La muerte de un recluso en la cárcel de Bouwer ocurrida presuntamente luego de sufrir tormentos, causa por la que hay nueve imputados (entre guardiacárceles y médicos), registra un preocupante antecedente que se remonta a mediados de 2000. Fue cuando se realizó el primer traslado de internos desde la por entonces Cárcel de Encausados -en barrio Güemes de Córdoba- hacia el mismo penal ubicado 10 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.
La historia judicial cordobesa señala que hubo 28 guardiacárceles imputados por severidades agravadas reiteradas y lesiones leves reiteradas contra 36 reclusos.
Lo preocupante es que la causa fue elevada a juicio y jamás fue juzgada. Y lo grave es que el expediente prescribió, debido que todos los que eran funcionarios públicos ya están retirados.
Volviendo al presente, sabido es que el fiscal José Mana investiga a nueve integrantes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) -un exdirector, seis guardias, una médica psiquiátrica y otro psiquiatra- por “tortura seguida de muerte” en perjuicio de César Darío Moreno (50).
Mientras avanza esta pesquisa, los archivos de La Voz arrojan un antecedente de grandes dimensiones y una gravedad fuera de lo común. Según esos registros, el episodio se denominó “La golpiza de los guardiacárceles” y ocurrió el 26 de julio de 2000, nada más ni nada menos que durante el primer traslado de detenidos desde Encausados a la cárcel de Bower, atribuido a altos oficiales del SPC incluidos también un enfermero y un médico imputado por “emisión de certificado falso”.
La gran obra del establecimiento carcelario de Bouwer “Francisco Lucchese” había finalizado ese año y, para “descomprimir” Encausados, se decidió realizar el primer traslado con 36 reclusos. La madrugada de aquel 26 de julio amaneció con golpes a esos 36 internos que fueron “despedidos” de la peor manera de parte de sus guardianes. Recibieron golpes de puño, patadas, rodillazos e impactos con objetos contundentes, por lo que algunos quedaron maltrechos.
Si bien fue difícil recolectar prueba por temor a represalias, el instructor de esa causa se las ingenió para hacer una prolija investigación y obtener prueba contundente para involucrar a los 28 penitenciarios. Esa tarea le correspondió al entonces fiscal de instrucción Juan Manuel Ugarte, el mismo que cuatro años después “descubrió” quién era el violador serial -Marcelo Sajen- y hace pocos días, como camarista del crimen, condenó a prisión perpetua al múltiple asesino Roberto José Carmona.
En aquel momento, un editorial de La Voz -”Ejemplar medida de la Justicia cordobesa”- destacaba la decisión firme de imputar a 28 dependientes del SPC, entre ellos al titular de la cárcel de Encausados y a otros ocho oficiales de la fuerza de seguridad.
La causa fue encabezada por orden alfabético sino con el nombre de la más alta autoridad, “Mina, Gustavo José y otros por supuestos autores de severidades agravadas reiteradas, etcétera” y acusaba a los funcionarios judiciales por ese delito en concurso ideal con “lesiones leves reiteradas”, siempre con 36 hechos.
Asimismo, el profesional médico que revisó a los reclusos y omitió hacer constar la existencia de lesiones fue imputado por “emisión de certificado médico falso reiterado”, por 11 hechos.
A juicio sin juicio
El 5 de diciembre de 2001, el entonces fiscal de instrucción Ugarte cerró la investigación y envió el expediente a juicio.
Fueron enviados a plenario los penitenciarios Gustavo José Miguel Mina (por entonces, de 45 años), Alejandro del Valle Ledesma (41), Rubén Alberto Zárate (39), Walter Guillermo Araujo (39), José Ernesto Oviedo (37), Pedro Julio Sosa (35), Carlos Alberto Pis (39), Carlos Livios Soria (30), Sergio Raúl Padilla (35), Héctor Luis Santucho (32), Héctor Abel Galarza (24), Luis Oscar Andrada (45), Osvaldo Nicolás Contreras (34), Ignacio Rodolfo Quiroga (39), Walter Gabriel Ponces (25), Jorge Alberto Walther (39), José Daniel Salas (28), Enzo Nicolás Bustos (26), Pablito Alfredo Ferreyra (27), Marcelo Adrián Pastorino (32), Juan Elio Fleyer (21), Víctor Ramón Feito (34), Mario Sebastián Benique (22), Miguel Ángel Ceballos (38), Julio César Regina (37), Fabián Aníbal Blind (26), el médico Fernando José Martín (38) y el enfermero Alfredo Walter Ochoa (35).
Sin embargo, la causa quedó “cajoneada” y nunca llegó a celebrarse el debate oral y público.
En principio, por tratarse de funcionarios públicos, la causa no prescribe, pero con una salvedad, si el agente deja de estar en actividad se extingue la persecución penal.
A raíz de esto, hace pocos días La Voz consultó con la más alta jerarquía del SPC sobre la posibilidad de que alguno de los agentes aún estuviera en actividad, con la expectativa de que algunos, los más jóvenes, aún estuviera activo, 23 años después.
La respuesta fue “ninguno” de los 28.
De este modo, la Justicia no se preocupó por la realización del juicio y quedó impune la “presunta” golpiza de funcionarios provinciales a 36 detenidos. Un magro recuerdo del primer traslado a Bouwer.
