La “firma” de muertos y un escribano de Rosario, en el centro de todas las sospechas. El notario Ramón Leopoldo Argentino Contreras quedó involucrado en una causa por presunta falsedad ideológica, cuyo procesamiento fue confirmado por estas horas en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
La Sala A de la Cámara, conformada por Graciela Montesi, Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes, confirmó el procesamiento de Contreras dispuesto en diciembre pasado por el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto.
La firma sospechosa
La causa nació en noviembre de 2013 en Justiniano Posse, una pequeña localidad del sudeste de Córdoba. Lo que aparentaba un trámite de rutina terminó en una causa federal.
El titular del Registro de la Propiedad del Automotor de Justiniano Posse denunció una irregularidad en la transferencia de un Chevrolet Corsa. Particularmente, la sospecha recayó en la firma de Miguel José Vicente Gaido, cónyuge de la vendedora (Blanca Azucena Vieyra), plasmada en el formulario 08.
La rúbrica había sido certificada el 16 de marzo de 2009 por el escribano Contreras, de Rosario, y legalizada ante el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe el 26 de ese mes. Al analizar el 08, la encargada suplente del Registro Automotor advirtió que la firma de Gaido había sido realizada, increíblemente, con posterioridad a su fallecimiento.
La confirmación de su muerte llegó desde el Registro Civil local. Al revisar la partida de defunción de Gaido, surgió el dato clave: su fallecimiento databa del 31 de diciembre de 2006, más de dos años antes de la certificación y la legalización. Una ventana temporal muy amplia.
El fiscal José María Uriarte lo imputó recién en diciembre de 2020. Concluyó que Contreras falsamente habría dado fe de que Vieyra y Gaido firmaron el 08 como “vendedores” del Corsa a otra mujer, cuando “en realidad, tal acto nunca podría haberse producido, toda vez que Gaido se encontraba fallecido”.
Vieyra en ningún momento habría firmado, debido a que ignoraba que el formulario debía ser rubricado en una escribanía o en el Registro. El acta falsa fue secuestrada en la escribanía.
No solo que Gaido llevaba varios años fallecido, sino que –como advirtió el juez Pinto– el escribano tampoco pudo haber tenido a la vista el DNI del difunto, cuya copia no adjuntó en el libro correspondiente. “Circunstancias estas que (…) son demostrativas de la participación del escribano Contreras en las irregularidades detectadas”, afirmó Pinto.
En su descargo, el notario negó la acusación. “Han pasado muchos años. No recuerdo nada. Es del año 2009, así que yo no tengo conocimiento y no tengo nada en mi poder, en función de que el tribunal (Juzgado) ordenó secuestro de las actuaciones obrantes que estaban en mi poder”, dijo.
“Nosotros tenemos obligaciones por el Colegio (de Escribanos) respectivo de tener en nuestro poder el año en curso y 10 años anteriores. Esas actas ya estaban por destruirse, las de ese año. Por una circunstancia ulterior que uno estaba en otra cosa, no se destruyeron y quedaron. Entonces (…) ordenaron el decomiso y la rescataron”, agregó.
El peritaje
El peritaje de la firma que se intentó simular como la real de Gaido arrojó una certidumbre: no fue realizada por la viuda, por la compradora del vehículo, ni por otros dos hombres mencionados en el expediente.
Sin embargo, se confirmó que la firma de certificación de la rúbrica apócrifa de Gaido fue efectuada por Contreras. Sugestivamente, el escribano registra antecedentes penales en Santa Fe, con varios procesamientos por el mismo delito (falsedad ideológica), según las revisiones que efectuó La Voz.
Llamativamente, los casos son similares al que se investiga en Bell Ville: la certificación de firmas de personas muertas años anteriores a la transferencia de los vehículos. Uno de los casos, incluso, corresponde al de un hombre fallecido en 1994, cuya certificación de firma Contreras dio fe en 2007, cuando llevaba 13 años muerto.
Apelación y confirmación de la Cámara
En caso de Bell Ville, la defensa apeló el procesamiento por presuntas faltas de fundamentación, la no aplicación de la prescripción, la equiparación del escribano con la figura de funcionario público e incumplimiento de plazo razonable del proceso penal.
Respecto al primer cuestionamiento, la camarista Montesi consideró que el juez Pinto realizó un análisis suficiente y argumentó el procesamiento, con lo que desestimó el primer planteo defensivo.
Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la vocal recordó que la facultad que se les atribuye de dar fe a los actos y los contratos constituye una concesión del Estado otorgada por la calidad de funcionario público. Así, la prescripción de la acusación es improcedente si su causa fue el transcurso del tiempo durante el cual uno de los imputados reviste la calidad de funcionario público, por lo que rechazó el segundo planteo.
Finalmente, y tras realizar un racconto de las instancias de la causa, Montesi concluyó que no se produjeron demoras en el expediente que excedieran los límites de la razonabilidad en el proceso penal. De forma unánime, la Sala A confirmó el procesamiento sin prisión preventiva.
