Un iPhone 11 mide 15,9 centímetros de alto y pesa 194 gramos. Cabe en cualquier bolsillo, aunque su valor supera el millón de pesos, cifra que lo aleja del nivel adquisitivo de una gran parte de la población.
Como otros productos de lujo, estos teléfonos no dejan de ser un objeto deseado para el público masivo. Y el delito organizado lo sabe.
Así fue creciendo en Córdoba la industria del robo de celulares de alta gama.
En ese marco, comenzaron a multiplicarse las bandas coordinadas, difíciles de perseguir para las fuerzas de seguridad, y se multiplicó el “pungueo” de estos aparatos en festivales, recitales, boliches y en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba. También se expandieron en la zona norte de la Capital.
En todo este esquema, existe un circuito aceitado para “recolocar” estos artefactos en el mercado ilegal.
Unos “capos del negocio” estaban tan “cebados” que ninguno imaginó que uno de estos aparatos de casi 16 centímetros de alto, robado en 2022, iba a terminar provocando un terremoto, dos años más tarde, en la cúpula de la Policía de Córdoba.
Este fue el comienzo de la caída del subjefe de la fuerza Alejandro Mercado, quien, el pasado martes, fue detenido junto con el por entonces jefe de Brigadas Civiles, Cristian Cabrera, y la comisaria Claudia Aguilar.
También fue apresado un empleado judicial, Juan José Corzo, quien se desempeñaba en una fiscalía de Tribunales II. Antes lo había hecho en una unidad judicial.
Mercado fue imputado por el fiscal de la causa, Enrique Gavier, por presunto encubrimiento agravado. Al menos por ahora, pesa esta acusación contra él. Aunque podría agravarse.
Los otros dos comisarios y el funcionario judicial están imputados por presunta asociación ilícita, falsedad ideológica y falsa denuncia.
En paralelo, hay cuatro civiles imputados: Roberto Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge, Maciel Adrián Monge y Fiorella del Valle Monge. Están acusados por presunta asociación ilícita y quedaron detenidos (la mujer estaba prófuga y la atraparon el miércoles).
Cómo comenzó todo
El derrotero comenzó mucho antes, durante los años de esplendor del negocio, cuando un joven se presentó en la ventanilla de la Unidad Judicial 22, en barrio Los Naranjos, zona sudoeste de la ciudad.
Le habían quitado su iPhone 11 color blanco. Fue un viernes cálido de abril de 2022 y había salido con sus amigos a un reconocido boliche de la zona del Chateau.
Hizo la correspondiente denuncia y, al cabo de unos días, el 4 de mayo, volvió a la comisaría para avisar que había encontrado por sus propios medios la ubicación del celular, presuntamente.
En la UJ abrieron los ojos y tomaron nota, según recuerdan fuentes vinculadas a la investigación.
El celular había sido sustraído en un barrio cerrado próximo al barrio Villa Esquiú, un punto tan alejado como poco poblado de la zona nordeste de la ciudad.
Así lo informaba el dueño del equipo que accedió al sistema de búsquedas de su teléfono.
Días más tarde, la Policía llegó al punto que indicaba el software de rastreo, aguardó la llegada del dueño del domicilio del barrio custodiado e hizo valer la orden de allanamiento. Nadie se resistió.
En la mesada de la cocina, envuelto en papel aluminio (el dueño de casa iba a explicar meses más tarde que de esa manera se evita que el equipo emita frecuencia del GPS), estaba el iPhone 11 que había sido denunciado.
Pero también había varias cajas distribuidas por el resto de la amplia vivienda.
En total, aquel día, la Policía encontró 175 celulares, de los cuales 120 eran de la marca iPhone.
También había computadoras que contenían software puntual que se utiliza, según fuentes allegadas a la investigación, para desbloquear celulares o “clonar” sus números de Imei (el código de identificación único de cada aparato celular).
El dueño de casa (se reserva su identidad) dijo que se dedicaba a la reparación de celulares. Ofreció direcciones que, en efecto, eran de su propiedad y donde funcionaban locales de venta y reparación de equipos.
Cuando los investigadores comenzaron a controlar los números de Imei de los aparatos encontrados, se dieron con que eran equipos robados.
La caída del comisario Cabrera
Por el hallazgo fue acusado el dueño de la vivienda, quien también resultó ser jefe de otras personas que se dedicaban a vender equipos celulares. Fue imputado por el delito de encubrimiento agravado reiterado en calidad de autor.
La investigación determinó que terceros le entregaban en cajas numerosos equipos que habían sido robados en eventos, bailes, recitales y fiestas, principalmente. Pero el acusado nunca quiso delatar a quienes entregaban esas cajas llenas de iPhone y celulares de alta gama.
Cuando su caso llegó a la Cámara 8ª del Crimen, decidió hablar, según informaron fuentes de la investigación.
A cambio, obtuvo una reducción significativa de la pena durante un juicio abreviado.
El 21 de noviembre de 2023, reconoció los hechos que se le adjudicaban, pero además dijo que desde 2021 trabajaba para un grupo de personas que tienen comercios en el Centro de Córdoba, cuya casa central está ubicada en la galería 25 de Mayo.
Su patrón –a quien más tarde iba a reconocer como Roberto, el patriarca de la familia Monge– supuestamente cambiaba dólares en una financiera que funcionaba en distintos departamentos de la city cordobesa, según fuentes de la causa.
El hombre le pidió –según aseguran fuentes de la investigación– que guardara una gran cantidad de celulares.
Según lo que relatan fuentes del caso, el arrepentido dijo que en ese local “trabajaba el jefe de Brigadas Civiles, Cristian Cabrera”.
De hecho, el acusado aseguró –según fuentes de la investigación– que el propio Cabrera le “acercó los teléfonos robados”. Y también declaró que se había presentado en los allanamientos a su vivienda.
El acusado ofreció los números de teléfono de las personas que le entregaban los equipos robados. Los datos se fueron verificando y la causa derivó en la Fiscalía de Delitos Complejos.
En ese marco, se inició la pesquisa y comenzó a avanzar y mucho. En ese marco, surgieron pistas de que la banda, además de “trabajar” con celulares robados, presuntamente fraguaba denuncias sobre robos de cubiertas a compañías aseguradoras. Supuestamente, también había una financiera.
En febrero, la casa de Cabrera fue allanada. Se secuestraron teléfonos y dinero. El hombre quedó libre. Sin embargo, lo dejaron en situación pasiva. Su abogado, Hugo Luna, pidió que siguiera en libertad.
Seis meses después, Cabrera ha quedado preso. En el marco de esta causa, la investigación ha llegado hasta quien era su por entonces jefe en 2022 y en 2023: el comisario Alejandro Mercado.
Por ahora, no se conoce la versión de Cabrera ni la de Mercado.
No son pocos los que afirman que esta causa va a deparar muchas más sorpresas.
