Aun en todo su esplendor, el imperio romano necesitaba abastecerse de agua. Los canales subterráneos y acueductos fueron una de las mayores obras de ingeniería de la historia que, aún hoy, se erigen desde Roma hasta Estambul. El ingenio, en tiempos modernos, también puede ser “contagioso”, y hasta delictivo: un vecino de barrio Guiñazú, en el norte de Córdoba capital, robó 700 metros de cañería de fibra óptica para proveerse clandestinamente de agua potable desde un acueducto.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba a Diego José Saravia (42) y le impuso realizar tareas comunitarias durante un año en un comedor comunitario de barrio Chingolo I, ubicado también al norte de la ciudad.
El cordobés “romano”
En medio de las duras restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19, en mayo de 2020, un representante de la empresa Claro denunció el corte del servicio de fibra óptica, realizado unos días antes, en el cuadrante Juárez Celman.
Los técnicos localizaron la zona de la falla: una cámara de empalme ubicada en un tramo cercano al peaje de la ruta nacional 9 norte (camino a Jesús María). Por las averiguaciones en la zona, rápidamente surgió el nombre de Saravia.
La hipótesis principal era que había cortado la fibra óptica, que corría de forma subterránea, para reutilizar 700 metros de la cañería plástica que traslada la fibra para abastecer de agua su casa –situada en kilómetro 2,5 de la ruta 9 norte, en Guiñazú– desde un acueducto.
Una obra de “ingeniería romana” audaz, que, sin embargo, tiene una “vida útil” muy efímera: hasta que se detecta que alguna ciudad se queda sin internet o telefonía.
El 16 de abril de 2020, los cortes de dos cables (uno con 48 fibras ópticas y otro, con 24 fibras) afectaron la prestación de internet y comunicación no sólo a todo el norte de la provincia de Córdoba sino a Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
El servicio estuvo interrumpido desde las 10.50 hasta las 18. Los técnicos debieron montar dos cajas para hacer un “bypass” y reparar el daño. A valores de ese momento, sólo el costo directo que debió asumir Claro por la afectación de los servicios ascendió a 350 mil pesos.
Sin embargo, había un antecedente. De acuerdo con la firma, Saravia ya había realizado un daño similar en 2016, y a pesar de la advertencia sobre los perjuicios que generaba a la compañía, luego de la última reparación (del 16 de abril, denunciada), volvió a consumar la maniobra.
“Como son dos caños que están pegados, él (Saravia) antes usaba uno que estaba vacío para utilizarlo como cañería de agua y se la dejábamos pasar… La primera vez que lo cortó (en 2016) dejamos que use uno de los dos caños para que pase agua e hicimos una cámara de hormigón (…), que sirve para proteger el arreglo. Reparamos el cable de fibra óptica y utilizamos un mismo caño para pasar dos cables de fibra óptica que debíamos pasar para dejarle el otro caño para que lo use como cañería de agua. Esta segunda vez (en 2020) le cortamos el suministro de agua y le dimos el uso que debía tener el caño para pasar el segundo cable de fibra óptica”, contó el representante de Claro.
Saravia buscó llevar agua a su casa, de forma clandestina, impidiendo el funcionamiento habitual del servicio de internet y comunicaciones para una vasta zona de Córdoba y otras provincias. Fue imputado por presunto robo e impedimento del normal funcionamiento de los servicios de comunicación, y el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, lo procesó.
La defensora pública oficial Mercedes Crespi apeló. Consideró que el hecho no debía ser calificado como robo, ya que las pruebas mostraban que Saravia no desapoderó a Claro de ningún bien, sino que sirvió de él para proveerse de agua. Planteó que, en todo caso, podría estimarse que existió una conducta asimilable a daños, aunque absorbido por el delito de impedimento de normal funcionamiento de servicios de comunicación.
Sin embargo, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento y la causa fue elevada a juicio.
Pedido de probation y justificación del juez
La defensora pública oficial Ana Blanco solicitó al Tribunal Federal N° 2 la suspensión del juicio a prueba (probation). Saravia ofreció realizar dos horas semanales de tareas comunitarias durante un año en el comedor. La defensa resaltó que, de acuerdo con el artículo 76 bis del Código Penal, “la reparación del daño en la medida de lo posible”.
Así, indicó que la reparación del daño no se debe circunscribir únicamente a la reparación monetaria porque puede haber diversas modalidades. Particularmente destacó que, al momento de los hechos, Saravia se encontraba (y se halla) en estado de vulnerabilidad, y que no tuvo intención de causar daño sino de acceder al Derecho al Agua (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales de Naciones Unidas, con jerarquía constitucional en Argentina).
La defensa consideró que debido a las condiciones de “changarín” del hombre, asumir una interpretación exclusivamente patrimonial y monetaria del concepto de reparación de daño implicaría quitarle la posibilidad de acceder a un beneficio que la ley contempla, resultando discriminado por razones socioeconómicas.
Al respecto, señaló que de ninguna manera la precaria situación económica puede ser la justificación de la imposibilidad de acceder al beneficio planteado en el Código Penal. Por eso, aunque el hombre dijo no tener ingresos para ofrecer un monto de reparación, sí podía prestar tareas comunitarias.
La empresa Claro (sin que su opinión fuera vinculante para el fiscal o el juez) se opuso a que el tribunal concediera la probation porque actualmente la firma está siendo víctima de innumerables delitos de este tipo, y que les resulta difícil identificar a los autores de los robos. Por eso, estando identificado Saravia, planteó que era necesario que se hiciera justicia para desalentar maniobras similares.
Por su parte, el fiscal auxiliar Gonzalo Fragueiro estuvo de acuerdo con el pedido de probation porque el imputado no tenía antecedentes, su precaria situación personal y económica, la naturaleza del hecho y el ofrecimiento de hacer trabajos en el comedor.
En un fallo unipersonal, el juez Julián Falcucci recordó que, a diferencia de lo sostenido por la defensa y el fiscal, “no es posible suponer que la realización de tareas en beneficio de la comunidad puedan reemplazar la obligación del imputado de ofrecer a la víctima de un delito una efectiva reparación del daño, como modo de resolver un conflicto”.
“La reparación del daño que establece la ley está pensada en función de la víctima y en este caso la víctima no se vería compensada en el daño que habría sufrido como consecuencia del trabajo solidario al que se sometería Saravia, que no guarda ninguna relación con el daño económico que efectivamente habría sufrido”, afirmó.
Sin embargo, señaló que surgía de “manera elocuente que Saravia no se encuentra en condiciones de realizar una propuesta efectiva de reparación del daño, lo que no impedirá el otorgamiento de ese beneficio porque en todo caso quedará expedita la vía para que el presunto damnificado obtenga un resarcimiento económico por vía de una demanda civil”.
De ese modo, hizo lugar a la probation y durante un año, Saravia deberá hacer tareas comunitarias.
