Cuando cayeron los allanamientos en más de una decena de puntos del Gran Córdoba y se conoció la detención del comisario general Alejandro Eduardo Mercado, (ex)subjefe de Policía de la Provincia, muchos pensaron que Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, ahora iba a “descabezar” la cúpula de otra fuerza de seguridad.
Luego de barrer con las máximas autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en la segunda mitad de 2023, se presumió en los primeros días de esta semana que ahora le tocaba a la Policía quedarse acéfala, ante la detención de sus principales figuras. Esto se mantiene alejado de la realidad.
El año pasado, el fiscal de Distrito 1, Turno 2 de Córdoba, Guillermo González, también detuvo a Gustavo Folli, quien antes había sido subjefe. Pero es la primera vez que se detiene a un alto jefe de la Policía de Córdoba en ejercicio.
El actual jefe, comisario general Leonardo Gutiérrez, y los otros altos mandos están al tanto de los movimientos de Gavier y no figuran en la mira de una investigación “específica” que se refiere a las actividades de una “cueva” que, según las actuaciones, tutelaba o comandaba el comisario inspector Cristian Cabrera, quien tenía el cargo estratégico de jefe de las Brigadas Civiles que efectuaban todos los procedimientos en un área interesante de la ciudad.
Cabrera era el “pollo” o el protegido de Mercado y la investigación considera que el alto jefe no estaba ajeno al presunto accionar de su inmediato subordinado en relación con la “cueva” ubicada en la galería Espacial, en la primera cuadra de avenida Emilio Olmos, en pleno centro de la Capital provincial. La banda tenía una “sucursal” en la galería Norte, muy cerca de allí.
La actividad de esta cueva se centraba en tres “negocios”: la compraventa de moneda extranjera y algunas operaciones de préstamo de dinero, la colocación de celulares presuntamente robados y la comercialización de neumáticos de automóviles, también de aparente origen espurio.
Según la investigación, allí se posicionaba como “gerente” el presunto líder de la asociación ilícita, Roberto Adrián Monge, quien junto con sus hijos –sindicados como miembros de la asociación ilícita– Roger, Maciel y Fiorella Monge, realizaba las operaciones en los diferentes rubros.
A su vez, a Cabrera –también se lo considera miembro de la asociación ilícita– se le endilgan otras dos actividades paralelas a las de la “financiera” del Centro de la ciudad.
Por un lado, está señalado como coautor, junto con el empleado judicial Juan José Corzo, de hacer denuncias falsas de robo de cubiertas de auto, con perjuicio a las compañías aseguradoras ante la falsificación de denuncias. En concreto, en la Unidad Judicial 12 (barrio Patricios), donde hasta el año pasado se desempeñaba Corzo, ambos tomaron una denuncia de un particular sobre el falso robo de una cubierta de auto, según lo investigado. Por esto, a Corzo y a Cabrera se les reprochan los delitos de falsedad ideológica y falsa denuncia. En concreto, habrían “fabricado” un expediente judicial falso para engañar a una compañía aseguradora.
Siempre de acuerdo a la actuación judicial, la tercera “pyme” de Cabrera sería en sociedad con una policía, la subcomisaria Verónica Aguilar, con quien también poseía una “cueva” donde se explotaba en esa zona la compraventa de monedad extranjera. La uniformada también es considerada miembro de la asociación ilícita.
No se descarta que esta actividad haya tenido ramificaciones en puntos de Sierras Chicas, como una suerte de continuación de la financiera Zoe Azul, que el fiscal Gavier sigue investigando con el montaje de una central de préstamos piramidales en la misma Jefatura de Policía.
El origen de la investigación
Ya se informó que esta derivación inesperada de la investigación se inició a partir de lo que se suponía era un filón de la instrucción de Gavier en relación con la introducción de los teléfonos en las cárceles.
Todo comenzó cuando, en noviembre de 2023, se escuchó la condena a V. F., un hombre al que le allanaron su casa por un celular y se encontraron con cajas completas de estos dispositivos. Llevado a juicio, terminó señalando al comisario Cabrera como un habitué en la “cueva” de los Monge. V. F. confesó y brindó datos clave para comprometer a otras personas.
La remisión de antecedentes del tribunal de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba se realizó con la presunción de que serviría a Gavier para su investigación por la introducción de celulares en los presidios.
Sin embargo, se comprobó que el conjunto de esos aparatos tenían relación con la “cueva” en la que, al parecer, se movía también Cabrera, quien terminó allanado en febrero pasado.
Gavier comentó ayer que estos aparatos son sustraídos en festivales musicales, en fiestas y en la vía pública, y que en esa “cueva” se intentaba reintroducirlos al circuito comercial.
El papel de Mercado
La investigación “recién empieza”, repiten en la fiscalía de Gavier, y puede determinar mayores responsabilidades y hechos ilícitos a quienes se encuentran involucrados. Por ahora, a Mercado se le asigna “encubrimiento agravado”, por ser funcionario de una fuerza de seguridad y tener, por lo tanto, la obligación de denunciar determinados hechos ”que conocía acabadamente sobre la actividad que desarrollaba la banda con Cabrera”, según comentó este viernes una fuente de la investigación.
“Por ahora, le atribuimos esto, pero pueden producirse nuevos elementos de prueba que quizá cambien la imputación”, sostuvo el vocero en relación con Mercado.
De acuerdo con lo investigado, Cabrera, junto con el padre de los Monge, era el eje de los movimientos de la organización ilícita, y Mercado era el superior jerárquico inmediato del comisario inspector que tutelaba la “cueva”. “Lo hacía con la venia de Mercado y Mercado era su superior”, comentó ayer Gavier a la prensa.
Sobre la prueba en contra del subjefe de Policía, se indicó que es sólida, abundante y que se está profundizando. Se habla de prueba documental y testimonial.
Lo que se habla de modo categórico desde la investigación es que quien fue jefe de Inteligencia Criminal y llegó a subjefe de la Policía de la Provincia hacía al menos la “vista gorda” ante las actividades presuntamente delictivas de un subordinado al que contaba entre sus preferidos. Y hay que ver si la evidencia lleva a que tenía alguna otra participación.
