Un comisario absuelto por no ser hallado responsable del robo de seis motocicletas que tenía en custodia en el predio Potrero del Estado y una condena al Superior Gobierno de la Provincia para resarcir a los propietarios, por 30,5 millones de pesos, fue el saldo del juicio por jurados que finalizó este jueves en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba.
El debate era para analizar si el comisario Juan Eduardo Frasinelli era responsable de “omisión de los deberes de oficio” al no haber podido evitar la sustracción de seis motocicletas secuestradas en el Depósito Judicial N° 2 –Potrero del Estado- ubicado en el kilómetro 8,5 de la ruta nacional 36, en la localidad de Bouwer.
En realidad, más allá de este juicio, la Justicia sigue investigando el robo de 24 motos de ese predio, entre marzo de 2019 y marzo de 2020. En este tramo del expediente se analizaba la sustracción de seis de esos motovehículos, con sendos reclamos civiles de los propietarios.
Pero el fiscal de cámara Gustavo Arocena señaló en su alegato que no tenía pruebas para acusar al comisario Frasinelli por esos hechos y, por el contrario, advertía que el Estado no había provisto de las condiciones de seguridad para resguardar la custodia de los vehículos secuestrados, como es su deber.
Por eso, por unanimidad, el tribunal popular encabezado por los vocales técnicos Carlos Palacio Laje (presidente), Juan José Rojas Moresi y Mario Centeno, absolvió a Frasinelli y, a la vez, condenó al Gobierno provincial a resarcir a los seis propietarios de las motos robadas, por un total de 30.499,179 pesos.
Recomendaciones
Por otra parte, se destaca en esa resolución una serie de comunicaciones a la Policía, a la Justicia provincial y el Ejecutivo para revertir la situación en los predios donde se debe resguardar la integridad de los vehículos que se secuestran por contravenciones (en su inmensa mayoría) y delitos.
Lo primero, fue “instar” a “la Policía de la provincia de Córdoba, a través de su Jefatura, para que a la mayor brevedad se extremen las medidas tendientes a acondicionar adecuadamente la estructura, la organización y el mantenimiento” del predio de 42 hectáreas “de tal manera que se ajuste a un eficiente, regular y adecuado funcionamiento del debido servicio estatal de guardia, cuidado y custodia de los motovehículos y automotores secuestrados”.
En ese mismo párrafo de la sentencia, se destacan dos menciones importantes: garantizar el resguardo “incluso de los efectos del clima por el transcurso del tiempo” y ponderar “que el Estado provincial es garante de tales servicios”.
La comunicación se hace “con noticia” al ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros y al administrador general del Poder Judicial cordobés, Luis María Sosa Lanza Castelli.
Frasinelli, que se retiró absuelto, fue defendido por los abogados Nicolás Crucella y Martín Panceyra, en tanto que los seis damnificados estuvieron representados (como querellantes o actores civiles) por Nadia Villanueva, Rodrigo López Tais, Nicolás Ruade y José Nayi.
Fiscal conforme
El acusador público solicitó la absolución del comisario que el tribunal acogió y además consiguió que la sentencia reprodujera sus peticiones con relación a la situación constatada en el predio de Bouwer.
La inspección ocular que hicieron las partes el mes pasado sirvió para constatar el estado de abandono que reinaba en el predio, más allá de las “mejoras” que algunos testigos dijeron se habían realizado.
Había vehículos que estaban cubiertos por la maleza o rodeados por la vegetación que ya se los había tragado. Los efectivos que bregaban contra la falta de un cerco perimetral adecuado habían apilado chasis de vehículos viejos para tratar de formar un vallado. La iluminación, apenas una lámpara para 42 hectáreas.
Por eso, más allá de la absolución del acusado, el fiscal Arocena quedó “conforme” con las recomendaciones que emitió la sentencia. Señaló que “hay un déficit institucional inocultable en este depósito judicial que es casi un ‘cementerio’ de motocicletas y de automotores”.
“Me pareció también que la prueba no alcanzaba y que era materialmente injusto reprocharle al comisario no haber hecho una tarea que era empíricamente imposible de realizar”, completó el fiscal de cámara.
Reseñó que estaba a cargo de un predio de 42 hectáreas, una dotación de cuatro policías a cargo de tareas administrativas y de los rondines nocturnos para prevenir los robos. Además, dijo que no se hacía mantenimiento para combatir mínimamente los pastizales (que cubrían a una persona adulta) que tapaban los vehículos. “Las motos no se veían, estaban tapadas por las malezas”, amplió Arocena.
Por eso, el fiscal consideró que no se podía responsabilizar a Frasinelli, quien “individualmente no podía hacer más de lo que hizo”.
Arocena mostró su satisfacción por la decisión de instar “a la Policía para que reacondicione ese depósito y para que asegure esa posición de garante que tiene el Estado respecto de la guarda de vehículos que secuestra”.
