Fue a mediados de la década de 2010 cuando ocurrió. Y fue en Villa Inés, aquel asentamiento próximo a los barrios Müller, Maldonado y Renacimiento, en la franja este de la ciudad de Córdoba, cuando todo comenzó. Fue en ese sector que varios integrantes de una familia de apellido Jatib comenzaron a ejecutar una serie de golpes en particular: los secuestros extorsivos.
No eran cualquier tipo de secuestro.
Los delincuentes buscaban como víctimas a hijos pequeños o familiares directos de otros traficantes de drogas, a quienes les exigían que pagaran en estupefacientes o en dinero. Al comienzo, los pagos se fueron sucediendo sin que las autoridades judiciales se enteraran. Lógico: un narco no denuncia.
El clan se hizo fuerte por imponer el terror a su “negocio”.
Con el correr de los años, y al advertir que los secuestros se multiplicaban, algunas víctimas comenzaron a hablar.
La Policía y la Justicia federal comenzaron a actuar y varios integrantes de la familia Jatib terminaron cercados, presos y condenados.
Al “clan” se lo bautizó “los Coreanos”. Por aquello de que a Villa Inés se la conoce como “Villa Corea”.
El principal cabecilla condenado fue “Kike” Jatib, quien murió pocos años atrás. Muchos recuerdan en el barrio cómo fue despedido con disparos al aire en su sepelio.
Una década después, la sombra de aquella peligrosa banda vuelve a ser noticia policial en Córdoba: varios miembros de la familia Jatib y de “Kike” fueron detenidos acusados de integrar una banda narco que traficaba drogas en grandes cantidades en la franja sudeste de la Capital y que, además, enviaba dosis de cocaína y de marihuana al complejo carcelario de Bouwer para vender en pabellones.
Según la causa, lo hacían a través de drones, como hacen tantas otras bandas delictivas en Córdoba.
El grupo desbaratado ahora presuntamente estaba liderado por una mujer que sería familiar directa de “Kike” Jatib y que ya estaba presa en la Cárcel de Mujeres. La sospechosa (algunos refieren que sería hija de él) está sindicada de ser la presunta cabecilla de todo el andamiaje.
En total, se detuvo a 19 personas, varias de apellido Jatib. “Es un clan familiar”, expresó la fiscal Milagros Rivas, del fuero antinarco, aunque evitó dar nombres.
En la treintena de operativos, desplegados por pesquisas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se secuestraron unas dos mil dosis entre marihuana y cocaína, además de efectivo ($ 2.974.050 y U$S 16.300) y armas.
Eso sí, no se halló ningún dron. Por ahora. La causa sigue y habrá posiblemente más detenidos.
“Son los herederos. Ya ha pasado con otra gente. Hay ‘profesiones’ que se heredan y se pasan de generación en generación y participan hijos, nietos, sobrinos. Supo pasar con el narco ‘el Tuerto’ Cacho”, comentó un pesquisa.
“Quioscos” y narcodrones
Desde la fiscalía y la FPA se indicó que la pesquisa comenzó hace unos seis meses y tras una denuncia anónima. La investigación daba cuenta sobre una “poderosa” red narcomenudista que operaba en la franja sudeste a través de “quioscos” barriales y también enviaba drogas en drones a la Cárcel de Mujeres, del complejo de Bouwer. Una versión señala que hubo “tiros” (envíos) en la Cárcel de Varones.
La pesquisa avanzó y se centró en análisis de comunicaciones, rastreos de celulares, filmaciones, testimonios y otras pruebas técnicas.
Fue así que en las últimas horas se realizaron 32 allanamientos simultáneos para desbaratar al grupo. Los procedimientos fueron en Villa Boedo, Villa Los Tinglados, Renacimiento, Colonia Lola y José Ignacio Díaz 3ª Sección.
Desde la FPA se indicó que 17 de esos domicilios funcionaban como “quioscos” de drogas o búnkeres.
“Les tenés que ‘caer’ al mismo tiempo a todos los involucrados. Porque si uno de ellos llega a activar un celular, avisa al resto y alguno raja”, contó una fuente de la FPA.
Con colaboración necesaria del Servicio Penitenciario de Córdoba, hubo inspecciones en dos celdas de las cárceles de mujeres y de varones en Bouwer. Fue dicho: la mujer es la presunta cabecilla. El varón, un familiar directo.
En los domicilios allanados, y con la ayuda de perros adiestrados, los efectivos de la FPA terminaron secuestrando: 1.526 dosis de marihuana y 621 de cocaína.
Se detuvo a otras 17 personas: ocho mujeres y nueve varones. “La mayoría son miembros de la familia Jatib y muchos son herederos de quienes supieron ser jefes años atrás”, resaltó una fuente del caso.
Varios de ellos ya tienen, a su vez, condenas por venta de drogas.
Además, se hallaron 15 plantas de cannabis sativa, 2.974.050 pesos y 16.300 dólares en efectivo, cuatro armas de fuego, un automóvil, tres motos y otros elementos como celulares y anotaciones. Drones no se encontraron.
La fiscal Rivas decidió imputar a todos por comercialización agravada de estupefacientes.
Bandas de narcodrones
La actividad delictiva de los narcodrones comenzó hace pocos años y se fue extendiendo de manera exponencial: grupos que envían dosis de drogas y celulares a las cárceles de Bouwer, Cruz del Eje y Río Cuarto, entre otras.
Por lo general, los cabecillas de estos grupos están presos. Y desde sus celdas, a través de celulares, se contactan con sus cómplices externos, quienes a su vez contratan a cómplices que tienen y manejan drones.
Los envíos se hacen de noche.
Los presos pagan las dosis de drogas por transferencias bancarias. Para eso, necesitan celulares.
En las inmediaciones de los penales, los “pilotos” arman paquetes con drogas y celulares y los envían sujetos con hilos a drones que son enviados al interior de los presidios. Los pilotos cuentan con información y coordenadas precisas (proporcionada por los cabecillas) respecto a qué pabellón enviar.
El fiscal Carlos Cornejo, del mismo fuero de narcomenudeo, está por enviar a juicio a dos presuntas bandas acusadas de enviar drogas en drones a la cárcel de Bouwer. Hay una veintena de detenidos en total y con una pesada acusación como comercialización agravada de estupefacientes.
Prometen tecnología “antidron”
El ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, señaló que se está por adquirir tecnología para inhibir y neutralizar drones en los presidios.
No se conocen detalles, por ahora.
El funcionario indicó que en los distintos penales de Córdoba se vienen desarrollando controles para secuestrar celulares y drogas.
López indicó que en lo que va del año “se evitó el ingreso de 3.700 teléfonos celulares, 110 kilos de marihuana y 30 kilos de cocaína”.
