En los próximos días comenzará la ronda de indagatorias en el marco de la causa que se sigue contra el exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, y otros cuatro policías y dos civiles acusados de integrar un grupo bautizado en Tribunales II como “los Simuladores de azul”.
La imputación central es la de presunta asociación ilícita.
Según la causa que instruye el fiscal Guillermo González, los policías habrían montado una suerte de “consultoría externa” que prestaba toda clase de servicios por fuera de la ley.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios principalmente con usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos. Además, como había abogados en el grupo (dos de ellos son comisarios), la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la Justicia, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.
Además, se habrían valido de información policial de particulares para llevar a cabo las presuntas maniobras.
El excomisario general Ochoa Roldán está acusado de haber sido el presunto jefe de la organización.
Los otros acusados son: el comisario inspector Leonardo Torres, quien era jefe de la Asesoría Letrada de la Policía; el comisario Martín Darío Heredia, de la Policía Caminera; el comisario inspector Jorge Gutiérrez, quien estaba al frente de la Dirección de Custodias y Protección; el suboficial Dante Villalba, quien trabajaba como chofer en la Jefatura; el abogado Gastón Ochoa Roldán, hermano del exjefe de la Caminera; y Gabriel Élido Burkhard.
Todos permanecen en la Cárcel de Bouwer.

Indagatorias y silencios
Desde la semana próxima, presuntamente el jueves, comenzará la ronda de indagatorias en la fiscalía.
La fecha será definida por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Según trascendió, varios de los acusados optarán por negar los hechos en su contra y abstenerse de declarar ante la fiscalía. Luego, una vez que se levante el secreto de sumario y, ya con conocimiento de las pruebas obrantes, los imputados podrían declarar más adelante.
“Nuestros defendidos, el (ex) comisario general Maximiliano Ochoa Roldán y el comisario inspector Leonardo Torres se encuentran muy tranquilos, esperando con mucha ansiedad el llamado a indagatoria a los fines de aclarar en su exposición exculpatoria la confusa situación en qué se los involucra”, expresó el abogado Ricardo Moreno.
El letrado consideró que “en lo atinente a las acusaciones que se les reprocha, para nada está afectada la institución policial si no que únicamente se los vincula a desenvolvimientos profesionales que hacen a sus condiciones de abogados en el ámbito privado, donde no existe incompatibilidad alguna con el desempeño en la función policial que tenían”.

Ochoa Roldán y los demás acusados fueron apresados el pasado 27 de junio luego de una serie de allanamientos en Córdoba y el interior.
El fiscal González señaló en su momento: “Los ilícitos no están directamente vinculados con la función que el jefe de la Caminera tiene como tal dentro de Jefatura, esto es otro tema que es el uso de información privilegiada para usarlo en su beneficio”.
González enfatizó que la causa no tiene nada que ver con las multas que labra la Caminera.
El funcionario agregó en su momento que el patrimonio de Ochoa mostró “un crecimiento que no se condice con sus ingresos como director de la Caminera”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, expresó:
“Son abogados, actuaban como tal y se beneficiaban de sus funciones en la Policía para provecho propio. “Nosotros no encubrimos, no ocultamos”, reiteró el funcionario.