Se cumplen 20 años de una de las desapariciones más enigmáticas en la historia judicial de Córdoba.
El 28 de septiembre de 2005, Mariela Alejandra Bessonart, de 38 años, fue vista por última vez en Villa María. Su caso es un rompecabezas de indicios sin la pieza central: el cuerpo de la víctima.
Lejos de ser una historia cerrada, sigue perdida en un laberinto judicial y duele como una herida abierta en la sociedad de Villa María y la región.
Un misterio sin resolución ni consuelo.
A lo largo de estas dos décadas, la causa pasó por dos fiscales, cambió de calificaciones penales y transitó momentos de letargo y otros de reactivación y gran expectativa, siempre teniendo como un único y principal acusado al exesposo de Mariela: Rodolfo Delpino.
Su situación legal cambió a lo largo del tiempo. Estuvo casi un año preso en la cárcel de Villa María y, varios años después de quedar en libertad, fue notificado de un agravamiento de la acusación. Pero el tiempo pasa y el juicio no se hace.
Tras 20 años, y con innumerables recursos a disposición, la Justicia de Córdoba no ha podido dar una respuesta certera sobre qué pasó con Mariela Bessonart.
Una vida que se rompió en pedazos
Mariela era una mujer activa y madre de Gisela, de Franco y de Marcos. Su historia con el padre de ellos, Rodolfo Delpino, un productor agropecuario, comenzó en su juventud.
Se casaron cuando ella tenía 16 y él 21, y se establecieron en la zona de Los Zorros, pequeña localidad al norte de Villa María.
La pareja se separó en 2004, pero siguieron en contacto hasta los últimos días en que se supo de Mariela. La relación había pasado a un plano de cierta tirantez, con expresiones de celos por parte de él, según describieron en su momento allegados a la mujer.
El último día en que se la vio, Mariela había dejado su vehículo en un taller mecánico de barrio Almirante Brown. También se supo, por testigos, que Delpino la recogió en su camioneta y, según relató en su momento para la causa, la habría dejado cerca de una sucursal del Banco de la Nación, en el centro de la ciudad, para que realizara trámites.
Sin embargo, la investigación estableció que Mariela nunca entró al banco y no hubo otro testigo que pudiera declarar haberla visto en el centro de la ciudad. Esta falta de corroboración del relato del hombre se convirtió en una de las principales piezas de dudas en su contra.
La desaparición de Mariela tuvo un inmediato impacto público. Se hicieron multitudinarias marchas, de la que incluso participó su exmarido, además de otros familiares y amigas de la víctima.
Paralelamente, la Justicia llevó a cabo innumerables acciones, con rastrillajes a cargo de gran cantidad de personal en amplias zonas rurales y la utilización de la última tecnología disponible en la época. El análisis de cada dato se fue sumando a la causa, pero nunca se pudo dar con Mariela.
Idas y vueltas judiciales
La investigación, inicialmente a cargo del fiscal Gustavo Atienza, se topó desde el principio con las limitaciones de un supuesto crimen, pero sin cuerpo. El instructor, convencido de la responsabilidad de Delpino, ordenó su detención en agosto de 2006, casi un año después de su desaparición.
La imputación en ese momento fue “sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos”.
Delpino permaneció preso durante 377 días, hasta que, en septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la calificación legal del delito, lo que permitió que recuperara su libertad.
Aunque el fiscal Atienza elevó la causa a juicio en 2010, el proceso nunca llegó a concretarse. Distintas medidas interpuestas por la defensa del acusado fueron dilatando el inicio.
En mayo de 2012, un tribunal civil declaró la muerte legal de Mariela, a pesar de no haberse encontrado su cuerpo.
En octubre de 2015, debía comenzar el juicio, que todavía espera por su inicio.
La caja de resonancia mediática
Con el caso Bessonart trascendiendo las fronteras de Villa María, en abril de 2006, la ciudad se vio sacudida por otra marcha multitudinaria, esta vez con la participación de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, asesinado dos años antes.
Su intervención ayudó a visibilizar aún más el caso a nivel nacional.
Además, a raíz de un encuentro con Blumberg, el por entonces gobernador José Manuel de la Sota ofreció una recompensa de $ 100 mil por información certera sobre el paradero de Mariela.
Los carteles con su rostro que ofrecían recompensa se multiplicaron por toda la provincia. Aunque esta medida no arrojó pistas útiles.
Una familia fragmentada
La desaparición de Mariela dividió a su familia de una forma desgarradora.
Su madre, Teresa Ramírez, se convirtió en querellante.
Falleció en 2016 sin conocer el destino de su hija, y dejando a Gladys Bessonart, hermana de Mariela, casi como la única heredera de su lucha. Otro hermano de Mariela, Domingo, también sostuvo el reclamo por su aparición.
Por otro lado se encuentran los hijos de la pareja, Gisela, Franco y Marcos, quienes han defendido públicamente a su padre.
En un comunicado de 2021, cuestionaron la investigación y afirmaron que la Justicia buscaba un culpable “de la manera que sea”.
Los jóvenes aseguraron que “no pierden nunca la esperanza de que –su madre– siga viva” y afirmaron que su padre no es el responsable de lo sucedido. Esta situación familiar es uno de los dolores más profundos del caso.
Nuevo impulso a la causa
Tras la jubilación del fiscal Atienza y la llegada a su escritorio de la fiscal Juliana Companys, quien asumió el caso en 2020, se le inyectó nueva vida a la investigación. En julio de 2021, la fiscalía reanudó la búsqueda.
Un nuevo peritaje que estudió los movimientos del teléfono celular de Delpino fue la pieza central de la reactivación.
El análisis de las celdas de telefonía parecieron demostrar que, el día de la desaparición, el aparato se ubicó en la zona de Tío Pujio, lo que contrastaba con su testimonio de años atrás, que afirmaba que se había dirigido a Los Zorros después de dejar a Mariela en el centro de Villa María.
Las nuevas pruebas condujeron a la fiscalía a una decisión que sacudió el caso. En agosto de 2021, la imputación contra Delpino fue agravada a “homicidio calificado por alevosía”, el cargo más severo del Código Penal.
Aunque Delpino permanece en libertad, a partir de allí su situación judicial se ha vuelto más compleja.
Sin embargo, el caso sigue en una discusión judicial sin resolución.
La jueza de Control de Río Segundo, María Ligia Tulián, abrió una investigación jurisdiccional sobre la fiscal Companys a partir de una denuncia de una testigo, una mujer cercana a Delpino, por los modos en los que dice que fue tratada durante una declaración testimonial en la Fiscalía. Esto también está pendiente de resolución y suma otra cuenta pendiente en torno al caso.
La causa por la desaparición de Mariela Bessonart, que cumple 20 años de doloroso misterio, se emparenta con la lucha de miles de familias en Argentina que buscan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. La muerte de Teresa, su madre, sin haber obtenido justicia, es un recordatorio del dolor inconcluso que estos hechos provocan.
La causa, aún abierta y a la espera de un juicio, es también testimonio de una sociedad que se niega a olvidar a Mariela, y un llamado a la reflexión sobre cómo el sistema judicial debe trabajar para resolver crímenes como este, en el que la ausencia de pruebas concretas y de la propia víctima se convierten en una pesada carga para la Justicia.
