Una escucha judicial en Buenos Aires en 2015 fue la punta de la tercera investigación contra una banda de Córdoba dedicada a la falsificación. El singular diálogo entre “Aldo” y “Rolo” sobre dólares falsos desencadenó nuevas líneas investigativas que apuntaron, por tercera vez, contra la “fábrica” de billetes apócrifos descubierta en la Docta.
La prolija y no menos prolífica confección de dólares falsos incluso atrajo, años atrás, la atención del Gobierno de los Estados Unidos. Envió a una comitiva del Departamento de Seguridad Nacional para verificar los billetes “printed in” Córdoba en el marco de la investigación de la entonces fiscal federal N° 3, Graciela López de Filoñuk, y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Experiencia en el “rubro”
Los delincuentes operaron en las sombras durante más de dos años, entre 2013 y 2015, utilizando como base diferentes domicilios en los barrios Pueyrredón y Rosedal, de la Capital provincial.
En 2020, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Sergio Luis “el Gordo” Guzmán (64), Sergio Leonardo “Padre David” Costigliolo, Andrés Abel “Techín” Pérez, Eduardo Víctor “Amigacho” Crapa (68), Víctor Hugo “Pipón” Álvarez, Carlos Walter “Padre Carlos” Vich y Jorge Hugo “Turco” o “Lenteja” Char Pratto.
Esa primera causa emergió en 2013 a partir de un dato clave que un desconocido presentó en la Jefatura de Policía y que abrió un conducto directo hacia la ilegalidad de las maniobras: “Señor comisario, quiero informarle que una persona de apellido Orellano vende billetes falsos en el centro, en la calle Humberto Primero entre San Martín y Rivera Indarte, en la zapatería Pirucho. El celular de Orellano es 153... para que vea que es cierto le dejo un billete de los que vende él. Espero que hagan algo”.
Lo que se conoció después engrosó las sospechas sobre los integrantes de la agrupación y terminó por ponerle nombre a cada uno y precisión a los roles. En los operativos se secuestraron 1,8 millones de pesos falsos y 250 mil dólares apócrifos.
Ese expediente corrió en paralelo con otros dos: uno, radicado en el Juzgado Federal de Campana, Buenos Aires, que filtró las voces de “Aldo” y “Rolo” en una conversación sobre dólares falsos. En esa causa fueron procesados el propio Guzmán, Capra y Char Pratto, Adrián Santos Pilla, su hijo, Fabián David Pilla (40), y Zenón Leopoldo Orellano (79).
La otra causa fue impulsada por el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y terminó en los procesamientos que les dictó el juez Ricardo Bustos Fierro a la mayoría de los imputados (elevados a juicio). Entre ellos, figura Aldo Federico Hartfiel (51), secretario en el Sindicato de Árbitros (Sadra). Quedó involucrado por su presunto rol como uno de los distribuidores de los billetes truchos.
Esta semana, el Tribunal Oral N° 1 (TOF1) le rechazó la suspensión del juicio a prueba (probation) por intentar burdamente engañar al tribunal y al Ministerio Público para obtener el beneficio.
Una voz en el teléfono
El nombre de Hartfiel quedó asociado a los albores de la causa en su contra, cuando el fiscal federal de la ciudad de Campana, Buenos Aires, detectó un dato inquietante en una investigación por estupefacientes. En una de las escuchas, en 2015, advirtió que un NN (“Aldo”) le solicitó dólares falsos a otro NN (“Rolo”).
Pudo establecerse que “Rolo” era Raúl Scheinin y “Aldo”, Hartfiel, el supuesto distribuidor de dinero falso en San Luis. Los investigadores establecieron que “el Gordo” Guzmán se encargaba de la impresión en Córdoba de los billetes apócrifos en colaboración con “Amigacho” Capra.
Guzmán, también conocido como “el imprentero”, es un exartista plástico, con dilatado conocimiento de artes gráficas e impresión.
“Lenteja” Char Pratto –con antecedentes por hurto, robo, encubrimiento y librar cheques sin autorización- y Adrián Pilla habrían comercializado y distribuido los billetes en Río Cuarto y Córdoba, respectivamente.
Pilla no habría actuado solo, sino en estrecha vinculación con su hijo, Fabián Pilla. Así, habrían vendido el material apócrifo a Orellano, quien, a su vez, lo habría distribuido en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba.
La ramificación habría traspasado los límites geográficos a partir del rol de Hartfiel. Afincado en la ciudad de Villa Mercedes, habría emprendido el mismo accionar en San Luis, donde reside con su esposa y sus siete hijos. Hartfiel fue captado en una escucha cuando le consultó a Scheinin si podía obtener 100 dólares apócrifos.
“Yo he visto un azul (billete). He visto un dólar azul (…). Tengo un vago que me lo mostró: es real. Creo que está en Buenos Aires la cueva. Si está en Buenos Aires, valen igual que el resto de los demás: 400, 500 pesos. De eso acá te puedo hacer comprar una ‘torta’ importante”, le dijo.
En otra conversación, Hartfiel quedó expuesto por su supuesto conocimiento del material falso que habría comprado para “intentar hacer un negocio”. De esta forma, habría colocado dinero falso en el mercado. En su casa le encontraron dos cheques de pago diferido en blanco y adulterados.
Una “imprenta”
Entre 2016 y noviembre de 2017, Guzmán y Crapa habrían falsificado 209.500 pesos y 1.300 dólares que fueron secuestrados tras una serie de allanamientos en dos casas, un local y un domicilio lindero al de Adrián Pilla (arrojó el dinero apócrifo a la casa del vecino, antes de fugarse).
Solo a Guzmán le encontraron 230 billetes falsos de 500 pesos y 407 de 200 pesos en su casa. Había montado un “taller de imprenta” falso con cinco impresoras, una notebook, resmas con diferente gramaje y una guillotina.
No fue la única “imprenta”: al allanar la casa de “Amigacho”, incautaron un revólver, varias impresoras, una notebook, un posnet, 283 tarjetas con banda magnética y hasta 359 fotos carnet de varias personas. Habría sido el encargado de adquirir los equipos e insumos para el desarrollo de la actividad ilícita.
No sólo habrían falsificado dinero sino también tarjetas de crédito y/o débito. Las escuchas eran reiteradas sobre distintos pedidos y negocios, utilizando en ocasiones, un lenguaje encubierto para disimular las alusiones al dinero falso, según la acusación.
Senestrari elevó a juicio la causa en agosto pasado, al considerar que “todos los billetes secuestrados resultaron ser apócrifos”, por lo que, desde su óptica, quedó “probado que todos los imputados obraron a sabiendas de que la moneda que entregaban era falsa y por lo tanto tenían plena voluntad de querer hacerlo”.
De los imputados, Costigliolo fue sobreseído (había sido condenado en 2020, en la causa anterior). Tras permanecer prófugo, Adrián Pilla fue detenido en marzo, mientras que Char Pratto fue sobreseído meses atrás por fallecimiento (por coronavirus, en 2020).
“No” a la probation
La última novedad se produjo esta semana cuando el TOF1 rechazó el pedido de Hartfiel. Ofreció abonar 10 mil pesos y realizar tareas comunitarias en la Asociación Escuela de Árbitros Deportivos de San Luis, con la anuencia de la presidenta de la entidad, Marcela Soledad Tirone.
Sin embargo, el tribunal comprobó que Tirone es su esposa y que el domicilio de esa asociación coincide con el de la casa de Hartfiel. El fiscal general Maximiliano Hairabedian consideró inadmisible que fuera la propia esposa la encargada de controlar y verificar su cumplimiento de las tareas comunitarias.
La defensa de Hartfiel ofreció cambiar el lugar de cumplimiento de los trabajos por el de una iglesia, pero tampoco encontró acogida del tribunal.
El fiscal coadyuvante, Maximiliano Aramayo Sánchez, se opuso a la concesión de la probation, entre otros aspectos por considerar que no había sido sobreseído en una causa de 2006, en la que había sido condenado a dos años y seis meses de prisión por coacción en Buenos Aires.
Aramayo consideró que Hartfiel intentó engañar a la Fiscalía y al tribunal al ofrecer realizar trabajos comunitarios en un ente presidido por su esposa y ubicado en su casa, lo que tornaba imposible el control.
El juez del TOF1, Jaime Díaz Gavier, le negó la probation por su “actitud desleal”. Le enrostró haber mencionado que era albañil y luego instructor de árbitros y mecánico, y le cuestionó haber informado que había sido sobreseído por coacción, “cuando la verdad de los hechos confirmaron la existencia de una condena, pese a haberse declarado en 2006 la prescripción”.
Coincidió con Aramayo en su actitud engañosa al ofrecer realizar tareas bajo la supervisión de su esposa. “Optó por incurrir en una posición engañosa, en desmedro de la oportunidad de acceder al beneficio que la ley prevé y que –eventualmente- podría haberse traducido en la extinción de la acción penal que pesa en su contra”, lo criticó el tribunal.
