“Te lo digo claramente: en Villa María allanaron a gente que la Afip cree que cambian dólares y cheques. Es como dice el dicho: ‘No tengan miedo, tengan cuidado’”. El famoso eslogan de los ’90 en Argentina para advertir sobre el cólera resultó en un pragmático aviso que permitió a una financiera ilegal de Marcos Juárez vaciar sus oficinas antes de que la Justicia federal la allanara.
La advertencia la habría realizado en abril pasado Hernán Hugo Escudero, contador auditor independiente de la “cueva” BFA Inversiones y Finanzas SA al responsable operativo Martín Sebastián “Pichi” de Paul. La filtración habría permitido a la banda fugar importantes datos.
En los últimos días, el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, procesó a 12 imputados en el marco de la causa por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y encubrimiento: los empresarios Adrián Marcelo Brussino, Campana de Paul, Antonio Alejandro Margherit, y su hijo Juan Antonio Alberto Margherit (todos con prisión preventiva) habrían sido los jefes de la organización.
En un escalón inferior, aparecen Gabriel Fernando Melano, Yanina Paola Cuniberti (“mano derecha” de Brussino), Laura Andrea Reinaudi (esposa de Brussino) y Magalí Ferreyra (empleada de BFA). Y más abajo, Escudero y sus empleados: el contador Marcos Gastón Grasso, la abogada Paulina Soledad Freytes y Yanina Paola Isla (todos siguen en libertad).
El juez declaró la incompetencia material respecto a la compraventa de moneda extranjera.
Sospechas, escuchas y millones
La Fiscalía Federal de Bell Ville, a cargo actualmente de María Miguel Carmona, comenzó a investigar el accionar de BFA a partir de una denuncia anónima presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto de información clave.
Los datos apuntaban a BFA como una “cueva” ubicada en pleno centro de Marcos Juárez, y a su supuesto “financista”, “mentor” o “socio encubridor”, según el juez: Brussino, un productor agropecuario y dueño de la aceitera PRO-LEO SRL (continuadora de Proleo SA), de Leones. La firma habría realizado el 98% de las ventas a las otras compañías del empresario, aunque no habrían sido reales por su incapacidad operativa.
De acuerdo con la denuncia, el productor tenía participación también en Agropecuaria Santa María SRL y Agro SM SAS (estás últimas dos, con su esposa, Reinaudi), y obtenía dólares de Chile para “operar” en Marcos Juárez, Villa María y Mendoza. La Afip detectó inconsistencias en la situación tributaria de los imputados y las firmas asociadas a ellos, y aún resta que determine el monto de evasión.
A su vez, el denunciante dijo que solía ver frecuentemente a diversas personas extraer fondos de bancos y llevarlos, en bolsos, a BFA. Esa habría sido parte de la mecánica que la que la “cueva” habría utilizado para fondearse.
Entre junio de 2022 y abril de 2024, los procesados habrían realizado operatorias ilegales desde BFA. A pesar de estar habilitada por el Banco Central a ofrecer créditos, como “otros proveedores no financieros”, en la praxis habría sido una “cueva”: desde la captación de depósitos a plazo, préstamos, servicio de cajas de seguridad, compraventa de dólares, mutuos, cambio de cheques y operaciones con cereales “en negro”.
El caso recuerda a la falsa financiera CBI Cordubensis SA, que realizó operaciones de intermediación financiera ilegales entre 2012 y 2014.
“Se me venció ahí un documento y lo quisiera renovar. ¿Puedo agregar algo?”, planteó un cliente de BFA. “Hasta un ‘palo’ ($ 1 millón) te puedo tomar”, le dijeron desde la “cueva”. El fisco descubrió una posible doble facturación (una real y la otra simulada).
Para la fiscal Carmona, Brussino se habría erigido como el “financista” de BFA, mientras que los Margherit y Campana de Paul eran los titulares de la financiera. Estos últimos también habrían sido responsables de la empresa MCM SRL (con el fideicomiso Las Palmeras como integrante), dedicada a fertilizantes. De allí habrían conseguido otros ingresos marginales luego canalizados a la operatoria económica de BFA.
En ese contexto, los investigadores detectaron que el contador Escudero aparecía siempre como el “poderdante” de varias de las compañías de Brussino, que habrían efectuado posibles defraudaciones contra el fisco. En Agropecuaria Santa María, la Afip descubrió inconsistencias y relaciones comerciales con proveedores apócrifos y menciones de Brussino para “no pagar ganancias ni nada”.
Según la investigación, el empresario habría ocultado su patrimonio en las diferentes empresas, el fideicomiso y a través de presuntos testaferros, entre ellos un sobrino, “dueño” de parte de miles de hectáreas en Chaco que el empresario no habría podido “blanquear”.
Para el juez, Brussino (habría tenido injerencia en el Fideicomiso Familia Brussino y Brussino Agropecuaria SRL) y el contador Margherit (p) (de la firma Profarm) tenían un claro vínculo. “Un socio mío tiene una fabriquita en Leones: el Adrián Brussino”, se escuchó al empresario en una de las intervenciones. La “fabriquita” habría sido PRO-LEO.
Pero también los habría unido BFA, ya que Brussino habría fungido como “financista” de la “cueva” con poder de decisión, al igual que Margherit (p) y Campana de Paul. “Cada dos por tres, me pela. Me acorta un poquito lo que puedo vender”, dijo “Pichi” en una de las intervenciones sobre Brussino, en referencia a que este habría llevado adelante grandes operaciones con dólares mediante BFA.
Las escuchas confirmaron además que tanto Margherit (p) y Campana de Paul, como Brussino, tenían un rol en BFA. “Con Martín, con ‘el Pichi’, tenemos dos empresas: una es la financiera BFA, en la que está al frente él, y la otra es una empresa de agro en la que estoy al frente”.
En un llamado, Brussino le dijo a su “mano derecha”, Cuniberti, que iría a BFA a retirar “5″, presumiblemente $ 5 millones o trasladar allí “15 ‘palos’”. Brussino fue captado ingresando y saliendo de la financiera, al igual que Margherit (p), en movimientos que habrían sido habituales.
En otros diálogos, se mencionaron movimientos de abultadas cifras, operaciones con cheques por más de $ 100 millones, compra de vehículos por $ 50 millones; compraventa de terrenos; derivación de clientes a la “cueva”; compraventa de divisas; maniobras “en negro”, “sin papeles” y “sin facturar” (presunta evasión); posible tráfico de influencias y pagos de coimas.
El productor habría, incluso, dado órdenes a los empleados de BFA sobre las operatorias y habría contado con la colaboración de su esposa. Hasta habría mantenido en la informalidad a los trabajadores de sus campos y habría realizado operaciones de cereales por varias toneladas con Chile y Bolivia.
Para no verse involucrados aparentemente en las maniobras, las comunicaciones con los clientes eran derivadas a WhatsApp, ante la imposibilidad de ser intervenida por la Justicia. “Me estás hablando por línea común... ¿No manejás WhatsApp? Ojo con la info”, dijo una empleada de la “cueva” a un cliente, alertando sobre las presuntas maniobras ilícitas que se realizaban allí.
Son múltiples los llamados por compraventa de dólares a cotizaciones no oficiales (blue) en las que habrían intervenido no solo Brussino, sino además Margherit (p), Campana de Paul y Melano. Para el juez Margherit (h), como representante legal y socio de BFA, no podía desconocer las operatorias durante los casi dos años que la “cueva” funcionó.
“Brussino, Antonio y Juan Margherit, Campana de Paul, Cuniberti, Reinaudi y Melano conformaban un grupo organizado, lo que les permitió tener una relación de confianza, que derivó en un acuerdo tácito tendiente a realizar diferentes acciones/actividades fuera del marco legal, tales como la compraventa ilegal de moneda extranjera, insumos agropecuarios y presuntas evasiones tributarias, entre otros”, dijo Pinto.
En simultáneo a las maniobras en Marcos Juárez, habrían operado además con la financiera Cocos Capital, Buenos Aires.
Vaciamiento filmado de la “cueva”
A partir del avance de la investigación, el 19 de abril pasado, el juez ordenó múltiples allanamientos tanto en BFA (con la apertura masiva de 326 cajas de seguridad, algo inédito) como en los domicilios de los imputados. Se decomisaron U$S 1.820.900 y $ 1.180.700.
Sin embargo, los procesados fueron alertados sobre los operativos unos ocho días antes, en una gravísima filtración de allegados a la investigación. La Fiscalía fue informada de la situación y dio aviso al juez.
El auditor independiente de BFA y “ponderante” de las empresas de Brussino, Escudero, habría sido el “receptor” de la información sensible de los allanamientos y se la habría transmitido a los empleados de su estudio contable en Río Cuarto: Isla, Freytes y Grasso (todos procesados por encubrimiento).
Aunque no fue el único que recibió el “dato” de que se realizarían los operativos, ya que Melano (empleado de BFA) fue advertido por un tal “Luis”, que le dijo que la Justicia y Afip estaban allanando otra zona. Melano respondió que notificaría a Campana de Paul.
Advertidos, varios imputados habrían hecho desaparecer un importante caudal probatorio. Cuando los efectivos llegaron a BFA no había nada: ni documentación ni computadoras que arrojaran pistas sobre el funcionamiento de la “cueva”. El juez justificó la apertura masiva de las 326 cajas de seguridad ante la imposibilidad de identificar a quiénes pertenecían.
De las 12 cámaras de vigilancia de BFA, sugestivamente solo funcionaba una: la del portero de ingreso. No obstante, gracias a la cámara de un comercio cercano, los investigadores pudieron establecer los movimientos tres días antes de los allanamientos. BFA fue un verdadero “desfile” de personas y cajas de cartón “fugadas”.
Durante 10 frenéticas horas, desde las 7 hasta las 17, Melano y Ferreyra (empleados de BFA) y otras personas no identificadas vaciaron de documentación las oficinas, presuntamente por órdenes de los Margherit y Campana de Paul.
En 12 minutos, “Pichi” ingresó y salió de la financiera en cuatro ocasiones, con una mochila de gran tamaño y un maletín. Melano se llevó tres cajas; otra mujer, una; y Ferreyra, otra. Las imágenes también mostraron cuando Campana de Paul acompañó a un NN a retirar varias cajas y otra mochila.
