La Justicia federal de Río Cuarto avanza en la investigación de la presunta asociación ilícita que integraban 23 efectivos de la Gendarmería con el presunto fin de exigir “peajes” a camioneros en la zona de Sampacho, en el departamento Río Cuarto.
El análisis probatorio demostraría un modus operandi delictivo aceitado en el que cada uniformado cumplía un rol específico, según fuentes de la causa.
En la hipótesis de los investigadores, la por entonces jefa de la Sección Seguridad Vial “Sampacho” Analía Galian habría cumplido una función central.
Por un lado “habría aportado la cobertura jerárquica indispensable” para el funcionamiento de la estructura. Pero también “habría intervenido de modo activo y directo en la administración de los fondos ilegales”, a tenor de la pesquisa.
Según su grado de oficialidad militar de alférez su misión normalmente consiste en ser el auxiliar o subalterno al mando de unidades de tipo sección como la que funciona en Sampacho.
Sin embargo, el Juzgado Federal de Río Cuarto entiende que en ella se configuraría la “cabeza” de un supuesto plan sistemático abuso de autoridad e intimidación.
De esa manera habría legitimado con su cargo las maniobras de corrupción cometidas por el personal a su mando, según la sospecha.
Los investigadores estiman que al menos $ 55 millones en concepto de presuntas coimas habrían cobrado los 23 gendarmes acusados de conformar una presunta asociación ilícita mientras realizaban controles en la zona de Sampacho.
El accionar se habría registrado, por lo menos, entre agosto de 2024 y julio de este año.
Las víctimas fueron camioneros.
Además de la supuesta estructura participarían algunos civiles, algunos desde otras provincias.
Otro rol principal en el esquema lo habría cumplido uno de los suboficiales de la sección.
Cobros de dinero
A él se le atribuiría haber sido “el jefe operativo” de la organización.
El camionero que se cansó de todo y desató el escándalo lo habría reconocido como “el jefe” y como la persona que directamente “negociaba y arreglaba” las supuestas coimas, según fuentes de la causa.
Pese a tener un alto cargo en la jerarquía de la dependencia en la que no sería común encontrarlo en los puestos de control, el suboficial señalado se habría hecho presente en la ruta para “encargarse personalmente de los cobros” tanto en efectivo como en facilitar diferentes cuentas bancarias para cobrar el dinero exigido por transferencia.
A la Justicia le habría llamado la atención movimientos incompatibles en sus cuentas bancarias incompatibles con su ingreso como suboficial de Gendarmería.
Además, en algunas ocasiones, se habría hecho pasar por un subordinado –con el uso de una identificación falsa– con el propósito de confundir a las víctimas.
A esta cúpula de mando se sumaría una persona de confianza de este último, quien habría estado presente en casi todos los controles denunciados.
Es un cabo que habría estado en el Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, distante a pocos kilómetros de Sampacho.
Por ahora, no se conocen las posturas defensivas de los acusados
Efectivo o transferencia
Su función específica habría consistido en interceptar en primera instancia a los camioneros, señalarles supuestas irregularidades en la documentación presentada y exigirles el pago, tras lo cual intervenía el suboficial señalado para “arreglar” y asegurar la percepción de la coima.
Cuando el suboficial no se encontraba en los puestos de control, él mismo habría asumido el mando operativo en la ruta para garantizar el “peaje”, siempre de acuerdo a la sospecha.
Los demás integrantes de la presunta organización que se encontraban afectados a la Sección Seguridad Vial “Sampacho” (dos sargentos, cinco cabos primeros, cuatro cabos y uno sin grado identificado) habrían tenido a su cargo la intercepción de vehículos en la ruta, la exigencia de dinero a los transportistas, el cobro del dinero y la redistribución interna de las sumas obtenidas entre toda la organización, según la causa.
Los otros gendarmes acusados, entre los que se encuentra un familiar muy cercano a Galian, habrían participado de la maniobra con el aporte de sus cuentas bancarias y virtuales al circuito financiero de redistribución del dinero recaudado por las exacciones ilegales.
Delitos que se investigan
La fiscalía avanza en la presunción de una asociación ilícita destinada a cometer delitos.
De comprobarse, sus miembros podrían recibir una pena de prisión o reclusión de 3 a 10 años.
Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena es de 5 años.
Además les podría corresponder una condena por exacciones ilegales, es decir, aquella que recae sobre todo funcionario público que, con abuso de su cargo, exige por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.
De todos modos, resta aún un largo camino hasta que pueda realizarse finalmente un juicio.
