Rosa Graciela María Abratte (64) murió a comienzos de agosto de 2007 como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Un mes antes, la “repostera más famosa” de Córdoba, preocupada por su salud y su legado, pidió a su esposo, Armando Franceschini, que se ocupara especialmente de la menor de sus cinco hijos, Romina.
El imperio comercial que habían fundado comenzó a agrietarse a fines de los ‘90, con la competencia de otra de las hijas, Andrea, con su marca Andrea Franceschini. Tras fallecer Graciela, otras dos hijas, Romina y María Gabriela, entraron en conflicto con su padre Armando.
Se lanzaron acusaciones judiciales cruzadas por supuesto vaciamiento de la empresa “GF Graciela Franceschini SA”.
Durante largos años, la familia sufrió las desagradables secuelas que el paso por Tribunales suele dejar en la gente. Armando estuvo imputado por el entonces fiscal Gustavo Hidalgo en el fuero Anticorrupción y Penal Económico de Córdoba; el exconcejal Daniel Ingaramo (fue pareja de Gabriela) fue investigado por enriquecimiento ilícito por un depósito de un millón de pesos o de dólares (luego fue sobreseído), y Romina y Gabriela quedaron involucradas en una causa por vaciamiento de empresa junto con el empresario Alejandro Bernardino Cima (exfuncionario de la intendencia de Germán Kammerath).
La hermana menor de la familia llegó como única acusada en la causa, porque en diciembre de 2019 el juez de Control 10 de Córdoba Juan Manuel Fernández López sobreseyó “totalmente” a Alejandro Cima y a Gabriela Franceschini.
A su vez, Andrea soportó que la despojaran de su empresa y obtuvo, en septiembre pasado, un fallo de la Cámara de Acusación de Córdoba que anula el sobreseimiento de 12 personas que le disputan la firma, entre ellas, su exmarido Arturo Javier Gerardo Sánchez.
Ahora, en las últimas semanas llegó a juicio el expediente del “vaciamiento” de la firma Graciela Franceschini SA, con Romina como acusada de “vaciamiento de empresa”.
A prueba
La menor de los hijos del matrimonio de Graciela con Armando llegó a este debate en la Cámara 10ª del Crimen luego de sufrir una serie de inconvenientes personales (económicos, familiares y de salud). Su abogado, el penalista Gustavo Franco, consiguió un acuerdo con el fiscal de Cámara Gustavo Dalma para que Romina accediera a una probation.
Comúnmente llamada “suspensión del juicio a prueba”, la modalidad significa que el acusado no es juzgado en debate y, a cambio, es sometido a una prueba por un período determinado y durante el cual debe cumplir con una serie de requisitos.
Tutelada esa “prueba” por un juez de Ejecución, el acusado, “si cumple”, es sobreseído. No es un juicio abreviado en el cual el imputado reconoce su culpabilidad, y no se accede a este instituto en cualquier caso: no hay que tener antecedentes penales, el pronóstico de pena (abstracta) no debe ser de más de tres años de prisión y no se aplica para violencia de género, entre otros requisitos.
A eso accedió Romina, no sin antes conseguir que su familia, con buena parte de la cual estaba distanciada, la apoyara. Por empezar, la ayudaron las tres presuntas víctimas de ese supuesto vaciamiento: su padre Armando (quien renunció antes de entrar a la audiencia como querellante) y sus hermanos Armando Pablo y Carina Verónica.
La acusación decía que “entre marzo de 2014 y marzo de 2018″ la imputada Romina Franceschini realizó una serie de movimientos para vaciar el patrimonio societario de la firma “GF Graciela Franceschini S.A., ”junto a su hermana Gabriela y a Cima, en perjuicio de su padre y de dos hermanos. Se señala que habría desviado recursos (materiales, financieros y humanos) hacia otras dos firmas: “Sapores SA” y “La Esperanza SA”.
El expediente refiere ganancias por unos $ 4,87 millones, $ 916 mil por el valor de marca, lo que sumaba un total de $ 5,79 millones. Si bien puede haber reclamos impositivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Municipalidad y la Provincia, esas partes no pudieron ingresar en este proceso penal.
La audiencia para proponer la probation se realizó la semana pasada con la constitución del tribunal integrado por los vocales Carlos Palacio Laje (presidente), Juan José Rojas Moresi y María Antonia de la Rúa, junto con el fiscal Dalma, y la acusada Romina y su abogado Franco. También estuvieron presentes los Franceschini, Armando, Pablo y Carina.
Fin del calvario
Mucho tuvo que ver en la resolución de este diferendo la actitud del padre y de los hermanos de Romina. La hija menor de los Franceschini ha sufrido en los últimos años una serie de embates económicos y hasta cursó un cáncer cuya alta aún no ha recibido.
El defensor Franco propuso un resarcimiento de $ 100 mil en cinco cuotas, más trabajos comunitarios durante dos años en el merendero Pimpollo, de barrio Quintas de Argüello, donde ella realiza aportes alimenticios a favor de niños y niñas humildes. A su turno, el fiscal Dalma señaló que estaban dadas las condiciones para que Romina iniciara su prueba y fuera liberada del juicio.
Lo más conmovedor de la audiencia fue la participación de los familiares de Romina. Al momento de declarar, su papá dijo que lo importante para él era que se había terminado con años de distanciamiento. “Lo que más valoro es poder haberme reencontrado con ella”, comenzó declarando.
Gracias a la intervención de las nietas, hijas de Pablo, lograron reunir a Armando con Romina y luego se produjo el reencuentro de Romina con Andrea, que no se veían desde fines de los ‘90.
El viudo prosiguió: “Andrea, lamento que no esté acá, me dice ‘Papá, yo tenía otra imagen de Romina, yo creía que Romina era una descocada’”.
“Hacía 24 años que no se veían. Gracias a Pablo, hicieron un asado hace un mes en la casa de él y se vieron después de 24 años”. El padre relató que Andrea la invitó a Romina a su casa de Los Molinos, junto con sus hijas adolescentes. Ahí se reencontraron y enviaron fotos a los demás.
Hoy, transitando sus 80, Armando se da el gusto de coincidir con Romina en una tarea que los une laboralmente: construyen bancos de madera y se ayudan con las compras y las tareas de carpintería.
En esa audiencia también declaró Pablo, el hermano que nunca intervino en los negocios de repostería, ya que él abrazó una antigua ocupación de Armando, la confección de indumentaria. “No estoy de acuerdo en que me tengan que pagar, no estoy de acuerdo en que (Romina) me pague nada, porque yo no he participado y no está en condiciones económicas de hacerlo. No me siento víctima, en absoluto”, resumió el hermano, quien le da algunas prendas femeninas para que la benjamina de los Franceschini venda por internet o a sus amigas.
Y, finalmente, también respondió a la requisitoria del tribunal Carina Verónica, quien hizo su aporte para acompañar a Romina en esta probation: “Yo lo único que quiero es que se encamine esto de una vez por todas, para todos nosotros ha sido un calvario. Yo tampoco pretendo, como dijo Pablo, que a mí me pague absolutamente nada. Si es algo formal que tiene que hacer ella, con tal (de) que todo esto se termine y firmemos, para mí está todo bien. Sé que la realidad es totalmente como (ella) la ha descripto, tengo acercamiento con ella. No tengo nada más que agregar”.
Tras un par de días de deliberación y de suscribir el acuerdo final, el tribunal decidió por unanimidad dar la probation a Romina. De esta manera, se inicia la prueba de dos años que deja atrás décadas de diferencias y disputas en el clan familiar.
