El sueño de la casa propia en la tranquilidad de las Sierras, un celular lujoso y un nuevo nivel de vida al calor de la seguridad que suele brindar una “billetera” con millones de pesos. Un ambicioso ascenso social rápido, sin mayores obstáculos a la vista, fue quizá el pujante “motor” que impulsó al policía federal Víctor Hugo Noriega y a su esposa, Jésica Yanel Karina Carabajal. Al menos ese habría sido el plan. Hasta que fue desbaratado.
El fiscal federal N° 2, Carlos Casas Nóblega, los imputó por presunto lavado de dinero de origen delictivo en el marco de una investigación que comenzó hace algunos meses y que también alcanza a otros efectivos de la Federal Córdoba, sospechados por hurto agravado (por ser integrantes de una fuerza de seguridad).
Los 30 mil “Benjamin Franklin”
Las suspicacias se gestaron a partir de un procedimiento judicial. Al cierre de 2022, el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó varios allanamientos en una causa por supuesto contrabando de tecnología.
El mediodía del 29 de diciembre de ese año, el sargento primero Noriega y el subinspector Sebastián René Villagra –de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales– llegaron hasta el complejo de departamentos El Algarrobo, en barrio Alberdi, de la capital provincial. El emprendimiento cuenta con tres torres de varios pisos, calefacción central y cocheras cubiertas, seguridad las 24 horas y piscina.
Los efectivos revisaron la vivienda, ubicada en el primer piso, y observaron que en el placard de una habitación había una caja de colores blanco y naranja, no distinta a tantas otras. Con excepción de que allí se guardaban miles de dólares.
Pasaron por alto los auriculares que estaban ubicados en uno de los compartimentos, para concentrarse en algo más valioso: los tres fajos de U$S 10 mil cada uno con la efigie azulada de Benjamin Franklin, y otros U$S 800 doblados por la mitad con una bandita elástica (al blue actual, más de $ 31 millones).
El fiscal cree que actuaron con disimulo porque había otros efectivos al momento del operativo. Con sutileza, habrían ocultado el dinero en dos mochilas que llevaban, sin asentar la existencia de los fondos en el acta de allanamiento y, claro está, sin autorización del juez para hacerlo.
Los iPhone
En un allanamiento casi en simultáneo por la misma causa, en calle Lituania al 2100, Alto General Paz, el ayudante Alexis Hernán “Juanma” Castro y el cabo primero Federico Andrés Couly se habrían apoderado de seis costosos iPhone de última tecnología: tres correspondientes al modelo 13, dos 14 y uno 14 PRO Max.
Los habrían hurtado del living como parte de un acuerdo previo con sus superiores, Noriega y Villagra, para entregárselos luego. Noriega y Villagra les habrían “pagado” a cada uno con un iPhone 13 por el “trabajo” realizado.
En último término, Villagra y Noriega se habrían quedado con los iPhone 14 y habrían pactado con Couly y Castro “compartir” con ellos la recaudación de la venta del resto de los celulares sustraídos.
Los dólares, los iPhone y el terreno en las Sierras
La gravedad del caso estaría dada, además, por el supuesto plan que habrían digitado Noriega y Villagra para consumar las maniobras. Los investigadores pudieron establecer que ambos habrían realizado tareas de inteligencia anteriores a los procedimientos con un objetivo: conocer el poder adquisitivo del allanado, el lugar donde podría ocultar los celulares en presunta infracción a la ley aduanera y los movimientos que habría realizado.
Con todas las pistas, habrían solicitado las órdenes de allanamiento al juez, conjuntamente con Aduanas, y luego habrían convenido con Castro y Couly de que se apoderaran de parte de los celulares.
Ya con al menos parte de los dólares sustraídos, Noriega habría buscado rápidamente lavar los fondos con la compra de una propiedad, dándole una apariencia de legalidad. Así, habría adquirido el 17 de febrero de 2023 un terreno en la localidad de Cuesta de Oro, en cercanías de Valle Hermoso.
Habría cerrado la operación por U$S 7.650 con un corredor inmobiliario, en una escribanía de Capilla de Monte. Registró el terreno a nombre de él y de su esposa, Carabajal. La mujer también fue imputada, porque habría tenido conocimiento del origen ilícito de los fondos.
De acuerdo con el informe de altas societarias publicado por el Gobierno provincial, en 2021 el matrimonio constituyó el Centro de Formación, Propósitos y Oficios (Cecprof), una sociedad por acciones simplificada (SAS) radicada en La Falda. El objetivo del organismo habría sido dictar diversos cursos, como primeros auxilios, acompañante terapéutico, coaching, depilación e inglés. En el informe de la Provincia, la mujer figura como “licenciada”, y su socio, Noriega, como policía.
El fiscal Casas Nóblega pudo establecer que el monto erogado no se corresponde con la situación patrimonial declarada por la pareja. No fue el único motivo que disparó las sospechas, sino también el momento en que se pactó la compra del terreno: un mes y medio después del allanamiento en Alberdi.
Noriega está en prisión domiciliaria y Villagra fue excarcelado, aunque el fiscal apeló ambas medidas.
