En la trama de la concesionaria del “Sr. Javier Cañete”, el falso nombre que Eugenio Andrés Cavas (42) habría utilizado en Villa Carlos Paz para blanquear millones de pesos del narcotráfico, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los procesamientos del abogado Darío Jesús Diale (38) y del supuesto financista y “cliente” Ramón Eduardo Barrionuevo (38) por presunto lavado de dinero.
La novedad vino a sumar el segundo revés para ambos en siete meses, luego de que el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, los procesara en abril junto con Cavas, su mano “derecha”, Fernando Jorge Peralta (52); los supuestos testaferros, Gastón Ignacio Quevedo (30) y Enrique Adalberto Struck (67); Mariela Rosa Couly (42), y el chofer Mario Alberto Medina (43).
La Sala B de la Cámara, integrada por Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, asimismo, declaró mal concedidas las apelaciones de Medina, Peralta, Quevedo, y tuvo por desistido tácitamente el recurso de Couly.
Cavas ya había sido procesado, también, por narcotráfico cuando el descubrimiento fortuito de 294 kilos de marihuana en Villa Páez le dio un impulso determinante a la causa que disparó múltiples allanamientos.
“El Sr. Cañete” y los negocios
“Cañete” (Cavas) habría invertido las ganancias del narcotráfico para montar la concesionaria QS Automotores, dirigida en las sombras por él para blanquear fondos propios y del matrimonio Barrionuevo–Couly.
Cavas habría lavado dinero durante unos 10 meses, según se desprende de la investigación del fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian. Habría comprado numerosos inmuebles y vehículos con dinero proveniente del tráfico ilegal y mediante prestanombres, para encubrir su origen y su dominio sobre ellos.
En sus roles, Quevedo y Struck habrían fungido como prestanombres titulares de la concesionaria para dificultar su vinculación con Cavas con conocimiento de sus actividades ilegales, o al menos de su imposibilidad para justificar el origen de los fondos utilizados para montar la concesionaria.
Por su parte, en mayo de 2021, Cavas habría comprado la verdulería El Loco, a unas 13 cuadras de QS. Pero no habría perseguido su utilización como “pantalla” para blanquear dinero por lo escaso del rubro, sino más bien como excusa para trasladar verduras y frutas desde Córdoba hasta Carlos Paz en un Ford 350 con espacio para la carga de drogas en medio de las restricciones de circulación en ese tiempo.
No obstante, no se concretó tal traslado de estupefacientes a bordo del camión conducido por Medina. Al igual que Quevedo y Struck, Medina habría prestado su nombre para figurar como el dueño.
Ante la Afip, Cavas señaló que se dedicaba al lavado de vehículos, pero al declarar manifestó que trabajaba de compraventa de autos, con ingresos de unos $ 100 mil.
Sin embargo, Bustos Fierro consideró injustificada la adquisición de los millonarios bienes. “En cambio, sí se acreditó (…) la actividad ilícita desplegada por este y los ingresos que genera el tráfico de estupefacientes”, remarcó.
Las sospechas sobre el abogado
La concesionaria no habría sido la única que participó de alguna forma en la mecánica “lavadora”. A través del estudio financiado, según se cree, por Cavas, el abogado Diale habría instrumentado jurídica y contablemente la documentación ineludible para que el “empresario” pudiera coordinar el funcionamiento de ambos negocios.
En ese sentido, la Cámara avaló el procesamiento de Diale –quien dijo que había conocido a Cavas en un gimnasio– como supuesto partícipe secundario en el lavado. Cavas habría financiado el funcionamiento del estudio en calle Prager 55, cuyo alquiler por 12 meses el “empresario” pagó por adelantado.
Diale negó haber realizado operaciones comerciales, asesoramiento contable o actividad ilícita. La defensa apeló el procesamiento y sostuvo que no tuvo ningún indicio que le hiciera dudar que estaba frente a un supuesto entramado comercial utilizado como “pantalla” para el lavado. En esa línea, señaló no se demostró su participación secundaria en las maniobras, por lo que pidió su sobreseimiento o falta de mérito.
No obstante, la camarista Navarro subrayó que ciertas comunicaciones en la causa colocaron un manto de sospecha sobre el papel del abogado. Los diálogos entre Cavas y el chofer Medina habrían develado la posible implicación del letrado en las maniobras. “Con la verdulería ¿cuándo nos entregan la llave?”, le preguntó Medina a Cavas.
“Darío, el abogado, está manejando todo lo que es habilitación, cambio de titularidad, contrato nuevo, firma, tu nombre en la cabeza, ¿me entendés? Armarte todo, digamos… una empresa…; todo como corresponde, o sea todo, todo… para que no haya ningún problema”, le respondió.
“Así que si tenés miedo –le enfatizó–, decime ahora y cambio de titularidad; no tengo drama. Porque parece que tenés miedo… Lo que no quiero es que haya errores. Igual, manejate con Darío, que él te va a poner al tanto de todo”.
En otra conversación, Cavas le mencionó a una mujer: “Mi abogado que puse en el estudio todo lo que yo le pida hace”. Las suspicacias sobre el rol de Diale quedaron flotando en un diálogo entre la “mano derecha” de Cavas, Peralta, y el presunto testaferro del mismo “Sr. Cañete”, Struck.
“Está vacío el estudio ese medio raro”, le dijo Peralta a Struck: “Sí, tiene un par de escritorios y nada más. Ahí es el punto de reunión ahora”, le contestó.
En el estudio se secuestró documentación vinculada a los “negocios” de “Cañete”: un contrato de locación del inmueble en el que funcionaba la verdulería y un convenio de transferencia de fondo de comercio; recibos y un documento “Rendición de Dinero a Javier 9.6.2021″, rotulado “Dinero Entregado: $ 800.000″, además de los gastos de la concesionaria y la verdulería.
Pero la sorpresa llegó cuando en el mismo estudio se encontró un informe de estado de dominio del “narcocamión” de los 294 kilos de marihuana.
Bustos Fierro consideró probado que Cavas habría obtenido fondos del narcotráfico, que luego habría introducido al circuito económico legal mediante la utilización de QS, la verdulería y la adquisición de muebles e inmuebles. En la actividad habrían intervenido, además Diale, Quevedo, Struck, Peralta y Medina.
“Resulta poco creíble que, dada su condición de profesional del derecho, (a Diale) no llamara cuanto menos su atención, a partir de una relación entablada en un gimnasio –reciente, según sus dichos– la naturaleza de la propuesta hecha por ‘Cañete’ –Cavas–, consistente en la gestión de trámites de automotores y luego la habilitación de una concesionaria de autos de alta gama de la mano del ofrecimiento de una oficina para que funcionara el estudio jurídico, financiado, en definitiva, por aquel”, resaltó Navarro.
“Tampoco es verosímil, y considerando, reitero, su calidad de abogado, que nada dudara en torno al origen de los fondos con que se habría de adquirir la verdulería, en tanto la operatoria se habría instrumentado de modo tal que ‘Cañete’ no aparecía como titular de la explotación comercial”, advirtió.
“Si bien de lo actuado hasta el presente no surge que Diale haya tenido participación o relación con tráfico de estupefacientes, lo cierto es que tal circunstancia no es exigencia del tipo penal en examen (lavado)”, recordó. Puntualizó que más allá de que no se puede aseverar, hasta ahora, que conocía el origen de los fondos (restan realizarse peritajes), la jueza consideró que “al menos habría colaborado” con el lavado como partícipe secundario.
¿Y Barrionuevo?
Barrionuevo–Couly habrían coordinado y financiado la compraventa de drogas que les habría provisto Cavas, como también su transporte y distribución para la comercialización en Catamarca, con el aporte del “empleado” de Barrionuevo, Tomás Sarmiento.
A la pareja les secuestraron $ 918 mil, U$S 1.350, una Amarok (de casi $ 7 millones), un Peugeot Feline (de entre $ 3,2 y $ 3,5 millones), un cuatriciclo (entre U$S 9.500 y U$S 14.900); un contrato por la compra de un inmueble millonario, un terreno por $ 700 mil, una parcela por U$S 80 mil y recibos por U$S 22.500.
A pesar de todos los bienes, no registran actividad económica declarada, solo ingresos mensuales por $ 110 mil (entre ambos). Couly, a su vez, registra un Fiat Cronos. Para el juez, los fondos habrían emergido del narcotráfico.
La defensa apeló y sostuvo que ninguna prueba acredita su implicación con la venta de drogas y las ganancias por eso.
Por el contrario, sostuvo Navarro, Barrionuevo “aparece directamente vinculado a conductas del tráfico de estupefacientes y el producido de dicha actividad habría sido volcado al circuito económico legal en la forma descripta, dotándolo de apariencia de licitud”.
