Un hombre de 32 años fue detenido en Tucumán acusado de haber perpetrado múltiples estafas vinculadas a la venta de paquetes turísticos por valores cercanos a los 30 millones de pesos.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Carlos Saltor, lo investiga como presunto autor de tres hechos delictivos que provocaron un perjuicio económico total superior a los $ 27 millones, publica La Gaceta.
El procedimiento judicial tuvo lugar este jueves durante una audiencia de control de detención, formalización de cargos y solicitud de medidas cautelares.
Un historial de estafas
La investigación contra el acusado comenzó en septiembre de 2023, a raíz de una denuncia que remonta a noviembre de 2021.
En ese entonces, el sospechoso habría montado un local comercial en Junín al 100, simulando ser representante autorizado de la empresa Flecha Bus Estudiantil.
Desde ese lugar, vendió viajes de egresados a aproximadamente 98 pasajeros, entregando contratos y recibos apócrifos.
Cuando llegó la fecha de los viajes, estos nunca se concretaron. La empresa afectada se vio obligada a cubrir los servicios comprometidos, lo que representó una pérdida de $ 21 millones, además del daño a su reputación.
En abril de 2024, el imputado volvió a operar, esta vez en una sucursal de Zinnia Travel, una empresa de turismo oriunda de Santiago del Estero. Aprovechando un acuerdo inicial con la propietaria de la firma, montó una oficina en calle Catamarca al 300.
Según la acusación, el hombre utilizó el nombre de la empresa para adquirir servicios turísticos con un proveedor sin abonar los costos, generando una deuda de $ 6.260.000 que la dueña de Zinnia Travel debió asumir cuando detectó la maniobra en diciembre del mismo año.
El tercer hecho ocurrió el 21 de febrero de 2025. A pesar de ya no contar con autorización para actuar en nombre de Zinnia Travel, el imputado vendió un viaje a Mendoza para dos personas por un valor de $ 609.000, que nunca se realizó.
La causa continúa su curso mientras el acusado permanece bajo medidas de coerción y el Ministerio Público Fiscal profundiza la investigación sobre posibles nuevos damnificados.
