En la madrugada de este domingo, un hecho de violencia extrema sacudió el barrio Lihue, en Guaymallén, Mendoza, cuando un grupo de vecinos tomó la justicia por su mano y linchó a un hombre acusado de intentar robar en la zona. El presunto ladrón, identificado como Hernán Cristian Báez Amarfil, de 31 años, perdió la vida a raíz de los golpes recibidos.
De acuerdo con fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, el incidente ocurrió en los primeros minutos del domingo, cuando Báez Amarfil fue sorprendido intentando robar en el barrio. Atrapado por los vecinos antes de que la policía llegara al lugar, el hombre fue golpeado brutalmente hasta perder el conocimiento. Personal médico que arribó minutos después intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero la víctima falleció a las 00:40, según informó la ambulancia.
El hombre fallecido tenía antecedentes penales por diversos delitos, tales como robo simple, violencia de género, tenencia ilegal de armas, amenazas y violación de domicilio. Este hecho, que volvió a poner en discusión la seguridad y la violencia urbana, deja en evidencia la creciente tensión en algunos sectores de la sociedad ante lo que muchos perciben como un desbordamiento de la criminalidad.
La investigación y la posible responsabilidad de los vecinos
La investigación del caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios, que analiza el grado de participación de los vecinos en el linchamiento. Intervinieron en el lugar varias fuerzas, incluida la Unidad Investigativa de Delitos de Guaymallén, junto con personal de Homicidios, Científica e Infantería. Hasta el momento, no se informaron medidas judiciales respecto a los responsables de la golpiza.
El caso también abre el debate sobre si los vecinos actuaron bajo un contexto de legítima defensa o si, por el contrario, la violencia desmesurada constituye un linchamiento. Para el abogado penalista Pedro Despouy Santoro, “cualquier persona tiene derecho a actuar en defensa de un tercero y está autorizada a la aprehensión privada, siempre y cuando no se excedan los límites necesarios para evitar la arbitrariedad”. Sin embargo, subrayó que es esencial diferenciar entre la legítima defensa y el linchamiento, pues, en este caso, si los vecinos actuaron con la intención de causar daño o la muerte al presunto ladrón, podrían enfrentarse a cargos por homicidio.
La crisis de seguridad y la intolerancia social
En una reciente entrevista con Cadena 3, Despouy Santoro destacó que la creciente intolerancia social frente al delito es un fenómeno alimentado por la crisis de seguridad que atraviesa el país. “La inoperancia del Estado en este sentido hace que se entienda la intolerancia social frente a estos graves hechos de violencia urbana”, afirmó el experto. Además, sostuvo que la violencia tiene causas múltiples, entre ellas factores culturales, económicos y la falta de presencia policial.
El abogado también apuntó a la posible responsabilidad penal de los vecinos involucrados, quienes podrían enfrentar cargos por homicidio culposo o por exceder los límites de la legítima defensa. Según explicó, “si hay exceso en la legítima defensa de un tercero, podría haber responsabilidad a título de culpa o imprudencia”.
A medida que avanza la investigación, se esperan más detalles sobre las circunstancias de este linchamiento y las posibles consecuencias legales para los involucrados.
