Una esperada casación resolvió la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba: la sentencia a los integrantes de la organización delictiva “La Trenza” que copaba los remates judiciales y lograba operaciones fraudulentas en perjuicio de particulares y el Estado.
La causa -de dos expedientes- tiene un muy dilatado recorrido: los primeros hechos se remontan a 1995, la instrucción a cargo del fiscal Enrique Gavier se inició en 2017 y el juicio tuvo sentencia a fines de diciembre de 2021. Casi cuatro años después, se confirmó la sentencia.
A grandes rasgos, los numerosos puntos de la resolución 590 de días atrás afirmó la postura acusatoria casi a pleno. Salvo la admisión parcial de un recurso defensivo, se confirmó el resto de las condenas y se anuló la absolución de los hermanos Daniel Gustavo y María José Costa, quienes deberán volver a ser juzgados según los nuevos criterios dictados por el Alto Cuerpo.
La resolución a cargo de los miembros de la sala, Aída Tarditti (autora del primer voto), Marta Cáceres de Bollati y Luis Rubio, termina por beneficiar principalmente al fiscal instructor Enrique Gavier y al denunciante y querellante Miguel Ortiz Pellegrini (que representa a la damnificada Ana María Ghislieri), quienes al igual que varias defensas casaron la sentencia de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba del 30 de diciembre de 2021.
La anulación de las absoluciones de los Costa significa que deben volver a ser sometidos a juicio de reenvío para dictarles un nuevo pronunciamiento que se augura condenatorio. Con el criterio fijado por la Sala Penal, es de esperar que los Costa reciban una pena de prisión en suspenso, tal como se había pedido en los alegatos de este juicio.
Lo mismo sucederá con un planteo defensivo (parcial) que presentó el abogado Facundo Pace en favor de su defendido Roberto Alfredo Ponce (43). Este condenado debe ser eximido del delito de “uso de instrumento público falso reiterado (dos hechos)”. Eso debe ser suprimido de la condena, pero manteniéndose todas las otras figuras penales de la sentencia.
Por extensión, el líder de la asociación ilícita, Walter José Bucheme (60), resultó beneficiado por esa anulación parcial. Del mismo modo, el resto de los delitos por los que fue condenado siguen vigentes.
Los demás planteos de Bucheme y Ponce fueron rechazados y se confirmó la sentencia, como al resto de los condenados.
Como correlato, con el “doble conforme” que significa esta decisión del TSJ, ya se encuentra cerca la firmeza de la condena, por lo que los principales condenados deberán volver a prisión para completar la pena establecida.
La sentencia
La resolución 590 del TSJ confirma casi a pleno las condenas.
La peor parte la recibieron los dos líderes de la asociación ilícita. Bucheme terminó con siete años y medio de prisión (más 85 mil pesos de multa). Su mano derecha, el martillero Roberto Alfredo Ponce, finalizó con cinco años de prisión (y 75 mil pesos).
A Walter Bucheme se le adjudicaron los delitos de jefe y organizador de asociación ilícita, amenazas, usurpación, defraudación por otorgamiento de contrato simulado en grado de tentativa en calidad de coautor, falsedad ideológica en calidad de partícipe necesario, autor de uso de instrumento público falso reiterado (este debe anularse), defraudación por otorgamiento de contrato simulado en calidad de instigador y estafa procesal en calidad de instigador, todo en concurso real.
En tanto, el otro jefe, Ernesto Ariel Cuestas (60), recibió también cinco años de prisión (y 85 mil pesos de multa), en su caso más leve que Bucheme porque reconoció los hechos de la acusación y acordó un juicio abreviado.
Bucheme y Cuestas lideraban las dos facciones de la banda “la Trenza” o “la Liga”, una organización ilícita que copaba los remates judiciales e impedía la puja espontánea de postores y lograba hacerse de los bienes a precios muy reducidos.
Luego, realizaban una segunda subasta, generalmente en la calle, llamada “la tirada”, con lo que obtenían una diferencia llamada “la chispa” que se distribuía entre los miembros de la operación ilícita. Todos ganaban, según la Justicia.
Tanto Bucheme como Ponce, ya cerca de la sentencia firme, deberían volver a la cárcel a completar el monto de condena que les resta luego de haber estado encerrados con prisión preventiva.
Las otras penas
El resto de las condenas impuestas por los vocales Juan José Rojas Moresi (presidente), Eugenio Pérez Moreno y Mónica Traballini se distribuyeron de la siguiente forma: el escribano Luis María Gontero Cornavaca, tres años y tres meses de prisión (más 85 mil pesos de multa, abreviado y por mayoría); Cristian Nelson Baigorrí (55), cuatro años y cuatro meses de prisión; Jonathan Ernesto Ariel Cuestas (36, hijo de Ernesto Ariel), tres años y tres meses; Nahuel Jesús Cuestas (30, hijo también del líder), tres años en suspenso; Raúl Ernesto Baigorrí (78, padre de Cristian), tres años de ejecución condicional; Diego Leonardo Desiderio (50), tres años y medio, unificados con una condena anterior en cuatro años y medio de prisión, y el arquitecto Elvio Nicolás Cuestas (52, hermano del primero), tres en suspenso.
También recibieron condenas de tres años de ejecución condicional el empresario de estación de servicio Luis Miguel Pavone Russo (56), el contador Roberto Juan Fakiani (57), Ángel Carlos Pacheco (86) y su hijo Ángel Federico Pacheco (35), Juan Matías Altamirano (45), el abogado Germán Garayzábal (51) y el martillero y corredor inmobiliario Walter Guillermo Bucheme González (36, hijo de Walter José).
En tanto, a Norberto Fabián Ambrosioni (55) le fue impuesta una condena de dos años y medio de prisión y a Cristian Walter Moiso (55), de dos años, siempre de ejecución condicional.
Dos causas
El juicio analizaba dos causas: “Altamirano” y “Ghisleri”.
Esta última nació por una denuncia de quien actuó como querellante, Miguel Ortiz Pellegrini, y analizaba la simulación de un alquiler que habían pergeñado Walter Bucheme y Ponce en connivencia con el escribano Gontero Cornavaca. El bien fue “alquilado” a dos hermanos, Daniel Gustavo Costa (52) y María José Costa (42), quienes resultaron absueltos pero ahora -tras la última resolución del TSJ- volverán a ser juzgados con posible condena.
Con relación a la primera, se refería al accionar general de esta banda.
Con división de tareas, el desempeño doloso incluía entre sus métodos “el obrar intimidatorio y coactivo sobre los terceros interesados en la adquisición de los bienes por subastarse; la usurpación o turbación de la posesión de bienes inmuebles por rematarse; la confección de contratos fraudulentos; la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención de ‘La Liga’ o ‘La Trenza’ en el acto de las subastas; el derribamiento del acto de la subasta a través de conductas fraudulentas; el otorgamiento de contratos simulados y fraudulentos”, entre otros, según describió Gavier en su acusación.
