El círculo de la persecución penal sigue extendiéndose y ya son siete los detenidos en la causa por presuntas estafas inmobiliarias de Márquez y Asociados que investiga el fiscal de Delitos Complejos Nº 1 de Córdoba, Enrique Gavier.
Este martes se conoció que quien se desempeñaba como gerente comercial, Matías Acevedo, también fue privado de la libertad por su supuesta vinculación con las maniobras defraudatorias.
Además de los socios titulares Ariel y Juan Pablo Márquez y dos de sus hermanos, también había sido detenido el mes pasado el contador de la firma Ramiro Sebastián “Capi” Nieva, cuñado de Juan Pablo.
Además, la semana anterior el hermano del contador, Matías Nieva, fue allanado en su casa de Santa Catalina y privado de la libertad. Se le asignaban tareas de conducción una vez que los titulares de la desarrollista fueron enviados a la cárcel de Bouwer.
La captura del gerente Acevedo amplía la cadena de presuntas responsabilidades a la línea de directivos medios de la empresa, un empleado de alto rango jerárquico que habría tenido un papel clave en las decisiones de la firma.
Si bien en un principio se mencionó que Acevedo no formaba parte de “la familia” de los directivos, La Voz comprobó que Acevedo también es cuñado de los directivos porque está en pareja con Gabriela Márquez, hermana de Ariel, Juan Pablo, Matías y Lucas Márquez.
La causa Márquez y Asociados estalló en el primer trimestre de este año cuando se acumularon cientos de denuncias de particulares que reclaman la construcción o terminación de sus viviendas, muchas de ellas pagadas en su totalidad.
Tras asignarse las actuaciones a Gavier, este lanzó en abril una primera andanada de allanamientos en los que terminó deteniendo a los cuatro hermanos Márquez y al contador Nieva.
Posteriormente, mientras continuaban ingresando denuncias de diferentes estudios jurídicos, el Ministerio Público habilitó un formulario web para que los particulares puedan realizar sus propias presentaciones, sin patrocinio legal.
En la actualidad, se han acumulado miles de reclamos en sede penal, al tiempo que se señala que habría entre 10 mil y 20 mil casas sin entregar.
Por otra parte, en el fuero civil se dictó la quiebra de la empresa, con síndicos designados por la Justicia provincial.
