Muchos recuerdan aún cómo esa noche se dejaron de oír los ladridos.
Para una ciudad de unos 21 mil habitantes, que hubiera 13 mil perros y 3.500 gatos, principalmente en calles y en plazas, parecía ser un problema serio. Sobre todo porque ni por asomo había un plan oficial de castración para animales. Esa era la realidad por aquel 2013 en Deán Funes, aquella serena ciudad del noroeste de la provincia de Córdoba.
Tantos animales eran un asunto serio por resolver. La respuesta no pudo ser más aberrante, dolorosa y cruel: se armaron albóndigas con carne molida y aserrín (para darle volumen), y se añadió un poderoso agroquímico de venta prohibida al público, según se investigó a nivel judicial
Aquella noche del 27 de abril, aprovechando que la mayoría de los pobladores estaba en casa mirando una pelea de boxeo por televisión, los cebos envenenados fueron repartidos por el pueblo.
Principalmente, se arrojaron en plazas, en paseos y en avenidas. Esa noche, recuerdan muchos, los ladridos dejaron de oírse.
Los primeros dos perros vagabundos muertos fueron encontrados en la plaza Sarmiento, corazón del pueblo, ya en la madrugada del sábado. Los hallaron unos policías que daban vueltas en el patrullero.
Con el correr de las horas, el cuadro de espanto comenzó a extenderse por la localidad.
Por todos lados, aparecían, tirados, rígidos y con sus ojos abiertos, perros, gatos, pájaros, gallinas, pollos. Todos muertos. Algunos agonizaban por unos instantes, pero morían finalmente.
Varias mascotas, en paralelo, llegaron a morir en los propios domicilios.
En total, según contó la Policía, 211 fueron los animales muertos. Se sospecha que la cifra de “bichos” envenenados podría haber sido de 400.
“Usaron metomil”, fue la conclusión de los peritos judiciales. Se trata de un insecticida utilizado para el control de plagas, de venta no libre.
En Deán Funes, nadie olvida aquel abril de espanto de hace ochos años.
La sombra municipal
Las cosas se pusieron peores por dos cosas.
Primero, una nena se descompuso al ingerir el veneno.
Tuvieron que trasladarla a Córdoba capital. En el Hospital de Niños lograrían salvarla.
Lo segundo que cambió las cosas fue cuando en la fiscalía de Eduardo Gómez llegó el primer dato: unos vecinos aseguraban haber visto cómo unos hombres habían arrojado los cebos desde una Renault Traffic con logos de la Municipalidad. Algunos de esos cebos fueron ubicados intactos en la calle.
Mientras el por entonces secretario de Gobierno local, el contador Germán Darío Facchín (haciendo las veces de intendente), emitía el decreto 135, que establecía “la emergencia ambiental y sanitaria” en todo el pueblo, la investigación arrancaba con pie firme.
La pesquisa avanzó y avanzó, y se centró en testimonios, en el análisis de filmaciones y en el entrecruzamiento de comunicaciones, entre otras medidas.
Pronto, la peor sospecha se afianzó: la propia Municipalidad había estado aparentemente detrás de todo.
Facchín, aquel intendente en la práctica, fue enviado a juicio junto con un grupo de inspectores municipales. ¿Los cargos? Daño calificado (por usar veneno) y la infracción de la llamada “ley Sarmiento”, que protege a los animales.
Juicio, anulación y nuevo juicio
Fue la Cámara 12ª del Crimen de la ciudad Córdoba la encargada de juzgar todo. Ocurrió en 2019, seis años después de la noche en que los perros dejaron de ladrar.
El juicio fue inédito por lo que se juzgaba y por a quiénes se juzgaba.
Mientras los empleados pidieron probation (la suspensión del juicio a cambio de tareas solidarias), en una clara admisión del delito, Facchín juró no haber mandado a matar a esos animales.
No le creyeron ni el fiscal Gustavo Arocena ni el abogado Pedro Despouy Santoro, quien representaba como querellante a la Asociación Protectora de Animales de Deán Funes. Ambos pidieron una condena de tres años y cuatro meses de prisión para Facchín.
Despouy Santoro desgranó argumentos, unió pruebas, cercó al acusado, destacó el cruel uso del veneno en lugar de una política de castración y culpó al intendente. Habló de un “biocidio”.
“No sería nunca capaz de cometer un acto así. No está en mi naturaleza y no soy así. Ruego, y como soy creyente de Dios, espero que el tribunal sea justo en esta causa”, sostuvo Facchín, en la sala de audiencias, luego de que su defensor, Elías Monte, pidió su absolución.
Se dice: in dubio pro reo. La frase en latín significa: la duda beneficia al preso.
Los jueces entendieron que, si bien había firmes sospechas para señalar que la Municipalidad de Deán Funes había estado detrás de la matanza de los animales, no había pruebas para condenar.
Las absoluciones fueron apeladas por el fiscal y por el querellante.
Poco después, la Cámara 12ª rechazó los pedidos de probation contra los inspectores acusados.
Al año siguiente, poco antes de la pandemia, la historia tendría una nueva derivación. El Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. A ese juicio deberían ir Facchín y los seis empleados acusados.
Otra vez al banquillo
Más de ocho años y medio pasaron desde la matanza de los perros, de los gatos, de los pájaros y de las gallinas en Deán Funes. En la ciudad, nadie olvida esa matanza. Menos, la asociación protectora de animales.
El próximo viernes arrancará el nuevo juicio. Será en la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba. El abogado Despouy Santoro y el fiscal Arocena volverán a trabajar juntos.
La acusación es contundente: el por entonces intendente habría mandado a matar a los animales.
Nunca se pudo demostrar de dónde sacaron el veneno, aunque hubo sospechas.
En el banquillo de los acusados estarán el exintendente Facchín y los otros seis exinspectores acusados: Francisco Palomeque, Pablo Palomeque, Diego Allende, Roque Quinteros Nieva, Juan Márquez y Darío Palomeque.
Todos llegan en libertad. Todos responderán por daño calificado y por infracción a la ley Sarmiento.
El fiscal, según trascendió, le ofreció al principal acusado un juicio abreviado y una condena de tres años de cárcel efectiva. Para ello, Facchín debería admitir haber dado la orden de matar a aquellos animales. El principal acusado, sin embargo, mandó a su abogado a rechazar el ofrecimiento e insistió en que es inocente y en que quiere un juicio abierto.
