Las maniobras que describe la investigación en la causa “Bomberos SA” muestran las “habilidades” de los miembros de la presunta asociación ilícita para lograr habilitaciones truchas sin cumplir con las condiciones; a veces, evitándoles fuertes gastos a las empresas.
Pero hay un aspecto que no se ha tenido demasiado en cuenta desde que estalló este caso, a mediados de 2023: esos locales que incumplieron las normas de seguridad eran verdaderas grandes superficies, con la exposición que implica para elevadas cantidades de personas.
Al descubrirse “la causa madre” por una denuncia anónima del comisario inspector Guillermo Giraudo, se desnudaron esos mecanismos que permitieron la habilitación irregular de sucursales de un supermercado de la cadena Cordiez, por ejemplo. Al no cumplirse con las exigencias de higiene y seguridad, esas grandes superficies pudieron hacer correr un fuerte riesgo a una legión de clientes durante largos períodos de tiempo, entiende la investigación.
Lo que “saltó” de la instrucción es que en esas grandes áreas se mentía la superficie del local, como una forma de evitar la realización de obras que requieren esas naves. Así, se consignaban 500 metros cuadrados cubiertos para un local que en realidad tenía más del doble de superficie.
¿Para qué hacían esto? La norma sostiene que las grandes superficies, superiores a los mil metros cuadrados cubiertos, deben tener una “instalación especial” para afrontar la posibilidad de un incendio de grandes proporciones.
¿Cuál es esa instalación especial? Principalmente, una red hidrante fija, que incluye una gran cisterna repleta de agua (como reserva disponible) capaz de alimentar esa red ante la eventualidad de un siniestro. El combate de las llamas en estas situaciones no puede esperar la llegada de la primera autobomba.
¿Cuál es el costo estimado de esa instalación especial? Para esa superficie, de mil metros cuadrados cubiertos (o más), el costo es superior a los 30 mil dólares. Dicho en otros términos, a valores actuales, casi 30 millones de pesos.
De este modo, se detectó al comienzo de la investigación de la Fiscalía de Distrito 1, Turno 2 de la ciudad de Córdoba, que se habilitaron ilegalmente, sin cumplir con las condiciones, varios locales de la aludida cadena de supermercados.
También se constataron irregularidades con control de los rociadores que se ubican en los techos de los locales para “regar” toda la planta en caso de humo o incendio. O no se controlaban o no se observaba en la planilla si no funcionaban.
Si bien la prueba no es categórica respecto de una dádiva por “hacer la vista gorda”, los beneficios económicos que reportaban en cuanto a inversiones eran cuantiosos. De eso se deduce que la participación de bomberos y otros integrantes de la SA no sería gratuita.
Al detectarse las irregularidades en los certificados de habilitación de Bomberos, se inspeccionaron los locales y se comprobó que esos sitios no cumplían con las exigencias de seguridad para grandes superficies. La habilitación laxa para abrir o dar continuidad a un establecimiento “monstruo” supone que claramente era a cambio de una retribución.
Como ya se informó, Giraudo -interino de Bomberos por poco tiempo- fue el autor de la denuncia luego de recibir un sobre del comisario mayor retirado Raúl Giménez. Allí, este le aportaba lo que había recibido de forma anónima: 17 fotocopias de certificados que estaban firmados por el propio Giraudo, con su sello.
El jefe interino denunció y explicó que no le pertenecían la firma ni el sello de los certificados de esos locales -la mayoría de la misma cadena-, y añadió que habían verificado que el contenido material de esos documentos no se correspondía con las condiciones edilicias de esas grandes superficies.
Luego llegaron los 17 allanamientos a los locales, más otros procedimientos en Bomberos y en oficinas de la Municipalidad de Córdoba, particularmente en Habilitación de Negocios y en Fiscalización.
Expedientes truchos
Al hacerse de un caudal de prueba importante, los investigadores a las órdenes de González pronto se encontraron con otro “mecanismo” para evadir las inspecciones.
Se dieron cuenta de que dos locales comerciales de la red de supermercados tenían el certificado con la firma trucha de Giraudo, con fecha actual, pero el expediente (municipal) correspondía a dos años antes de la habilitación.
Al indagar sobre esto, llegaron a la conclusión de que habían usado las autorizaciones de un hogar geriátrico y de una torre de departamentos (en 2018) que tenían todos los papeles en orden.
Al “habilitar” los supermercados, quien confeccionaba el certificado usaba los números de expediente de esos inmuebles con habilitación correcta. Luego, cuando se hacía el control de los locales de supermercado en el municipio, se comprobaba que todo estaba “en regla” en ese expediente. De este modo, se lograba eludir la inspección de Bomberos y de la Municipalidad. Así, los controles reales eran sorteados.
Luego, se constataron las mismas irregularidades en otro tipo de locales comerciales, como así también en consultorios médicos, complejos deportivos y concesionarias de autos, muchos de ellos también consideradas “grandes superficies”.
El descargo de la empresa
Mientras no hay ningún empresario imputado, ante las menciones que la empresa tiene en el expediente, La Voz consultó a responsables de la firma Cyre SA que explota la marca de supermercados Cordiez.
Darío Brasca, presidente de la razón social, junto a los abogados de la firma Eliseo Videla y Joaquín Martínez Paz, señalaron que “Cyre SA se ha visto involucrada de manera involuntaria en la causa” y que por esto se presentaron ante el fiscal González, se pusieron a disposición de la investigación y acompañaron documentación para colaborar a la acción de la Justicia.
Añadieron que “el empleado de la empresa que estuvo detenido, ya está en libertad y se reincorporó al trabajo”. Además, agregaron que a partir de los datos que surgen de las actuaciones tienen la “firme convicción” de que el técnico en gestión ambiental Roque Javier Olmedo (48) quedará desvinculado de la causa.
Asociación ilícita continuada
La investigación centró su accionar, al comienzo, en la que en realidad fue la segunda asociación ilícita que continuó la que habría fundado en primer término el jefe de Bomberos en 2008, Gustavo Folli Pedetta. Esta última se descubrió después, cuando apareció en escena una expareja de quien dejó Bomberos para asumir como subjefe de Policía.
La mujer denunció que había sufrido violencia de género y también hizo aportes de supuestas irregularidades cometidas por Folli durante su mandato bomberil. Con esos datos, se investigó y muchos de los hechos expuestos por la denunciante se comprobaron, según la instrucción.
Lo que ya es una megacausa sigue ofreciendo cada vez mayores dimensiones a los pesquisas policiales y judiciales. Ahora ya se detectaron 21 líneas de investigación.
Otras vetas de la instrucción que hasta el momento se han divulgado son la expedición de licencias de conducir truchas y la habilitación no regular de espectáculos públicos, especialmente boliches bailables.
Fuentes judiciales señalan que la causa es una “cantera” inagotable, de la cual se ignora cuántas habilitaciones truchas habrá y cuántos son los participantes de las maniobras, principalmente de Bomberos y la Municipalidad. También se presume que hay comerciantes que habrían pagado para lograr el favor de una habilitación sin cumplir con los requisitos de seguridad.
