La banda de los “abogados comisarios” que cayó el viernes pasado estaba liderada, según la investigación del fiscal Guillermo González, por Maximiliano Ochoa Roldán, director general de la Policía Caminera.
Ochoa Roldán no era nuevo en la Caminera: ya había prestado servicios allí cuando el actual jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, estuvo a cargo de la dirección. En ese mismo tiempo, estuvieron en la Caminera otros dos detenidos el viernes: Leonardo Torres, quien hasta su aprehensión era el director de la Asesoría Letrada de la Policía, y Martín Heredia, quien también había regresado junto a Ochoa Roldán.
Luego de salir de la Caminera, Gutiérrez fue a la departamental Cruz del Eje, y cuando subió a la Jefatura de Policía, en diciembre de 2023, llevó a la Secretaría Privada a Torres y a Ochoa Roldán, como parte de sus personas de confianza.
La amplia gama de delitos que le atribuye el fiscal a la banda con el uso de información privilegiada para extorsionar o proveer de soluciones de hecho a litigios para los que no se quería aguardar los tiempos de un proceso judicial generó muchas suspicacias sobre la posibilidad de que las irregularidades hayan alcanzado a las tareas de la propia Caminera, una de las “cajas” más interesantes de la Provincia, que durante 2024 generó ingresos por 29.527,3 millones de pesos, según el informe de Ejecución Presupuestaria publicado en la página de Datos Abiertos del Gobierno de Córdoba.
El fiscal González se encargó de remarcar que los delitos que se le endilgan a Ochoa Roldán no tienen nada que ver con su función policial en la Caminera. Hay presuntos cobros por “desalojos exprés”, extorsiones y cobros de honorarios profesionales en causas en las que la información privilegiada les habría dado a los “abogados comisarios” una ventaja imposible de igualar. Pero nada de Caminera. Por ahora.
Es difícil de explicar al común de la gente que la detención por corrupción del director de la Caminera no tiene que ver con delitos en esa área.
Separar las cosas es una de las mayores preocupaciones de momento en el Gobierno. Aseguran que si aparece algo allí, tiene que ser un mecanismo bastante sofisticado. No parece posible, por caso, que hayan traficado borrar actas de infracción o limpiar historiales de manejo para obtener licencias.
El procedimiento es digital, desde el inicio. “Una vez labrada el acta de infracción por el operador de tránsito de la Policía Caminera en su PDA, se sube en el mismo acto (online) al Registro Informático Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat), y puede ser visualizada por 52 juzgados de faltas provinciales y municipales, y por 300 centros emisores de licencias de conducir provincial”, remarca Miguel Ángel Rizzoti, director de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de Córdoba.
“A partir de allí, comienza el procedimiento administrativo, con posiblidad para el supuesto infractor de ejercer su legitimo derecho de defensa mediante la presentacion de descargos y/o recursos, tras lo cual finaliza el procedimiento con una sentencia que dicta el juez de Faltas, con trazabilidad asegurada a lo largo del procedimiento administrativo”, explica.
¿Es posible evitar el pago de una multa o hacer caer el antecedente para no perder puntos y mantener la licencia? Sí, en esta instancia: la presentación de un descargo ante el juez.
“Es muy frecuente que un juez absuelva si el infractor demuestra que tuvo un desperfecto eléctrico con un fusible y eso generó que tenga un foquito quemado. O que pruebe que en menos de tres días cambió la lámpara. Para dar un ejemplo muy común”, graficó el funcionario.
El Repat, donde se suben las actas, tiene el soporte técnico de los profesionales informáticos del Ministerio de Seguridad, que cuentan con la colaboración de técnicos de la delegación Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en virtud de un convenio que lleva varios años de trabajo común.
El seguimiento y el control de lo que se sube y lo que luego se cobra es vital, porque hay plata en juego para muchos actores. Este es otro factor que contribuye a la transparencia, afirman. “Lo recaudado ingresa al fondo vial y es distribuido entre juzgados de faltas abocados, municipios y comunas adheridos al sistema provincial, la Comisión Provincial de Faltas, Policía Caminera y la autoridad de aplicación de la ley (la propia Dirección de Seguridad Vial)”, especificó Rizzotti.
Contrapuntos políticos
“En ningún lugar del planeta se puede garantizar que no haya delincuencia en el Estado o en la sociedad; lo que garantizamos en Córdoba es que no haya impunidad. En Córdoba, el que las hace y es descubierto, las paga”, publicó el legislador provincial oficialista Miguel Siciliano en su cuenta de la red social X, en respuesta a las críticas de la oposición con pedidos de renuncia al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al jefe de Policía, Gutiérrez.
Siciliano usó una expresión de la ministra de Seguridad en el gobierno nacional de Javier Milei, Patricia Bullrich, para devolver golpes y comparó esta actitud con la falta de cuestionamientos cuando hay corrupción en fuerzas federales, como la Gendarmería.
El jefe del bloque del Frente Cívico en la Legislatura provincial, Walter Nostrala, anticipó que en la próxima sesión insistirán con el pedido de renuncia de Quinteros. “¿Nadie sabía nada? ¿Nadie sospechaba nada? Evidentemente, el ministro, no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción”, cuestionó.
El radicalismo también fue muy duro. La legisladora Daniela Gudiño, quien ya en su momento pidió la dimisión del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, también se preguntó: “¿En manos de quién estamos? El ministro de Seguridad debe renunciar de manera inmediata“.
El liberal Gregorio Hernández Maqueda apuntó también al fiscal Guillermo González. “Es absolutamente irregular que un fiscal, que es parte del Poder Judicial, dé una conferencia de prensa junto con un ministro del Poder Ejecutivo horas después de ordenar la detención de funcionarios dependientes precisamente del Poder Ejecutivo“, dijo.
