Un giro abrupto dio este viernes la causa judicial de los “sanadores egipcios”, la secta comandada por el psicólogo uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz junto a su esposa Laura Carolina Cannes y que involucraba como acusados de estafa a un grupo de personas que a partir de ahora pasarían a ser consideradas víctimas de trata.
La decisión que cambió todo lo que se venía actuando en la Justicia provincial -con una elevación a juicio de 11 personas por parte la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Verónica Gallaratto- fue tomada por el juez de Control José María Estigarribia que decidió que el expediente debe ser girado a la Justicia Federal por la posible existencia del delito de trata de personas.
La fiscal Gallaratto había imputado y elevado a juicio a todos los acusados, sin distinciones, por los delitos de “asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la profesión”. Sin embargo, la presentación de defensores en la Justicia Federal motivaron que el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja le planteara la inhibición a la funcionaria provincial porque la mayoría de los imputados eran víctimas de trata por parte de Aparicio Díaz y Cannes.
La fiscal rechazó esa inhibición, pero el juez Estigarribia le dio la razón a Vaca Narvaja, entendiendo lo mismo, la posibilidad de que haya trata de personas. Por eso, además del rechazo a la pretensión de Gallaratto, le ordena que gire el expediente al juez federal N° 3 de Córdoba y que los 11 detenidos queden a su disposición.
Quedarían libres
Por lo pronto, no son pocas las especulaciones ciertas de que aquellos imputados en la causa que han sido captados por el líder de la secta “Fundación Seshen de Medicina y Filosofía Egipcia” y su esposa, puedan recuperar su libertad durante la semana próxima.
No fue posible establecer contacto con Vaca Narvaja, pero puede inferirse que el nuevo investigador tendrá una mirada más benigna para los imputados. No hay que olvidar que, a partir de su petición, bien puede considerar a esos acusados como víctimas de trata y no como victimarios.
Independientemente de esa consideración, el criterio habitual de este juez es que los imputados continúen el proceso en libertad si no entorpecen la investigación ni existe peligro de fuga. Algunos encartados están mal de salud y las consecuencias en su psiquis luego de los “tratamientos” han sido devastadoras.
El inicio de la causa
La causa se abrió en abril de 2021, cuando la fiscal Gallarato detuvo a 11 personas y luego las imputó por estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la psicología, entre otros delitos. La investigación dio cuenta de una organización que tenía como sede una finca en el paraje cercano Pozos Azules, una propiedad del líder de la organización, el psicólogo uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hacía llamar “Licenciado Sahú Ari Merek” y practicaba “sanación” con “sabiduría egipcia ancestral”.
Díaz y su esposa están acusados como líderes de la asociación ilícita que habría despojado de dinero y de bienes a varios denunciantes, mientras que el resto de los imputados, en su mayoría mujeres, están señalados como miembros de esa organización delictiva. También en la acusación hay imputados por abuso sexual.
Además del matrimonio de “organizadores”, están imputados (por la Justicia provincial) como “miembros” y detenidos con prisión preventiva confirmada en marzo pasado por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje las siguientes personas: Laura Carolina Altamirano, Noelia Elizabeth López, Liliana Cristina Dariomerlo, Verónica Gabriela Floridia, Alejandra Gabriela García, Flavia Noelia Stefanich, Maximiliano Iciksonas, Claudio Andrés Urtiaga y Liliana Cristina Marcial.
Para más, luego Gallarato elevó a juicio el expediente, lo que provocó la reacción de varios defensores que aguardaban varios peritajes –ordenados por la fiscal– para determinar el estado mental de varios acusados.
Mientras, desde 2021 varios abogados comenzaron a introducir la idea de que en realidad sus defendidos eran damnificados de una secta liderada por Díaz y, particularmente, víctimas de trata de personas. Al entender que es un delito federal, comenzaron a hacer presentaciones en la torre del parque Sarmiento para que la causa cambiara de jurisdicción.
Los abogados Carlos Hairabedian y Miguel Juárez Villanueva –por Altamirano– y Mario Ponce –por Dariomerlo– y otros letrados como Lucas de Olmos iniciaron el pedido de inhibición ante el juez federal Vaca Narvaja, quien tras la elevación a juicio tomó la decisión de pedir la causa por entender que había víctimas de trata.
