Los ecos del escandaloso caso de Ignacio Martín, el falso médico y jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto durante la pandemia, no terminaron de acallarse, y ahora otra historia de ribetes similares alcanza a una mujer procesada en Corrientes por usar un título trucho de médica y que habría ejercido durante años en el sur de Córdoba.
Otro escándalo en Río Cuarto
“La doctora” no imaginó que un simple trámite en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) terminaría en una investigación federal penal en su contra en Corrientes.
La historia se remonta al 30 de mayo de 2017, cuando Stella Maris Romero reclamó a la Secretaría Administrativa de la Facultad de Medicina de la Unne porque no le extendían el duplicado de su título de médica cirujana.
Para poder cumplimentar el trámite, la Unne le solicitó que aportara el título original. Siguiendo los pasos, la mujer lo envió por correo físico y aclaró que era un “título provisorio” que le había expedido Medicina en su momento.
El título “original” fue enviado a la Dirección de Diplomas. Sin embargo, las autoridades advirtieron una serie de irregularidades en el diploma que Romero les había enviado.
La situación se tornó escandalosa cuando la Dirección de Gestión de Estudios, de Medicina, informó que la mujer no sólo no era egresada de la carrera, sino que tampoco registraba actividad académica desde 1989, encontrándose en los archivos en condición de alumna pasiva.
Con toda la prueba, en septiembre de 2018, la apoderada de la Unne, María de las Nieves Riera Stival, la denunció penalmente ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, por presuntas irregularidades en el título universitario provisorio.
El fiscal ordenó a la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional (Uesprojud) de Corrientes que a través de la Uesprojud de Río Cuarto investigara la actividad laboral de “la doctora”.
La mujer aparecía con residencia en Río Cuarto, por lo que el fiscal solicitó establecer si efectivamente ejercía o había ejercido profesionalmente como médica en suelo cordobés.
Los resultados de la investigación terminaron sumando otro escandaloso capítulo, ya que el domicilio que Romero había aportado no existía. Las averiguaciones y las entrevistas encubiertas realizadas con vecinos del domicilio informado indicaron que no la conocían.
Pero lo más sensible fue su foja laboral. Las sospechas apuntaban a que había trabajado como médica en la Municipalidad de Santa Catalina-Holmberg, porque figuraba como empleada.
Los investigadores pudieron determinar que una sobrina ejercería como médica en la capital alterna de la provincia, y que Romero habría accedido a su puesto en el dispensario de Santa Catalina, ya que su hermano habría ostentado algún puesto como jefe en el Batallón de Arsenales 604 del Ejército.
Sin embargo, habría sumado a su “currículum” un puesto de médica en la localidad de Huinca Renancó.
A medida que los investigadores profundizaban, la lista se expandía. También se habría desempeñado en un dispensario de Río Cuarto, pero la habían echado al sospechar que su título era falso. Y habría alcanzado a trabajar en el Ente Descentralizado de Control Municipal de Río Cuarto (Edecom).
La esposa del militar también sería médica, lo que Romero habría utilizado como referencia para solicitar el puesto en Edecom, además de haber aportado el “título” habilitante.
El fiscal Ferrini pidió informes a todos los lugares indicados donde se habría desempeñado como médica, solicitando copias certificadas de la documentación que hubiera presentado, para acreditar su ‘’condición profesional”.
La Subsecretaría de Hacienda de la Subdirección General de Compras del Gobierno de Río Cuarto confirmó que Romero estaba inscripta en el registro municipal de proveedores locales desde el 6 de febrero de 2017. La mujer presentó incluso la copia del “título” presuntamente expedido por la Unne.
Por su parte, el Edecom confirmó que había trabajado como médica en el dispensario municipal desde mayo de 2013 hasta mayo de 2017 (cuatro años), para lo cual presentó documentación apócrifa a fin de acreditar su condición de “doctora”.
El fiscal la imputó como autora del delito de uso de documento falso o adulterado. El juez subrogante federal N° 1, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, la procesó –sin prisión preventiva– en abril pasado y la embargó por $ 200 mil. El magistrado consideró probado que Romero se valió de un título trucho a sabiendas de su falsedad tanto material como ideológica, ya que nunca egresó de la Unne.
La defensa pidió la nulidad de la prueba en razón de que los informes solicitados a los organismos de Córdoba, a su entender, habían sido pedidos sin dar intervención a Romero, a fin de que pudiera ejercer su derecho constitucional de intervenir en su producción.
El fiscal no adhirió al recurso y sostuvo que de la prueba surgían claramente detalladas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que había ocurrido el hecho endilgado.
Más complicada y cerca del juicio en Corrientes
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó los planteos defensivos y confirmó el procesamiento de la supuesta falsa médica. “Se advierte que la resolución (del juez de procesar a Romero) determinó específicamente la conducta atribuida, para luego analizar la idoneidad para perjudicar la fe pública y que la utilización del instrumento falso puede causar perjuicio o conducir a error”.
“En función a ello, no se advierte la irregularidad sostenida por la defensa, respecto a la congruencia entre el hecho imputado y los resultados de los informes, que acreditan prima facie la idoneidad del documento presentado para conducir a error, motivo por el cual el agravio deberá ser rechazado”.
“En segundo lugar, respecto (…) de la omisión de dar intervención a la imputada respecto a la solicitud de informes de diferentes organismos, no representa un agravio, pues de manera alguna lesiona o restringe derechos o garantías constitucionales. En efecto, luego de recibidos los respectivos informes, fueron puesto a disposición en el expediente, del cual reconoce la defensa tener conocimiento, por lo cual tampoco se vio restringido su derecho a controlar la prueba”, dijeron los camaristas Ramón Luis González, Mirta Gladis Sotelo y Selva Angélica Spessot.
Fuentes judiciales de Corrientes indicaron a La Voz que están por pedir enviarla a juicio. Resta conocer si en Río Cuarto se la investiga por el presunto ejercicio ilegal de la medicina y si, probablemente, perpetró algún tipo de fraude.
Zafó en Córdoba
La presunta falsa médica también quedó involucrada en otra controversia que terminó en una imputación por peculado en Córdoba, en el marco de otra causa, anterior a la actual. La investigación en este caso comenzó en 2011 por su supuesta implicancia en maniobras ilegales como encargada de venta de chequeras del Instituto de la Obra Social del Ejército (Iose).
Entre septiembre de 2008 y julio de 2009; y luego, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, habría recibido dinero por las ventas de chequeras (órdenes de prácticas médicas, recetas y consultas) sin haber depositado los importes en la cuenta del Iose en la sucursal Río Cuarto de Bancor.
Para rendir los fondos, Romero habría presentado fotocopias de los comprobantes de depósitos bancarios supuestamente realizados, pero que en realidad nunca habría hecho con la excusa de haber extraviado los originales.
Así, habría generado un perjuicio histórico –por las sumas omitidas de depósito– de $ 16.616, un monto bajo actualmente, pero no tan insignificante al momento del hecho. La causa fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba.
El fiscal general ante el TOF1, Maximiliano Hairabedian, señaló que se había superado el plazo razonable del proceso, debiendo ordenarse la extinción de la acción penal. En consonancia, el año pasado, los jueces declararon extinguida la acción penal por violación de la duración razonable del proceso y la sobreseyeron por peculado.
