En agosto de 2024, la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba condenó a tres años y cinco meses de prisión (efectiva) al militante justicialista que se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social provincial, Constantino Ricardo Zito (40), por haber intentado extorsionar a quien había sido su novia, la experta rusa en blockchain María Rasstegaeva (39).
La víctima es conocida en el universo blockchain como “Sasha Ivanova” y tuvo una relación con Zito, que terminó con la intención del condenado de sacarle dinero a cambio de no difamarla.
En la condena no se incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos, si bien desde esferas oficiales ingresó una comunicación para informar cuál era la situación del agente público.
Ahora, el pasado 6 de febrero, ingresó a la Cámara 9ª una nota en la que se informa que Constantino Zito había sido desplazado de sus funciones.
“Por el presente me dirijo a usted a fin de poner en conocimiento que el agente Zito Constantino Ricardo no pertenece a la nómina activa de la Administración Pública provincial, con fecha de baja 16 de agosto de 2024″, dice el texto de la carta dirigida desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo a la Cámara 9ª.
Si bien la comunicación fue fechada el pasado 6 de febrero, la baja de Zito de la planta de personal fue el 16 de agosto del año pasado, el mismo día en que La Voz publicó la condena de prisión efectiva.
En su momento, la querellante que representa a la ciudadana ruso-argentina, la penalista Verónica Daud, se mostró “conforme parcialmente”. Sin embargo, sostuvo: “Me parece que estas personas no deben ejercer cargos públicos porque usan el cargo para cometer estos delitos”.
Ahora, más allá de la sanción impuesta por la Justicia, desde el Gobierno informan que Zito fue excluido de su planta de personal.
A pesar de tener una sanción de prisión efectiva, Zito no está detenido. Su defensa casó la sentencia que es analizada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Los hechos
Quien se había relacionado con ella y terminó intentando sacarle dinero y otros beneficios a cambio de no difamarla es un militante justicialista que llegó a ser presidente de la seccional 3ª de la ciudad de Córdoba. Durante más de 10 años, se desempeñó hasta el año pasado en distintas áreas de la administración pública provincial, si bien no quedó claro en el juicio el cargo o la relación de dependencia que tenía.
Además de los testimonios, en el juicio se presentó una prueba clave, los chats que intercambiaron Zito y Rasstegaeva tras la discusión y la pelea “física” que tuvieron ambos en un evento en Montevideo. Ambos resultaron con lesiones, pero el militante terminó reclamando a la experta rusa que lo resarciera por la supuesta pérdida de una pieza dental por un cabezazo que ella le propinó.
El núcleo de la acusación de intento de extorsión se refiere a que él le pidió, para no “escracharla” ante el mundo cripto en un portal web de un medio de comunicación nacional, que le transfiriera un automóvil, le abonara $ 90 mil y le cediera el cargo de “embajadora” (representante) de su organización para toda América latina.
Como es recomendable, la mujer no se amedrentó y denunció al militante político con desempeño laboral en el Gobierno provincial. Pero, más allá del asesoramiento de su abogada Daud, Rasstegaeva tuvo la suerte de que el fiscal instructor, Iván Rodríguez, “levantó” toda la prueba del celular de la víctima, con todas las medidas de seguridad y garantías del caso. La solidez de esa acusación terminó siendo contundente en el juicio. Esto es lo que la defensa no pudo rebatir, pese a los pedidos de nulidad.
Finalmente, “Sasha Ivanova”, o María Rasstegaeva, según declaró, debió irse del país para evitar mayores molestias y en contra de su voluntad porque debió alejarse de uno de sus hijos que reside en Argentina.
