Un grupo de cobradores por fuera de toda ley, bautizado como “Los Rompepiernas”, habría actuado en Córdoba hasta hace pocos días como un grupo dedicado a las “cobranzas” violentas, munidos de armas de alto calibre y una afinada organización para el ejercicio de la presión.
Tenían una marca personal que les valió el mote: cuando algún moroso no pagaba, no dudaban en fracturar una rodilla.
Según los investigadores, funcionaban como una asociación ilícita que ofrecía sus servicios a acreedores para “garantizar” el cobro de deudas, utilizando amenazas, golpizas, disparos de armas de fuego o todo tipo de maniobra violenta.
Aunque la causa es aún más compleja, porque según consta en los expedientes no eran simples prestamistas, sino que se “metían en el medio” de conflictos económicos.
“No eran prestamistas clásicos, aunque el jefe de la banda sí hacía préstamos por su cuenta. La actividad principal era ofrecer cobranzas a terceros. Es decir: si un acreedor no lograba cobrar una deuda, acudía a ellos para que lo hicieran como sea”, explicaron fuentes investigativas.
Según la pesquisa, se “adueñaban” de deudas ajenas. Muchas veces ni siquiera eran parte de la relación original (ni acreedores ni deudores). Simplemente se “posicionaban” al lado del acreedor, se presentaban como interesados en el cobro y empezaban a presionar al deudor.
Primero lo llamaban o lo visitaban con amenazas y si no pagaba, pasaban a la violencia física: golpizas, daños a bienes, balazos a autos o a las piernas.
El deudor pagaba sí o sí: los “Rompepiernas” y la violencia
El deudor terminaba pagando bajo coacción, siempre según la investigación, y esto dejaba una ganancia para la banda, porque se quedaban con un porcentaje de lo recuperado.
El pago podía ser en efectivo, dólares, autos, inmuebles, electrodomésticos o joyas.
En una de las tantas conversaciones interceptadas a la banda, uno de los implicados le habría comentado a su cómplice sobre una deuda de 80 millones de pesos en la ciudad de Villa María.
La idea era “posicionarse” en esa deuda, aunque no tuvieran vínculo, y quedarse con parte de una fábrica como forma de cobro.
La fiscalía de instrucción a cargo de Juan Pablo Klinger, a cargo de las investigaciones, ya dictó por estos hechos la prisión preventiva contra los principales acusados: Maximiliano Ángel Borgonovo, alias “Fofi”; Juan Manuel De Bonis, conocido como “Juan Cobranzas”; y Martín Gabriel Merlo, apodado “el Sobrino”.
Sin embargo, un cuarto integrante del presunto armado delictivo continúa prófugo de la Justicia. Se trata de Leandro Bombardieri, alias “Malvina” o “Gusanoide”, de 34 años de edad.
Su último domicilio conocido fue en la localidad de Malvinas Argentinas y la orden de captura fue librada el 23 de abril. Desde entonces es intensamente buscado por la Policía provincial.
Para los investigadores, Bombardieri no era un simple miembro: cumplía funciones de coorganizador junto a Borgonovo y está directamente señalado en el ataque armado ocurrido en abril pasado contra la hija de un empresario de autos, que disparó la investigación que acabó sepultando a la presunta banda.
Cómo inició la investigación contra “Los Rompepiernas”
La causa nació tras la denuncia por un violento tiroteo. Pero antes de este episodio se registró una denuncia por estafa, en enero de 2023, que luego quedaría vinculada a la secuencia de delitos que dio sustento a la investigación.
De acuerdo a la información que surge de la causa, un comerciante vendió heladeras, freezers y otros electrodomésticos por un millón de pesos, pero recibió cheques robados.
Parte de esos bienes terminaron en el domicilio de Borgonovo en barrio Parque Liceo, zona norte de la ciudad de Córdoba.
El hallazgo, según los pesquisas, derivó en allanamientos y en la incorporación de pruebas que, meses después, se vincularon con el entramado mayor: una estructura organizada que ya por 2024 ofrecía “servicios de cobro” en Córdoba, Villa María y Carlos Paz, tal la información que consta en los expedientes.
El 7 de abril sucedió el episodio de violencia que comenzó a exponer de manera definitiva a la aparente organización.
Ese día se registró el tiroteo sobre el cual el fiscal Klinger trabajaría en profundidad, hasta agotar los caminos investigativos.
La hija de un presunto empresario fue atacada a balazos en barrio Las Magnolias, franja norte de la Capital.
Cuando estacionaba su camioneta Toyota SW4 bordó, recibió al menos 17 disparos de pistolas calibre 9 mm y 380.
Milagrosamente no resultó herida, pero su vehículo y otro Audi Q5 de su padre quedaron acribillados, según describieron fuentes de la investigación.
Algunos testigos señalaron a Borgonovo y Bombardieri como los autores materiales, quienes escaparon a pie hasta ser recogidos por un tercer cómplice en una camioneta gris.
Luego de este tiroteo, Klinger continuó ahondando y logró reunir pruebas para acusar a la banda de realizar inteligencia previa en contra de morosos. En algunos casos, sugerían que “el punto débil” era la pareja o los hijos de los deudores.
Durante la investigación, se llegaron a identificar que los “Rompepiernas” ejecutaban golpizas, amenazas verbales y daños materiales. “Era moneda corriente”, dijeron los pesquisas.
A cambio de “recuperar” el dinero, se quedaban con un 30% a 40% de lo cobrado, ya fuera en pesos, dólares, autos, inmuebles, electrodomésticos o joyas.
Las ganancias les habrían permitido sostener un estilo de vida lujoso. En los allanamientos de abril, la Policía secuestró relojes Audemars Piguet y Tissot, perfumes importados, un dron, electrodomésticos de alta gama y varios vehículos de lujo, entre ellos un Audi RS3 y camionetas Toyota SW4.
Los roles de la banda: una organización para la violencia
La fiscalía sostiene en su acusación que se trataba de una estructura organizada, con roles bien diferenciados.
Maximiliano “Fofi” Borgonovo es considerado el jefe principal. Es un personal trainer y comerciante de autos, que actuaba como prestamista y articulaba los negocios.
Fue imputado por el presunto delito de encubrimiento por receptación dolosa (haber recibido electrodomésticos de una estafa con cheques robados en enero de 2023), organizador de asociación ilícita (junto a Bombardieri), abuso de armas (ataque armado del 7 de abril). También se lo investiga por amenazas, coacción, privación ilegítima de la libertad, daños, robos y estafas.
Leandro “Malvina” Bombardieri sería el segundo organizador. Se encargaba de la logística y, según testigos, participó activamente en el ataque a la familia. Su condición de prófugo refuerza, según el fiscal, su peligrosidad.
Está imputado por la presunción del delito de organizador de asociación ilícita (junto a Borgonovo), Abuso de armas (coautor del tiroteo del 7 de abril).
Juan Manuel “Cobranzas” De Bonis es un exestudiante de abogacía y habría cumplido tareas de “inteligencia” y búsqueda de “oportunidades de negocio” para la banda. En octubre de 2024, por ejemplo, fue él quien informó de la deuda millonaria en Villa María, proponiendo “posicionarse” para quedarse con la fábrica. Fue imputado como miembro de asociación ilícita, participación en amenazas, estafas y maniobras de cobro violento.
Martín Gabriel “el “Sobrino” Merlo es el más joven de todos, con 27 años, siempre estuvo ligado al rubro automotor. Según lo investigado, actuaba como ejecutor y nexo con concesionarias. En algunos chats con Borgonovo, recibía instrucciones directas para localizar domicilios y hacer tareas de presión, según informaron fuentes del caso. Está imputado como miembro de asociación ilícita.
