fueron conjuradas por la investigación del equipo de Bringas y una serie de organismos de investigación de la Justicia, el Apross la Policía Judicial y la Policía.
Al finalizar esos procedimientos, la Oficina de Prevención de Fraudes de Apross (que inició la investigación) emitió un comunicado que reseñó: “La maniobra denunciada consistió en la confección y utilización de recetas médicas falsas, tanto en formato papel como electrónico, para la prescripción de medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes, tales como insulina y tiras reactivas. Estas recetas fueron emitidas a nombre de afiliados de Apross empadronados con esta patología, quienes desconocen los consumos registrados a su nombre”.
La preocupación de fondo
Los investigadores policiales y judiciales están familiarizados con estos procedimientos y saben que deben esmerarse para encontrar a los responsables de estas maniobras que provocan un impacto económico en el sistema de salud, particularmente en las prestadoras de Provincia y Nación.
Señalan que no encuentran médicos entre los inescrupulosos –normalmente les falsifican las firmas o el sello–, sino particulares que conocen secretos del sistema sanitario y que se aprovechan de ese conocimiento para fraguar situaciones y sustraer medicamentos.
“El motor de todo es la codicia”, comentó un operador judicial familiarizado con este fenómeno.
Pero esos investigadores manifiestan que hay una preocupación mayor, un peligro que no se cuantifica en dinero y que impacta con mayor incidencia en la salud pública.
Ese peligro está representado por el “mercado negro” que se conforma con los stocks de medicamentos sustraídos. Y la potencialidad de ese peligro tiene que ver con que esos medicamentos, una vez sustraídos, pierden trazabilidad y se deteriora la cadena de custodia que los preserva con sus propiedades farmacológicas intactas.
Habitualmente, en el mercado negro, quien compra algo robado está fomentando que siga el robo y todas sus consecuencias. A veces, no se piensa, pero puede comprarse un teléfono celular que costó una vida.
En el caso del robo de medicamentos, la gravedad es mayor a la del costo del producto: además del dinero que pierde el sistema, esos medicamentos pierden trazabilidad y ya no es posible garantizar sus propiedades. Menos, la suerte del paciente.
Nadie compraría una droga oncológica para un familiar más barata al mercado negro si sospecha que la efectividad va a ser baja, o nula. ¿Alguien encararía una quimioterapia si sabe que la droga no es (del todo) efectiva? Los ejemplos para otras drogas y otras dolencias, son muchos.
La pérdida de la trazabilidad, sostienen los investigadores, implica el destrato absoluto del medicamento: no se sabe por qué manos pasa, el tiempo que está sin custodia y la conservación de la cadena de frío, por citar algunos aspectos.
Al mercado negro lo mueve el afán de lucro, no la intención de que esos medicamentos sigan siendo efectivos para un tratamiento. Particulares y “otros agentes” vinculados a la salud tranzan con este negocio para ahorrar o pagar menos, adquiriendo o volviendo a insertar este tipo de medicamentos en el circuito sanitario.
Variable económica
Según los investigadores, se habla de “obras sociales chicas” (sin especificar) que muchas veces se enfrentan con patologías de alto costo y necesitan afrontarlas con una cuota elevada de afiliados, con su aporte. Para no sufrir desequilibrios económicos o zozobras financieras, suelen tentarse con el mercado negro: “Si para cubrir un medicamento habitualmente tienen que gastar el aporte de 200 afiliados, a veces con el valor de cinco aportantes lo consiguen en el mercado negro”, refieren las fuentes a modo de ejemplo.
“No es el Apross, ni el Estado el que incurre en esto. Estas instituciones son las que pagan para comprar los insumos de primera línea porque son los que tienen mayor capacidad de adquisición de medicamentos”. En todo caso, estas entidades, por acumular mayores cantidades de stocks, son víctimas del ataque de los inescrupulosos.
La denuncia del fraude al Apross partió desde su organismo de control, si bien nunca se desmiente que puede haber algún “pícaro” o infiel dentro de sus filas.
Desde las instituciones prestadoras de salud, siempre se confía en el pedido de un paciente sobre la dolencia que señala tener. Muchos de los fraudes ocurren a partir de falsear estas realidades.
La sustracción de decenas de dosis de insulina a una obra social por parte de una banda –usando identidades falsas– pueden nutrir un interesante stock para comercializar en el circuito clandestino. Pero por mentir una situación, obtener un rédito económico, se cae en lo más peligroso: el deterioro de la calidad del insumo que termina perjudicando la salud de los incautos pacientes.
La Voz consultó si, más allá de esto, en alguna situación el inescrupuloso puede preservar la cadena de frío y otras condiciones para conservar los medicamentos apartados del circuito legal. La respuesta fue negativa: “No respetan esas condiciones porque son encargos interprovinciales, con organizaciones que exceden lo local”, comentaron.
Para citar un ejemplo, entre los cientos de blisters que se secuestran en condiciones indebidas de preservación, se cita el de un cargamento de drogas oncológicas –que requieren cadena de frío– que estaban dentro del baúl de un auto, al rayo del sol.
También debe tenerse cuidado con los medicamentos que “sobran” cuando finaliza un tratamiento o el paciente fallece. Esas drogas muchas veces caen en manos de personas que –de modo inocente o doloso– las introducen en el mercado negro.
Preocupados por este fenómeno, quienes pretenden combatir estos males definen así la situación: “Si encargo un medicamento al mercado negro porque es más barato, debo considerar si le estoy dando a mi familiar una mejor oportunidad para curarse o para asegurarle una mejor calidad de vida”.
