En los próximos días, el Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad presentará un informe de los primeros tres meses de funcionamiento del organismo. Inaugurado el 28 de diciembre pasado, el organismo surge con una pesada tarea: mejorar la credibilidad de las fuerzas de seguridad y disipar las sospechas de impunidad o ineficacia del anterior tribunal de conducta policial.
El dato relevante es que en tres meses se iniciaron 720 causas graves contra agentes de la Policía, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los organismos de seguridad que se encuentran bajo la jurisdicción administrativa del nuevo tribunal. El número es difícil de valorar, ya que no existen informes publicados sobre el número de causas que se presentaban en el anterior tribunal, pero impacta si consideramos que la anualización del número ronda los tres mil casos, un número similar al total de ingresos a la Escuela de Suboficiales de la Policía en 2021.
Cabe destacar que el número sólo corresponde a causas consideradas “graves, gravísimas y pasibles de destitución”, ya que la resolución de causas leves y medias sigue en manos de las autoridades de cada fuerza, tal como lo establece la ley 10.731.
En sus primeros tres meses, ya se dictaron más de 100 medidas cautelares contra agentes de seguridad, entre las que se incluyen pases a situación pasiva, suspensiones y retención del arma reglamentaria. Hasta el momento, no se implementó en ningún caso la sanción más grave, que es la expulsión de la fuerza, ya que eso requiere un proceso que suele demandar más tiempo.
Además, el tribunal anterior, compuesto por tres vocales (uno por el Ministerio de Seguridad, otro por la Justicia y el tercero por la Legislatura), seguirá funcionando hasta que resuelva la última causa pendiente. Se estima que tiene cerca de cuatro mil expedientes abiertos.
Las causas de “gatillo fácil”, el robo de vehículos del playón de Bouwer, el robo de una caja de seguridad en la comisaría de Carlos Paz, la estafa piramidal que involucra a policías y causas por robos o coimas salpican y manchan hoy la imagen de una institución, y ponen en duda su credibilidad y autoridad.
Cambios que aún no impactan
Desde hace casi dos años, la conducta policial se encuentra en el foco de la atención social y política. Los casos de violencia institucional y de policías involucrados en actos delictivos no son nuevos. Pero, a partir de 2020, y tras los episodios de “gatillo fácil” de Blas Correas y de Joaquín Paredes (dos casos que tuvieron un alto impacto social), el Gobierno realizó importantes desplazamientos en la cúpula policial y prometió cambios institucionales para mejorar la transparencia y la credibilidad de la Policía.
Cabe recordar que los dos policías que están a punto de ser juzgados por la muerte de Blas ya estaban imputados por otros delitos (encubrir a un violador serial y golpear a un automovilista, respectivamente), pero pese a ello continuaban trabajando armados en las calles, por decisión del anterior Tribunal de Conducta policial.
La llegada de Liliana Zárate, la primera mujer al frente de la Policía; la creación del nuevo tribunal de control disciplinario, y los cambios prometidos en la formación de los policías, extendiendo su capacitación de dos a tres años, fueron algunos de los cambios que se propusieron y que mostraron la importancia que adquirió en la agenda política la crisis de la institución policial.
Sin embargo, a 18 meses de la muerte de Blas, y tras el terremoto inicial, muchos de esos cambios aún no se han concretado, o están en proceso de implementación.
El miércoles pasado, el nuevo tribunal tuvo su primera reunión con todos los vocales. Ivana Rossi, directora general de Control e Investigación, participó de esa reunión y afirmó que en ella “se trataron cuestiones meramente operativas”.
El nuevo tribunal tuvo el miércoles pasado, por la mañana, su primera reunión en su flamante sede de Rivera Indarte 750. El edificio no tiene aún un cartel institucional, pero tampoco ha completado la incorporación de personal, que se estima en más de 90 agentes civiles. Por el momento, hay menos de la mitad del personal que el organismo requiere, lo que genera dudas respecto de la posibilidad de cumplir integralmente sus tareas.
Al respecto, Rossi indicó que “el diseño de gestión del organismo tiene una proyección a corto, a mediano y a largo plazos. Contamos con los recursos humanos y materiales que nos permiten responder a la demanda actual de casos y procesar la información correspondiente. En una proyección a mediano y a largo plazo, a medida que se vayan depurando los procesos de gestión y aumente el número de casos, probablemente se requiera hacer una reingeniería de los recursos. Es importante tener en cuenta que el organismo cuenta con personal activo las 24 horas y los 365 días del año”.
Por otra parte, los cambios en la formación de los suboficiales de la Policía se podrán ver recién a partir de fines de 2023, cuando egrese la primera camada del nuevo plan de estudios de tres años.
Reconocimientos y críticas
El legislador Marcelo Cossar, representante ante el organismo por la primera minoría legislativa, dijo que el nuevo organismo tiene aspectos para valorar positivamente, como el hecho de que haya integración de la oposición política, de que se vayan a elaborar informes de su accionar o de que su conformación sea íntegramente civil y no tenga sede en la Central de Policía.
Sin embargo, planteó que “el organismo ha demorado mucho en entrar en funciones, y si bien se notaron buenas intenciones en la primera reunión, queda la duda respecto de las posibilidades de llevar adelante la tarea en una institución que hoy tiene cerca de 40 agentes, cuando el anterior organismo tenía 180 y aun así cuenta con cerca de cuatro mil causas pendientes, algunas de ellas de fuerte interés social, como la de Blas Correas y la de Joaquín Paredes”.
Números importantes
Valeria Plaza, docente universitaria, investigadora y especialista en seguridad y en derechos humanos, sostiene que el número de causas abiertas por el tribunal es importante, pero valoró positivamente “que algunos números se conozcan” y destacó que “la producción de información es uno de los objetivos de la ley”. “Del anterior tribunal de conducta nunca tuvimos números claros, y así es difícil discutir la política de seguridad y de formación de los agentes”, expresó la especialista.
“Estos organismos siempre han tenido mucho recaudo en la información de los casos y es comprensible, pero con datos tan generales no podemos saber si sólo se sanciona a los rangos más bajos, que muchas veces son los únicos que pagan los platos rotos”, dijo Plaza, y agregó que una información más precisa y detallada “es necesaria, ya que el objetivo no debe ser sólo la sanción, sino la prevención de las malas prácticas, que es lo que va cambiar las cosas”.
Además advirtió que “ya que las fuerzas de seguridad son organizaciones verticales, no tienen espacios democráticos para dirimir sus disputas internas, y hay que cuidar que no sean las denuncias el mecanismo de zanjarlas. Que la voluntad de dar respuestas rápidas, a través de las remociones por ejemplo, no caiga en la trampa de alguna disputa policial”.
